Podemos y los socios presionan para acelerar más reformas fiscales y sociales

El Gobierno de coalición del PSOE, Unidas Podemos y sus socios en el Congreso han tomado buena nota de lo que pasó para aprobar por la mínima y casi de rebote la nueva reforma laboral y también de los resultados negativos para sus intereses en las elecciones de Castilla y León del 13-F. Y ahora pretenden impulsar reformas legislativas y propuestas emblemáticas tras la reanudación de la actividad parlamentaria.

En ese paquete de acciones para demostrar la vertiente social del Ejecutivo están desde la proposición sobre fiscalidad de Unidas Podemos (rechazada la noche de este martes sin embargo por el PSOE en el Pleno a la espera de las conclusiones de una comisión de expertos encargada el Ministerio), el inicio del trámite parlamentario de la primera ley de vivienda que establece medidas para limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas o cómo investigar los abusos sexuales en la iglesia a través de una comisión independiente dirigida por el Defensor del Pueblo.

El PSOE continúa considerando “inoportuna” por ahora la proposición no de ley de Unidas Podemos que se debatió este martes, en línea con lo avanzado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Votó en contra. Montero, el Gobierno y el PSOE quieren esperar a conocer este mes las conclusiones de la comisión de expertos independientes. Creen, además, que las pretensiones recaudatorias de Unidas Podemos son inviables. Vox las llegó a tildar de “genocidio fiscal” y el PP de “atraco e infierno fiscal”.

El texto de Unidas Podemos perseguía instar al Gobierno del que forman parte a reforzar la progresividad del IRPF, al legislar nuevos tramos con mayores tipos para rentas superiores a los 120.000 euros; sustituir el impuesto sobre el patrimonio por otro sobre las grandes fortunas con un mínimo exento de un millón de euros; modificar el impuesto de Sociedades para que las pymes paguen “un poco menos” y las grandes corporaciones hasta un mínimo efectivo del 15 % sobre el beneficio; y establecer un incremento de 10 puntos a las eléctricas con un volumen de facturación superior a los 10.000 millones.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, valoró el futuro informe de los expertos como una aportación más a un debate político e instó a los socialistas a ser “más valientes” para corregir un sistema que tachó de “obsceno e injusto” y diseñado para beneficiar a los ricos. Y citó entre murmullos de la derecha al empresario Amancio Ortega. El PSOE replicó: “No se equivoquen, el enemigo es el odio y Vox”. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, uno de los socios principales del Gobierno, precisó que están por la labor de estas ideas, pero matizó que siempre que no invadan competencias autonómicas, aunque criticó “los chiringuitos” tributarios de la Comunidad de Madrid. La propuesta de Podemos contó con el apoyo de otros socios habituales, como Más País, BNG o EH Bildu, y hasta de la CUP, pero no con el de PP, Vox, y Ciudadanos, ni tampoco del PSOE, el PDeCAT, Junts per Catalunya ni PNV. Muchos de esos partidos reprobaron a Podemos que actuase como si no estuviera ya dentro del Ejecutivo. Otros, que lleguen tarde.

Joan Baldoví, de Compromís, aprovechó el contexto político para remachar que los grupos de la mayoría progresista de la investidura tienen “legitimidad” para acelerar estas mejoras; volvió a advertir que el PSOE muestra “demasiada prudencia y tibieza” y argumentó que los que legislan no son los expertos sino los diputados. Una tesis que ya esgrimieron varios aliados cuando el PSOE se escoró hacia el centro derecha, con Ciudadanos y UPN, para salvar la reforma laboral.

Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, usó ese argumento de la importancia del Parlamento para defender las aportaciones que se deben realizar ahora a la nueva ley de Vivienda, que ayer inició su recorrido parlamentario al admitir a trámite el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros y que intentarán “mejorar” con enmiendas antes de llegar al pleno.

PSOE y Unidas Podemos admitieron que están en negociaciones internas y con sus socios para llevar adelante con acuerdos y cesiones todas esas iniciativas. Y en esa línea este martes optaron por aplazar una o dos semanas más la ratificación por la Mesa de la proposición del PSOE para constituir una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la iglesia a la espera de cuadrar las peticiones de varios partidos de abrir públicamente algunas de las comparecencias y con el acuerdo de los afectados. Eso sí, siempre en el seno de la institución del Defensor del Pueblo y si es posible con la participación de la propia Iglesia.