Predicar, pero no con el ejemplo

Cuando un niño es manoseado por un adulto con el fin de procurarse placer sexual, sabe que algo extraño, inusual, prohibido, algo que vulnera como un hachazo su inocencia le está sucediendo. El niño no va a saber cómo llamarlo, está tan alarmado que lo mantendrá en silencio. Un niño con un secreto es un ser muy desgraciado. El depredador de niños conoce instintivamente la psicología infantil, pero, además, tras años de experiencia, se va a convertir en un verdadero experto. Tiene olfato de sabueso para identificar a la víctima adecuada. Sabe cómo hacer para que esa inmundicia que él genera avergüence a la criatura, sabe cómo cargar al pequeño con el peso de la culpa para que calle. De esta manera, el niño, la niña, en este cuento de terror siempre construido por el adulto, se convierte en cómplice cuando no en instigador del abuso.

Si ocurre que el abusador es un cura de la Iglesia católica, la argumentación del perpetrador es malévolamente perfecta: el niño provoca y el adulto, víctima de esa provocación, cae en la tentación. El pecado del cura que abusa se esfuma al ser absuelto y perdonado, mientras que en la mente del niño prevalecerá para siempre la idea de que hay algo mórbido en su naturaleza que le ha llevado a ser elegido entre sus compañeros para someterlo a prácticas que lo convierten en un raro entre los normales.

El daño que se le hace a un niño no prescribe. Un anciano de 70 años puede ver alterada su vejez por ese recuerdo. La vida cicatriza muchas heridas, pero las consecuencias de un abuso son rocosas y persisten si el secreto se enquista, si no se encuentra una sociedad que escuche y comprenda. Cuando los abusadores pertenecen a una institución con el poder social que ha ostentado la Iglesia católica, las víctimas tienen derecho a una reparación pública por el daño recibido. La Conferencia Episcopal Española tendría que sentir el deber moral de asistirles en su herida enfrentándose al hecho de que protegieron a un buen número de abusadores que camparon durante décadas a sus anchas.

No basta con las medidas de prevención para el futuro, hay un pasado al que hay que mirar de frente, porque estamos hablando nada más y nada menos que de la institución a la que el régimen franquista entregó la educación de los niños españoles. Si la cúpula española desoye el mandato del Vaticano y se niega a colaborar con una investigación independiente, es el Estado quien ha de velar por los ciudadanos, aunque sería deseable que en una democracia hubiera colaboración por ambas partes, como así ha ocurrido en Bélgica, Irlanda, Francia o Australia.

¿A qué teme la Iglesia, a que se le vacíen los templos? En mi opinión, no es la verdad la que distancia a los creyentes, sino ese empecinamiento en la impunidad, esa manera tan escandalosa de no predicar con el ejemplo. La Biblia lo expresa con palabras feroces: “Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar”. Durante todos estos años nos preguntábamos por qué en un país que estuvo tan sometido a la moral católica durante la dictadura no se denunciaban los casos de abusos que habían visto la luz en culturas parecidas a la nuestra. No sabíamos nada, desconocíamos que había habido víctimas que valerosamente habían denunciado el abuso en la institución, pero sufrieron la humillación de ser ignoradas o tratadas con condescendencia. Está claro que los sucesivos gobiernos democráticos han carecido de la valentía necesaria para quebrar ese poder fáctico e incluso, en algunos casos, faltando a la transparencia, han engrosado su patrimonio.

El trabajo tozudo de unos cuantos periodistas de este periódico ha sido fundamental para que los lectores prestemos oído a los testimonios de las víctimas, los individualicemos, sepamos de su padecer en primera persona. Por otra parte, siendo tan fundamentales los oscuros relatos de algunos escritores (Alejandro Palomas o Pérez Zúñiga) a la hora de acelerar el proceso de reparación, el Gobierno no debe reaccionar solo ante el testimonio de una persona célebre. El trabajo de campo de EL PAÍS comenzó en 2018 y son muchas las historias que hemos leído, unidas a otras que sabíamos. No hay nadie, al menos de mi edad, que ignorara por completo esta historia. Ha llegado la hora de actuar.