La Audiencia de Salamanca ordena reabrir una causa por presunta financiación irregular en las primarias del PP que ganó Mañueco

La Audiencia Provincial de Salamanca ha ordenado reabrir la investigación sobre las primarias del PP de marzo de 2017 para determinar si hubo financiación irregular. El juez revoca así una resolución del Juzgado de Instrucción 2 que archivó una denuncia contra el que entonces era candidato popular a presidir la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cargo que consiguió posteriormente tras pactar con Ciudadanos. El sobreseimiento de estas acusaciones se produjo en plenas negociaciones entre ambos partidos, en junio de 2019, y en un contexto en el que Francisco Igea, líder de Cs en la región y quien se había aproximado al PSOE anteriormente, aseguró que no pactaría si Mañueco estaba inmerso en causas de corrupción.

Una denuncia anónima, algo que según el magistrado supone “limitaciones” para la investigación, aseguraba que el actual presidente de la Junta promovía junto a otros dos miembros de la formación que se solicitara una cifra de entre 300 y 500 euros a cargos y asesores del PP para saldar así deudas de afiliados. Si no regularizaban los pagos, estos no podrían participar en esos comicios que enfrentaron a Mañueco, entonces alcalde de Salamanca, con Antonio Silván, regidor de León en ese momento y ahora senador. El ganador sucedería a Juan Vicente Herrera, que llevaba 16 años como candidato popular y jefe del Ejecutivo regional. El dirigente salmantino ganó con dos tercios de los votos. El juzgado investigó hace un año una presunta comisión de delitos de coacciones, financiación ilegal de partido político y falsedad documental.

El juez que en junio de 2019 archivó las diligencias apenas semanas después de iniciar el proceso mantuvo que "el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. La acusación popular, que representó el Foro de Izquierdas-Los Verdes salmantinos, recurrió ante la Audiencia Provincial, que el pasado 8 de abril instó a recuperar las pesquisas, aunque la información se ha conocido este jueves. La resolución desestima, pese a la solicitud de Los Verdes, que haya delitos de coacciones, suplantación de personalidad y falsedad documental.

La Audiencia entiende "necesario agotar la investigación a efectos de comprobar el destino final de las cantidades aportadas” para “comprobar si se ha podido cometer algún delito en la actividad llevada a cabo por el PP”. El objetivo es también determinar si existen “indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político”. El tribunal asevera que no existen las pruebas suficientes para acreditar si todo el dinero irregular recaudado según la denuncia se destinó únicamente a cubrir cuotas adeudadas o si la suma fue insuficiente para atender esas tasas, en cuyo caso "habría sido necesario acudir a otras formas de financiación para cubrir el resto de cuotas adeudadas y así permitir a un mayor número de militantes acceder al voto”.

Uno de los motivos por los que el tribunal ha decidido reabrir esta investigación es porque en las diligencias de hace un año no se dio un seguimiento detallado sobre el "adecuado control de las cantidades percibidas y su efectivo destino”. El recurso de apelación pide que se estime la acusación de una persona, que asegura ser militante del PP y que desea declarar ante el juez de instrucción. Otro militante del PP de Valladolid denunció el 14 de junio de 2019 que “para estas operaciones se han invertido 60.000 euros del dinero B del Partido Popular”. Asimismo, los testigos señalaron a otra persona como la responsable de recoger el dinero “sin que se extendiese recibo”.