La cúpula del Supremo exige a la ministra de Justicia medidas urgentes para garantizar su funcionamiento

La plana mayor del Tribunal Supremo ha exigido este martes a la ministra de Justicia, Pilar Llop, la adopción de medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal, diezmado por la imposibilidad de nombrar nuevos magistrados mientras no se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también, según la cúpula del Supremo, por necesidades que se arrastran desde hace años y ahora agravan la situación. La petición se ha producido durante una reunión de la ministra con la Sala de Gobierno del alto tribunal de la que ninguna de las dos partes ha salido del todo satisfecha. Entre los magistrados presentes el encuentro hay cierta “decepción” porque Justicia no se ha comprometido a responder a todas sus demandas, mientras que los responsables del Ministerio reprochan al alto tribunal que “mezcle” necesidades estructurales con problemas coyunturales derivados del bloqueo del CGPJ. “No puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad”, subrayó Llop durante el encuentro, según las fuentes consultadas.

En la reunión, celebrada en la sede del alto tribunal, se sentaron cara a cara la cúpula del Ministerio de Justicia (Llop estuvo acompañada por el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez Hernández; y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo) y la del más alto órgano jurisdiccional de país, representad en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (formada por su presidente, Carlos Lesmes, los presidentes de las cinco salas jurisdiccionales, los cinco magistrados miembros de esta sala por elección de sus compañeros, y el secretario de gobierno y el director del gabinete técnico del Supremo).

Encuentro tenso

El encuentro, según las fuentes consultadas, ha sido tenso. El Supremo llegaba con una lista de demandas que considera “urgentes” para poder seguir funcionando con cierta normalidad ante una situación que varios de los presidentes de sala calificaron de “insostenible”. Parte de los problemas del tribunal surgen de la imposibilidad de nombrar nuevos magistrados debido a la reforma legal aprobada hace un año que impide al CGPJ designar cargos discrecionales cuando, como ahora, esté con el mandato caducado (el actual venció en diciembre de 2018). Esta situación ha dejado ya 12 vacantes en el alto tribunal y entre marzo y abril, cuando se jubilaran otros dos jueces de la Sala de lo Contencioso-administrativo, serán 14. Si el Consejo no se renueva antes de octubre, las bajas ascenderán a 16, lo que supone el 20% de la plantilla de magistrados del Supremo.

Pero los jueces han expuesto ante Llop que las carencias del alto tribunal no son nuevas ni se van a arreglar de golpe cuando se puedan cubrir las vacantes, sino que algunas se arrastran desde hace años y ahora se han visto agravadas por el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces y por el aumento de la litigiosidad. Durante la reunión tomaron la palabra los presidentes de cada una de las salas para exponer su situación y concretar sus demandas, que van desde el incremento del número de letrados del gabinete técnico y a reformas legislativas que reduzcan el número de asuntos que llegan al alto tribunal o simplifiquen su resolución.

La situación más precaria la tienen las sala tercera (Contencioso-administrativo) y Cuarta (Social). La primera de ellas tiene ya seis vacantes, que se incrementarán a ocho con la próxima jubilación de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. El presidente de la sala, César Tolosa, ya ha implantado medidas extraordinarias como la redistribución interna de los magistrados para que todas las secciones cuenten con el mínimo legal de cinco para constituirse, pero este martes reclamó a la ministra refuerzos de personal para hacer frente a la litigiosidad “masiva” que se prevé por los recursos que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado de las medidas para hacer frente a la pandemia, como el cierre de comercios o la reducción de horarios. La sala Cuarta, por su parte, tiene actualmente tres vacantes, pero a finales de año se añadirán otras dos jubilaciones, incluida la de la presidenta, María Luisa Segoviano. Si el CGP no se renueva antes, la plantilla de la sala se quedará con solo ocho magistrados -de un total de 13-, por lo que ya no podrían constituirse las dos secciones en las que habitualmente se divide para deliberar y resolver los asuntos, lo que implicaría una “drástica reducción” del número de sentencias y el consiguiente incremento de los asuntos pendientes de resolver, según ha expuesto Segoviano durante la reunión con Llop. También tienen vacantes la Sala Primera (Civil, una plaza de 10) y la Quinta (Militar, dos de ocho) y ambos presidentes han reclamado que se refuercen con letrados para el gabinete técnico. La única sala con todas sus plazas cubiertas es la Segunda (Penal), pero su presidente, Manuel Marchena, ha advertido del problema que genera la alta tasa de interinidad de su plantilla de funcionarios, que alcanza el 59%, por lo que ha pedido medidas que “motiven” la permanencia e incentivos económicos similares a los que disfrutan en otros órganos judiciales como la Audiencia Nacional o los que dependen de la Comunidad de Madrid.

La ministra ha escuchado las reclamaciones, pero ha pedido a Lesmes un informe en el que separe las necesidades que derivan del bloqueo del CGPJ de las producidas por el incremento de procedimientos. El ministerio, según ha explicado Llop, se compromete a atender estas últimas, pero no a resolver la situación generada por la falta de renovación del Consejo, de la que ha responsabilizado al PP. La ministra ha reivindicado algunas medidas adoptadas ya para el alto tribunal, como la prórroga del refuerzo de 12 de letrados del gabinete técnico o la subida salarial de los funcionarios del Supremo para equiparar sus retribuciones a la media de salarios de los funcionarios de Justicia de las comunidades con las competencias transferidas, una “demanda histórica paralizada más de 10 años”, ha explicado Llop.