ERC exige que primen los convenios autonómicos para apoyar la reforma laboral del Gobierno

El Gobierno central y Esquerra Republicana siguen sin encontrar sintonía con la reforma laboral. El texto no cuenta con los apoyos para salir adelante y desde pasado fin de semana los republicanos han comenzado a desgranar cuáles son sus condiciones para permitir que la convalidación del decreto ley salga adelante. Este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, el turno ha sido para el consejero Roger Torrent. El titular de Empresa y Ocupación no solo ha apoyado la petición del president Pere Aragonès de regresar a la Generalitat la competencia de la autorización previa a los ERE sino que también ha asegurado que su departamento echa en falta, por ejemplo, que se respete la preeminencia a los convenios laborales autonómicos sobre los estatales o más claridad sobre los salarios de tramitación.

Torrent ha recordado que la decisión de apoyar o no la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo del PSOE y Podemos recae sobre los grupos parlamentarios (hasta ahora ERC ha sido uno de los socios más fieles del Gobierno), pero no ha dejado pasar la oportunidad de presentar su carta a los reyes magos de cara a la nueva legislación laboral. “Valoramos que el texto sea fruto de la negociación con los agentes económicos y sociales, pero eso no implica que sea la propuesta que Cataluña necesita”, ha explicado el republicano, a preguntas de los periodistas.

En una entrevista a Efe, el jefe del Govern y coordinador nacional de ERC había puesto sobre la mesa la necesidad de que la reforma devolviera a Cataluña la competencia para autorizar de manera previa los expedientes de regulación de empleo. Se trata de una potestad que la última ley laboral del PP, de 2012, arrebató a las comunidades autónomas y que el texto preparado desde el despacho de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no rectifica. Torrent ha respaldado esa idea porque le permite “tener mejores condiciones de mediación” y puso el ejemplo de la situación de Mahle, una empresa de pistones para la automoción ubicada en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). El ERE en esa compañía afectará a 343 trabajadores y según el consejero, de tener esa competencia, se “habrían podido tener herramientas para incidir de manera más intensa” en la búsqueda de una alternativa empresarial.

El titular de Empresa y Ocupación también ha propuesto que se dé prevalencia de los convenios sectoriales autonómicos sobre los estatales. Torrent ha defendido que los primeros son el fruto de la “negociación colectiva” de un ámbito y situaciones específicas y deberían ser respetados. Ha recordado, por ejemplo, la diferencia en el coste de vida entre Cataluña y otros puntos del resto del Estado. Si se imponen los convenios estatales, ha explicado, en la mayoría de los casos se vería afectado el bolsillo de los trabajadores.

La lista la completan modificaciones, sin mucha concreción, sobre la legislación en subcontratación, la indemnización por despido o los llamados salarios de tramitación. Este es el sueldo que recibe un trabajador por el tiempo que no ejerció si un juzgado determina que la finalización del contrato laboral no fue procedente. El departamento catalán de Empresa también quiere tener más voz en lo que respecta a los ERTE derivados de la falta de suministros, como lo que sucede actualmente con los chips y la industria automovilística. El próximo 7 de febrero finaliza el plazo para que el decreto ley que modifica la norma laboral sea convalidado en el Congreso, pero de momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que es mejor no tocar el acuerdo al que se llegó con patronales y sindicatos.