El juez impone 4.460 millones de euros en fianzas a la trama de Gao Ping

El magistrado José Luis Calama, que ha dirigido las pesquisas en la Audiencia Nacional contra la presunta red de fraude fiscal y blanqueo liderada por el empresario de origen chino Gao Ping, usa dos palabras para definir al enorme grupo de implicados: “Macroorganización criminal”. De esta forma, y al igual que han repetido los investigadores desde un principio, el juez deja clara la gran dimensión de esta trama internacional, a la que se ha enviado esta semana al banquillo. Una magnitud que queda evidenciada también en las fianzas impuestas a los 102 acusados, que suman más de 4.460 millones de euros.

Según consta en el auto de apertura de juicio oral, dictado el pasado miércoles, Calama concede 10 días a los señalados para que depositen las cantidades millonarias que se le han impuesto, con el objetivo de cubrir así “las responsabilidades pecuniarias —multas y costes— que puedan declararse pertinentes” en la futura sentencia. Para 59 personas se decretan fianzas de más de 60 millones. Un importe que se dispara en el caso de los cabecillas. Así, para Ping, de 58 años y líder indiscutible de la trama, se establece una cantidad de 103 millones. La misma se fija para su mujer, Linzhen Yang; y para Weizhen Yang, otro de los integrantes de su “cúpula directiva”. Y 111 millones, la cifra más alta, para Jianjun Zhou, alias Alfredo, “encargado de coordinar las operaciones de blanqueo en España”. Para el actor porno Ignacio Jordá, Nacho Vidal, también implicado, es de 66 millones.

La comparación de estos datos con otras causas de enorme repercusión demuestra también la enorme dimensión de la presunta red tejida por Ping, según recogen los respectivos autos de apertura de juicio oral. Por ejemplo, en la pieza del caso Gürtel centrada en la evasión fiscal y el blanqueo, se ha enviado al banquillo a 26 personas con unas fianzas totales por valor de 199 millones de euros —a Francisco Correa, cerebro de la trama corrupta, se le impuso un depósito de 33 millones—. El caso Rato se saldó con 16 personas acusadas y fianzas por 209 millones —para Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno, se fijó una de 65 millones—. Y en el caso Pujol, con 25 personas camino de la vista oral, se decretaron 7,9 millones de fianzas —7,5 millones fueron para Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol—.

Contabilidad en b. Ping es un empresario chino afincado en España desde 1989 y que, durante años, se presentó en público como promotor de arte y coleccionista privado. Llegó a abrir en 2010 la galería madrileña Gao Magee y, antes de su arresto en 2012, él mismo solía destacar su “gran interés por la cultura, el arte, las publicaciones, los deportes y demás asuntos filantrópicos”. Una cara que, en opinión de los investigadores, no era más que una tapadera.

El juez destaca que Ping lideraba realmente una trama internacional, “compuesta fundamentalmente por ciudadanos originarios de China”, que se dedicaban a la importación a España a “gran escala” —unos mil contenedores anuales— de artículos de bazar fabricados en el país asiático. Una actividad que se sostenía sobre una maraña de “sociedades instrumentales perfectamente organizadas”, que llevaban dos contabilidades paralelas (“una oficial y otra en b”) con el “único y común propósito de eludir el pago de los correspondientes impuestos a la Hacienda Pública española”.

Correos humanos. “Este fraude fiscal se llevaba a efecto mediante un doble engaño en la declaración de la mercancía ante las autoridades aduaneras de nuestro país. Por un lado, declaraban un número menor al real de artículos. Y, por otro, declaraban otro tipo de productos distintos de los veraces, gravados con una fiscalidad inferior”, detalló Calama en una de sus resoluciones. De esta forma, la venta posterior de los productos les generaba “inconmensurables cantidades en metálico”, que guardaban en sus oficinas y que acababan sacando de España a través de “intermediarios” con cuentas en paraísos fiscales, o incluso mediante correos humanos que ocultaban los billetes entre la ropa y maletas.

“Con ocasión de unos registros en octubre de 2012, se intervino una cantidad de ocho millones de euros”, recuerda la Fiscalía, que apunta que ese dinero se reinvertía después en otras actividades ilícitas, como “préstamos entre miembros de la comunidad china a unos intereses altísimos, con la devolución garantizada por medio de la intimidación”.

“Obediencia absoluta”. La Fiscalía subraya la importancia de los “lazos de sangre y el parentesco político” dentro de la organización. Ping era el “máximo líder”, pero también tiraba de su familia, según coincide la Policía, el juez y el ministerio público, que pide para él una condena de 47 años y tres meses de cárcel, y una multa 77,52 millones de euros. El empresario no solo “controlaba y dirigía las diversas sociedades mercantiles”, al frente de las cuales colocaba presuntamente a testaferros, sino que “imponía su jerarquía” sin dudar, fijaba “las líneas generales a seguir”, “nombraba a todas las personas con cargos relevantes” y “exigía que le mantuvieran puntualmente informado”. A él se le “profesaba una obediencia absoluta”, según el instructor.

Según el sumario, la mujer de Ping se dedicaba a tareas como la contabilidad y pagos de clientes; y el empresario recurría a su padre y hermana para “controlar el dinero a su llegada a China”.