Las represalias contra los denunciantes de corrupción se sancionarán con hasta un millón de euros

España sancionará con hasta un millón de euros a las administraciones o las empresas que tomen represalias contra los denunciantes de corrupción. Esta es una de las novedades que incluye el anteproyecto de la ley para proteger a los filtradores que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros, según ha avanzado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. La norma deriva de la directiva europea de filtradores (whistleblowers, en inglés), por la que se obliga a toda la Administración pública y a las empresas de más de 50 trabajadores a tener canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para que cualquier ciudadano pueda informar sobre posibles infracciones sin temor a represalias.

La conocida como directiva whistleblower (en referencia al término anglosajón que alude “al que hace sonar el silbato”) alude a quienes denuncian irregularidades en su ámbito laboral. El objetivo de la norma europea es impulsar iniciativas de denuncias como las de Edward Snowden, el consultor que reveló el alcance de las interceptaciones de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, o de José Luis Peñas, el exconcejal del PP que hizo estallar el caso Gürtel con sus informaciones. El informante será protegido en todo momento, para evitar que, como a menudo ocurre en estos casos, tenga que abandonar su vida anterior o perder el trabajo.

La directiva comunitaria tenía que haber estado traspuesta antes del pasado 17 de diciembre, pero la ley española (como la de otros 23 Estados miembros) se ha retrasado, lo que ha llevado a Bruselas a expedientar a los incumplidores aunque el Gobierno de Pedro Sánchez confía en tener lista la ley a tiempo de evitar una sanción. La norma europea obliga a las empresas de más de 50 trabajadores y las Administraciones públicas a disponer de un canal de denuncia interno y seguro para facilitar las denuncias, pero deja en manos de cada país decisiones como si las denuncias solo se podrán presentar por canales internos o si existen también vías externas. Finalmente, el Gobierno ha optado por que exista una autoridad independiente que gestionará un canal externo de denuncias, aunque los canales internos, en las organizaciones en las que existan, serán “la vía preferente”, ha señalado Llop.

El objetivo principal de la directiva es proteger a quienes denuncien prácticas corruptas, fraudes o cualquier vulneración de leyes nacionales o europeas mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos, pero no pretende “sustituir” las vías de denuncia habituales, ha asegurado Llop. Los receptores de la denuncia estarán obligados a remitirla a la Fiscalía si hay indicios de prácticas delictivas y esas vulneraciones se dirimirán en los tribunales. La nueva norma no sanciona las infracciones, sino las posibles represalias contra el denunciante, para lo que se prevén multas de hasta un millón de euros.

La ley contemplará también la posibilidad de presentar denuncias anónimas, pero se habilitará un sistema para poder confirmar la identidad del denunciante. En el sector público, la directiva europea daba margen a cada Estado para que decidiera si la obligación de disponer de un canal interno se limita a las instituciones más grandes. En España, tendrán que tenerlo las administraciones públicas (estatales, autonómicas, provinciales, locales...), las universidades, las sociedades y fundaciones, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales, entre otros.

Los municipios menores de 10.000 habitantes podrán compartir medios para recibir informaciones con otros ayuntamientos que no superen esos 10.000 habitantes o con entidades supramunicipales de la misma comunidad autónoma, aunque cada corporación local tenga su propio responsable del sistema interno de información, según ha informado el Ministerio de Justicia.

También estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.