Cómo investigar lo ocurrido

El tema de los abusos sexuales cometidos en España por sacerdotes ha recuperado interés informativo a partir del testimonio de una de sus víctimas y, como consecuencia de ello, ha ganado protagonismo en la agenda política. No es el único caso que ha sido relatado en los medios de comunicación, pero sí ha servido para que el presidente del Gobierno se interese personalmente por lo ocurrido. El gesto de fijar una reunión con el afecto evidencia buenos reflejos para conectar el poder de la política con la respuesta a los problemas reales. Pero la iniciativa perderá eficacia si finalmente no se traduce en un compromiso firme para investigar lo ocurrido, una vez constatada la pasividad de la Iglesia española. La cuestión es cómo hacerlo y, aunque la respuesta no es sencilla, urge encontrar la manera más adecuada de abordarlo.

Hasta el momento se han planteado dos opciones. De un parte, ERC, EH Bildu y Unidas Podemos proponen la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados cuyas conclusiones se debatirían y aprobarían en pleno. De otra, PNV prefiere una comisión de expertos independientes creada por el Gobierno al considerar que una investigación parlamentaria podría proyectar sobre un tema particularmente sensible una indeseable crispación política. Estas prevenciones son razonables, pero conviene no desconocer los problemas que acarrea la alternativa. De hecho, no hay obligación de comparecer ante una comisión de expertos lo que imposibilita contar con algunos testimonios valiosos para fundamentar bien las conclusiones. Nada impide, además, que la tensión política se manifieste en una campaña de desprestigio y deslegitimación de los expertos elegidos desde el mismo momento que se den a conocer sus nombres. Sin entrar en más consideraciones y partiendo siempre del desinterés que manifiesta la Iglesia en liderar el proceso, considero interesante la fórmula de la investigación parlamentaria. Los abusos sexuales son, sin duda, un asunto claro de “interés público” que justifica el papel del Congreso en los términos que expone el artículo 76 de la Constitución española.

Más allá de la respuesta política que las víctimas de los abusos merecen, resulta imprescindible también seguir exigiendo a la Iglesia su responsabilidad en la investigación de estos hechos, además de su compromiso para “generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse”, en los términos que señaló el papa Francisco en una carta de 20 de agosto de 2018. La Iglesia debería ser, de hecho, la primera interesada en restablecer su reputación y recuperar la confianza quebrada a través de una acción contundente encaminada a acompañar de manera indubitada a las víctimas de tan graves delitos haciendo posible la identificación de los culpables y su procesamiento cuando sea posible. Ni el silencio ni la inacción resultan estrategias aceptables para una organización que está en la obligación de reparar el daño causado a las víctimas, a sus familias y también a la sociedad. La gravedad de lo ocurrido así lo exige.