El no de los nacionalistas a la reforma laboral marca el futuro político de Yolanda Díaz

Todo parecía encarrilado el 23 de diciembre, cuando tras nueve meses de negociaciones y a una semana de vencer el plazo fijado por Bruselas para aprobar la reforma laboral, Yolanda Díaz anunciaba el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos. Era el colofón a un año de vértigo, en el que la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo la catapultó a la vicepresidencia, le dio el liderazgo de Unidas Podemos y la disparó en las encuestas. El pacto, que la política gallega se había afanado en conseguir desde marzo, estaba llamado a ser la norma más importante de toda la legislatura, y lo que entonces se antojaba más difícil, lograr el consenso de los agentes sociales, era ya una realidad. 42 días después, Díaz ha superado el jueves un examen crucial con la convalidación en el Congreso del decreto ley de la reforma, pero el resultado de la votación, salvada por un error del PP después de que UPN cambiara el sentido del voto, y con la negativa de los nacionalistas de ERC, PNV, EH Bildu y BNG y el apoyo de Ciudadanos y PDeCAT no era el deseado para la vicepresidenta. “He de reconocerlo, no lo he logrado”, ha afirmado Díaz en su intervención, que ha criticado no haber podido hablar “del contenido” de la norma con algunos grupos políticos. La aprobación con la derecha deja fracturas en el bloque de investidura, y el desmarque de los aliados habituales del Gobierno supone un primer revés para la vicepresidenta y marca los límites de su futuro proyecto político.

“No he logrado trasladarles lo que conlleva este real decreto ley”, ha añadido la ministra en su defensa de la norma. ”Porque frente a la ultraactividad, prioridad de convenios o lucha contra la precariedad yo solo he escuchado ‘proyectos personales, humo, maquillaje, una norma insignificante, una norma que no cambiaba nada’. Me entristece, se lo confieso”, ha señalado antes de reprochar que el hecho de que el debate haya sido “superficial” “no ayuda a superar el descrédito de la política”.

Alcanzado el acuerdo a las puertas de la Navidad, Díaz no imaginaba las complicaciones en el trámite parlamentario, entre otras razones, porque el rechazo al articulado habría supuesto una vuelta a la legislación anterior, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, un escenario difícilmente justificable ante un electorado de izquierdas. Pero Díaz comenzó a encontrarse con contratiempos que no había previsto. Y en su equipo se instaló la sensación de que el problema no era tanto el texto en sí, como que ella, disparada en las encuestas, se había convertido en un competidor político incómodo. Su propio éxito se había vuelto un obstáculo para cumplir el propósito en el que se había empeñado desde el primer día que entró en el ministerio. “ERC no negocia ni vota proyectos personales”, advirtió un molesto Gabriel Rufián, el 19 de enero, después de que la prensa revelase una cena celebrada entre Díaz y el presidente catalán, Pere Aragonès, días antes en Madrid, de la que la ministra salió confiada en desbloquear la negociación. La frase del portavoz de ERC en el Congreso aludía a la proyección de la vicepresidenta como posible candidata en las próximas generales, un perfil que atrae a una parte del electorado nacionalista en Cataluña y que de la mano de los comunes amenaza con restar apoyos a los republicanos. “Hay mucha gente que puede pensar que votan con cálculos electorales”, cuestionó Aina Vidal, diputada de los comunes, el jueves desde la tribuna del Congreso.

En Unidas Podemos hay enfado con ERC e incluso dejan en el aire que la votación tenga efectos en la aritmética parlamentaria catalana, pero también confían en reconciliar a los partidos del bloque de investidura con la siguiente norma que llegue a la Cámara y volver a amarrar sus apoyos. Lo sucedido el jueves, considera la formación, pone de manifiesto que la única suma posible es la de la mayoría progresista y que en ningún caso el PSOE ha encontrado otra vía tras la traición de UPN. En ese reparto de culpas sobre lo que ha llevado la aprobación al límite, Podemos cree que los socialistas han tenido un papel destacado, al no permitir mover una coma del texto pactado en diciembre, lo que limitaba la negociación con los grupos. También a eso atribuyen miembros del partido un propósito político, desgastar a Díaz, a quien el PSOE dejó el protagonismo en la negociación con los nacionalistas, mientras ellos mantenían discretos contactos con Ciudadanos y, en el último momento, con UPN.

Aunque con matices, el rechazo del BNG tiene también una lectura electoral en Galicia. En las autonómicas de 2020, los nacionalistas se situaron como principal fuerza de la oposición y Unidas Podemos quedó fuera del Parlamento. Con un único escaño, el representante de la formación en el Congreso, Néstor Rego, lleva semanas anunciando su rechazo a la norma. El BNG y su sindicato afín, la CIG, mayoritario en Galicia, han desarrollado una intensa campaña en las redes sociales contra la reforma muy centrada en la figura de Díaz, todavía una potencial competidora también en unas generales, pese al hundimiento de su formación en la comunidad.

Tampoco los nacionalistas vascos han dado su apoyo al Gobierno. Con diferentes enfoques ni EH Bildu ni el PNV se han sumado a la mayoría de la investidura para avalar la norma. El grupo que lidera Aitor Esteban en el Congreso, cuya abstención se buscó hasta la mañana del jueves, exigía la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, una línea roja para la CEOE, mientras que los postulados de EH Bildu estaban más cerca de los de ERC, la CUP y el BNG. También en Euskadi las posibilidades de éxito de un proyecto como el que defiende Yolanda Díaz se encuentran de frente con el electorado nacionalista.

Nadie en Unidas Podemos cuestionó el jueves la negociación dirigida por Díaz, aunque durante semanas el apoyo a la reforma ha sido tímido. Con el futuro electoral de la vicepresidenta aún por definir —se resiste a confirmar públicamente si será cabeza de lista en los próximos comicios y se ha alejado de Podemos en los últimos meses—, los nacionalistas han demostrado el jueves que no se lo pondrán fácil en lo que resta de legislatura. Pese a que el barómetro del CIS la sitúa desde hace meses como la líder política más valorada, con una nota de 4,82 frente al 4,34 de Pedro Sánchez, y la segunda preferida para ser presidenta del Gobierno, solo por detrás del mandatario, la votación supone el primer traspié para una figura política que había vivido dos años entre mieles. La ministra que más consensos ha logrado en el diálogo social, y que busca construir un proyecto político “transversal”, no ha sido capaz de trasladar esa victoria al Congreso en una ley a la que ha ligado buena parte de su capital político.