Una comisión obligada

La gravedad de los hechos justifica la excepcionalidad de la medida. La propuesta de crear una comisión de expertos independientes para investigar las denuncias de abusos sexuales cometidos contra niños y adolescentes en la Iglesia ha sido finalmente la opción escogida por el Gobierno para afrontar el problema. La iniciativa que registrará el PSOE esta semana en el Congreso (y que deberá ser votada por la Cámara) cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que sea el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el encargado de impulsar y liderar la comisión que escuche a las víctimas, investigue los casos y termine con la opacidad que ha mantenido la jerarquía católica ante un asunto dramático. Según la propuesta, la comisión estará constituida por expertos, fiscales, psicólogos, profesionales especializados, representantes de administraciones públicas, de las mismas asociaciones de víctimas y la Iglesia, si acepta participar. La comisión llega más de tres años después de que EL PAÍS comenzara a realizar y publicar la mayor investigación llevada a cabo sobre este asunto en España. En diciembre el periódico entregó al Papa un documentado informe con 251 casos inéditos. Hoy son ya 150 más las denuncias que están siendo investigadas por este medio, aunque las estimaciones que manejan los expertos elevan la cifra de víctimas posibles a los 200.000 casos.

Ni las órdenes del papa Francisco ni el ejemplo dado por las conferencias episcopales de países como Estados Unidos, Francia o Alemania habían conseguido movilizar hasta ahora a la Conferencia Episcopal Española, que ha oscilado entre el silencio, las excusas sobre sus competencias, las vagas promesas y los atrevidos intentos de desprestigio de la investigación de este periódico. Finalmente, son los poderes públicos los que asumen el reto y España se incorpora al camino emprendido por otros países para esclarecer un gravísimo problema que durante años escapó a la atención pública. El modelo de comisión propuesto, por otra parte, elude los riesgos inherentes al formato que defendieron esta misma semana Unidas Podemos, ERC y Bildu: una comisión de investigación parlamentaria expondría al escrutinio político la intimidad de las víctimas con el riesgo de someterlos a una segunda victimización.

También es particularmente idónea la figura de Ángel Gabilondo, probadamente templada y ecuánime, para asumir este encargo. En un contexto de enconamiento partidista crónico, su cargo como Defensor del Pueblo fue ratificado en el Congreso el pasado noviembre con números extraordinarios: 240 votos a favor, 6 blancos, 3 nulos y ninguno en contra. También su perfil público permite confiar en la necesaria discreción de una investigación a la que puede dañar cualquier tentación de juego sucio político o intento de instrumentalizar sus trabajos: no es una comisión contra la Iglesia católica sino en favor de quienes fueron víctimas de abusos sexuales en su seno, traicionando la confianza de las familias. La presencia prevista de un miembro propuesto por la misma Iglesia es otra buena noticia para facilitar el acceso a la información y descartar cualquier lógica beligerante. Ojalá la Iglesia acepte. El objetivo final de la propuesta es la elaboración de un informe que debatirá el Parlamento para establecer las medidas preventivas que impidan la repetición de los abusos y combatan la impunidad y el encubrimiento del que han disfrutado sus perpetradores.