El Gobierno busca un encaje para sus socios en la reforma laboral

Nueve meses de diálogo le costó al Gobierno el acuerdo con sindicatos y empresarios para la reforma laboral y ahora enfrenta otros 30 días de prolijas negociaciones políticas para que el Congreso de los Diputados no arruine el pacto tan cuidadosamente tejido. Las dos formaciones del Gabinete están de acuerdo en ceñir de momento las conversaciones a los socios habituales, la izquierda y los nacionalistas, descontentos con el texto aprobado. El Ministerio de Trabajo ya ha mantenido los primeros contactos discretos con ERC, PNV y EH Bildu para escuchar sus demandas. La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales es una de las claves para desenredar la madeja.

El discurso oficial del Gobierno, con mayor énfasis en la parte socialista, es que el Congreso debe respetar lo acordado por los agentes sociales. El Ejecutivo presiona a los partidos de izquierda con el argumento de que si tumban la reforma se harán responsables de mantener el marco laboral del PP. En ese mensaje coinciden la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los miembros socialistas del Gobierno. “Quien vote en contra deberá explicarlo bien a sus votantes”, insistió este martes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en un anticipo de lo que va a ser una constante en el discurso del Ejecutivo hacia sus socios durante las próximas semanas.

Bolaños, el habitual negociador de los socialistas, reafirmó en una entrevista en RNE que el propósito del Ejecutivo es no tocar nada de lo acordado en la mesa de los agentes sociales, fruto de un delicado equilibrio. “No queremos que esa norma sufra ninguna modificación porque se trata de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, no de un proyecto de ley del Gobierno”, dijo el ministro. Aunque ese es el discurso oficial, en privado otros miembros del Ejecutivo admiten que va a resultar muy difícil no ofrecer alguna concesión a sus socios. Incluso la ministra de Hacienda, la también socialista María Jesús Montero, había dejado el lunes la puerta abierta a tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que significaría exponerlo a las enmiendas de los grupos. En los primeros contactos para sondear posiciones, el Ministerio de Trabajo ya ha constatado, según fuentes de ese departamento, que los nacionalistas vascos y catalanes no están dispuestos a dar un cheque en blanco.

El Gobierno debe componer un encaje de bolillos. Cualquier retoque en la reforma para contentar a sus socios puede poner en peligro el refrendo de la patronal, cuyo presidente, Antonio Garamendi, se encuentra bajo la presión de importantes federaciones de empresarios —las últimas, las de hostelería— disconformes con las medidas pactadas para reducir el empleo temporal. Y si nacionalistas vascos y catalanes no logran arrancar ninguna concesión, el Ejecutivo se arriesga a llegar sin apoyos a la primera semana de febrero, cuando el decreto, al límite del plazo legal, debe ser convalidado por el Parlamento. Tramitarlo como proyecto de ley, según piden los socios habituales, supondría dejarlo en vigor a expensas de las sorpresas que pudieran surgir luego, en el trámite de enmiendas.

Un asunto emerge como crucial en las negociaciones: la inclusión en el texto de la posibilidad de acogerse a un convenio autonómico por encima del estatal cuando aquel tenga mejores condiciones para el trabajador. Esa es la gran demanda del PNV y una de las condiciones de EH Bildu, a la que este martes se sumó ERC, aunque la medida tendría menos impacto en Cataluña que en el País Vasco, donde el sindicalismo nacionalista es mayoritario. La presión de los socios aboca al Ejecutivo a buscar fórmulas que pudiesen satisfacer esa reclamación sin al mismo tiempo indisponerse en exceso con la patronal.

Las demandas de ERC

La principal exigencia de ERC es de naturaleza distinta. Ya lo expuso días atrás el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y este martes lo refrendó el conseller Roger Torrent. Esquerra solicita que se reponga la preceptiva autorización administrativa previa para la aplicación de un ERE, suprimida en la reforma del PP en 2012. Así la Generalitat recuperaría una competencia que tenía transferida. Ese asunto no figura en la reforma laboral y se podría negociar en una norma aparte. De hecho, el Ministerio de Trabajo ya se comprometió a hacerlo en un documento, publicado en el BOE el pasado 3 de diciembre, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. En él se habla de promover una “modificación normativa” para “ampliar el contenido del informe de la Inspección de Trabajo” previo a los procedimientos de despido colectivo. El asunto, sin embargo, no suscita unanimidad dentro del Gobierno. En el caso de ERC, fuentes del Ejecutivo temen además que las negociaciones sobre la reforma laboral se mezclen con la exigencia de Aragonès de reunir antes de que acabe enero la mesa de diálogo creada con la Generalitat para abordar las reivindicaciones independentistas.

Con todo estos cabos por atar, el Gobierno estirará el plazo legal para convalidar la reforma en el Congreso, que expira el 7 de febrero. Al margen de los sondeos previos que ya ha iniciado Trabajo, las negociaciones formales con los potenciales aliados no comenzarán hasta la próxima semana. Las dos formaciones del Ejecutivo subrayan que habrá unidad de acción en las conversaciones. Las comandará Yolanda Díaz, como responsable del ministerio que promueve el proyecto, y por parte socialista se implicará a fondo Bolaños en las negociaciones con los grupos.

No hay diferencias en el Gobierno sobre cuál debe ser el interlocutor: el bloque de 188 diputados que aprobó los últimos Presupuestos. Una de las formaciones de la oposición, Ciudadanos, se ha mostrado también dispuesta a negociar un posible apoyo a la reforma, acogida con buenas palabras por los dirigentes del partido de Inés Arrimadas. El Ejecutivo se muestra abierto al diálogo con el grupo liberal, sobre todo si las negociaciones se atascan con los aliados habituales, aunque esa posibilidad, admiten fuentes socialistas, suscitaría muy probablemente tensiones internas con los sectores más izquierdistas de Unidas Podemos, sobre todo con la dirección del partido que dirige Ione Belarra. Podemos ha mantenido hasta ahora un papel muy discreto y ha cerrado filas con Díaz. Su posición es que no se debe negociar nada más allá de la mayoría habitual que sostiene al Ejecutivo. Pablo Iglesias, en una intervención el pasado lunes en la emisora RAC1, mostró su apoyo a la vicepresidenta: “La pieza de caza mayor ahora es Yolanda, van a por ella. Y la derecha lo va a intentar haciendo romper la mayoría de la investidura”. Iglesias defendió que la reforma pactada contiene “avances muy importantes para la clase trabajadora”, aunque señaló que ahora falta “la segunda parte del partido: las negociaciones con ERC, EH Bildu y PNV”.

Con el resto de aliados habituales —del PDeCAT a Más País— el Gobierno espera menos dificultades. Pero sin PNV y ERC, y con el PP instalado en el no, las cuentas no salen. A no ser que, en lugar del voto en contra, los nacionalistas optasen por abstenerse para no aparecer como responsables de frustrar un acuerdo pactado por los dos mayores sindicatos y de ese modo perpetuar el marco laboral impuesto por el PP.