El PP de Castilla y León se esconde del primer aprieto judicial en la campaña

Los periodistas, los camarógrafos y los curiosos que se arremolinaban ante el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca podían esperar sentados. La previsión informativa señalaba que a las cinco de la tarde pasaría por allí Javier Iglesias, presidente del PP provincial e imputado por la presunta financiación irregular de su partido en 2017, para comparecer ante el magistrado. La realidad es que ningún político acudió. Iglesias esgrimió que la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus le había provocado tales dolores que no podía salir de casa. El protocolo judicial pandémico permite las declaraciones telemáticas por complicaciones del covid. El investigado, por videoconferencia, se acogió a su derecho a no intervenir. Así consiguió el PP evitar la foto de un cargo popular acudiendo a un juzgado en plena precampaña electoral autonómica, más allá de que Iglesias no hubiese dicho nada en la sala.

La causa estudia el papel de la formación ante la presunta financiación irregular previa a las primarias de 2017, que encumbraron al hoy presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El juez entiende que la cúpula del partido aportó más de 60.000 euros para cubrir deudas de afiliados y que pudieran votar al entonces alcalde charro. De ellos, hay 24.000 euros “sin justificar”, en lo que parece una “donación anónima ilegal”, según el magistrado. Además de Iglesias, se encuentran imputados la gerente, María Isabel Sánchez, y el propio PP como persona jurídica. Iglesias compareció como testigo en una primera fase del proceso judicial el pasado mayo, con obligación, por tanto, de decir la verdad, y fue citado como imputado en noviembre por el instructor de la causa.

La acusación particular de esta investigación, Los Verdes de Salamanca, critica la argucia del grupo conservador para evitar el señalamiento social. Un miembro de este foro popular, Ángel Gamazo, se muestra indignado: “Han montado un circo, es el colmo de la estridencia”. “No sé si es una triquiñuela o si le ha sentado tan mal la inyección que no se puede ni mover, pero es tan infantil que solo se le ocurriría a quien no tiene otro recurso para evadirse”, desarrolla el charro. Además, destaca que incluso de forma virtual la respuesta de Iglesias y de sus representantes ha consistido en el silencio, algo que considera sospechoso y contrario a que tanto Mañueco como otros miembros de sus filas hayan asegurado en las últimas fechas la plena “colaboración” del PP con la justicia. Este mismo lunes el secretario general del partido en Castilla y León, Francisco Vázquez, tuvo que disculparse por unas “desafortunadas declaraciones” en las que aseguraba que la Fiscalía, en este caso de posible financiación irregular, estaba “siguiendo instrucciones del Gobierno”.

Gamazo expone que Iglesias se apoyó en que el PP ha recurrido la imputación de estos cargos y que, por tanto, no iban a hablar hasta que haya una resolución. El juez le advirtió, según el representante de Los Verdes, de que “no responder puede ser negativo”. Gamazo, que en conversación con EL PAÍS antes de la comparecencia prevista ya temía alguna maniobra de Iglesias, recalca que el partido de Mañueco “quiere evitar a toda costa comparecencias en el proceso electoral”, con comicios convocados para el 13 de febrero tras romper el PP con su socio, Ciudadanos. “No querían el trago de la imagen saliendo del juzgado”, zanja. Este mismo martes Iglesias, también presidente de la Diputación, ha recibido sin problema al nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo.

Una de las personas del PP salmantino que admitió ante el juez haber pagado 500 euros de su bolsillo para sufragar las deudas de los afiliados explica que “están intentando dar una patada hacia adelante, es normal que lo hagan en campaña”. Esta fuente recuerda que Javier Iglesias juntó a varias personas del partido para decirles “Alfonso tiene que ser presidente y hay que apoyarle”, de ahí que los presentes aportaran todos la misma cantidad y que el magistrado haya observado estas supuestas irregularidades junto a los 24.000 euros de origen no justificado.

El exvicepresidente, Francisco Igea (Cs), fue el primer líder autonómico en acudir a esos juzgados salmantinos para presionar al que fuese su compañero de Gobierno. El candidato y ahora rival de Mañueco aseguró el domingo que él charló personalmente con Iglesias para decirle que si era imputado, como finalmente ocurrió, sería cesado. La respuesta, según Igea, despejaba responsabilidades hacia altas instancias próximas al dirigente de la Junta: “Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió”.

Mañueco fue entrevistado este lunes en la televisión autonómica de Castilla y León y respondió con vaguedades e imprecisiones a las preguntas sobre este proceso sin entrar en el fondo de la cuestión. El mandatario sostuvo que “han pasado 30 meses” desde que se inició esta investigación sobre la gestión económica de aquellas primarias, si bien la duración de las fases de instrucción no implica nada en una causa judicial. El presidente también afirmó que su compañero de siglas ya había intervenido como testigo, pero no tuvo en cuenta que el instructor puede analizar los archivos solicitados y considerar las demás comparecencias para cambiar de estatus a un testigo y llamarlo a declarar como investigado si lo aprecia necesario.