El calendario judicial aprieta al PP en Castilla y León

Los procesos judiciales que afectan al PP de Castilla y León han sido un factor clave para que el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, decidiera adelantar las elecciones autonómicas al próximo 13 de febrero, según admiten en privado dirigentes del partido conservador. La disolución anticipada de las Cortes, con las encuestas a favor, implica romper con Ciudadanos, liderado por el incómodo exvicepresidente Francisco Igea y acorta el tiempo para que las candidaturas de la plataforma España Vaciada cobren fuerza. También permitirá eludir el impacto de algunos casos judiciales. El día de los comicios llegará casi un mes antes de que el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera (PP, 2001-2019) testifique en el juicio del caso Perla Negra, sobre los sobrecostes de más de 20 millones de euros en la adquisición de un edificio público autonómico en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Al enorme inmueble se lo apodó así, entre acusaciones de corrupción en su adquisición, por su color y el barco pirata de la película Piratas del Caribe, mote que siempre molestó al propio Herrera, según fuentes de su entorno. El sobrecoste se divide entre el valor extra del suelo y del edificio y otros pagos de 10 millones que correspondían a la promotora.

El caso se empezó a judicializar en 2013 en la Audiencia Provincial de Valladolid y reflejó cómo Herrera fue advertido de que ese proceso estaba requiriendo cantidades muy superiores a las previstas por los análisis periciales. El primer precio exigido por los propietarios del terreno y del edificio era de 72 millones de euros, que se consiguió reducir hasta 52, acorde a los estudios de la empresa pública Gesturcal. Además, entre los gastos aparecieron contratos no justificados con Unifica, el estudio que reformó irregularmente la sede nacional del PP y cuyos responsables han sido penados por la Audiencia Nacional. La Fiscalía señaló a los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, a quienes pide 11 años de cárcel por prevaricación y malversación, además de 16 millones de euros de multa.

La acusación también apunta al fallecido Tomás Villanueva, exvicepresidente de la Junta y consejero de Economía entre 2003 y 2015. Villanueva murió en 2017 a los 64 años por causas naturales, poco después de que Hacienda le empezara a investigar 83 cuentas bancarias en relación con el caso Perla Negra. La Fiscalía lo acusó de sortear a Hacienda en la compra del edificio y el terreno, mientras que en el PP recuerdan su implicación en la conocida como Trama Eólica, aún sin fecha de juicio pero en la mira del partido.

Esta investigación analiza el presunto lucro de altos cargos del ejecutivo autonómico e importantes empresarios de la comunidad mediante mordidas de unos 80 millones de euros que exigían para otorgar licencias de parques eólicos en Castilla y León entre 2003 y 2013. Las indemnizaciones demandadas por las irregularidades en estas adjudicaciones rebasan los 850 millones de euros, cifras tan elevadas como la multa que la Fiscalía Anticorrupción reclama para Rafael Delgado: 42 años de prisión y 239 millones de compensación. El exviceconsejero y ex secretario general de Economía se verá en la Audiencia Provincial de Valladolid con otros 16 antiguos dirigentes y empresarios. Delgado remitió a la jueza en 2017 un escrito en que incriminaba al difunto Villanueva como muñidor de estos sobornos. El juzgado también pidió una fianza de 24 millones a la Junta, suma que esta denegó porque el Estatuto de Autonomía recoge que esta administración no puede presentar fianzas ante tribunales.

El actual PP de Mañueco ha esgrimido que estos casos no se corresponden con su mandato y ha manifestado su apoyo a la justicia, si bien un tercer caso de irregularidades sí salpica al dirigente. Un juez ha imputado al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, por una presunta financiación ilegal en las primarias que impulsaron a Mañueco en 2017 sobre el candidato Antonio Silván y que lo acabaron llevando a la Junta.

El magistrado entiende que la cúpula de la formación en la provincia pagó 61.937 euros para amortizar deudas de afiliados para que pudieran votar en las primarias y se decantaran por el entonces alcalde de Salamanca. Del total hay 41.490 euros abonados “voluntariamente” por cargos del PP y entre esta cantidad hasta 24.240 “sin justificar”, una “donación anónima ilegal” según el juez. Las donaciones anónimas están prohibidas en la ley de financiación de partidos políticos.

Las primeras declaraciones están previstas en el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca para mediados de enero tras un primer retraso sobre la fecha prevista: el 30 de diciembre. Fuentes del PP creen que esta táctica pro Mañueco se aplicó también en más territorios de Castilla y León donde el hoy dirigente era menos popular que en Salamanca. El propósito de la dirección, admiten, consiste en alejar el balance de estas sesiones judiciales, sea como sea, de las elecciones que podrían significar que el PP siga en el poder de la comunidad, donde lleva sin interrupción desde 1987, entonces como Alianza Popular.