Podemos confía en desbloquear su agenda legislativa en el inicio del año

El Gobierno inicia 2022 con tareas pendientes y una agenda legislativa intensa. A la negociación contra reloj para recabar antes del 31 de enero los apoyos necesarios en el Congreso para dar luz verde a la reforma laboral, se suman algunos proyectos prioritarios para Unidas Podemos y que la formación izquierdista confiaba haber aprobado en 2021. La ley de vivienda y la ley trans deben pasar aún por el Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria, mientras que la de protección animal aguarda su turno desde el pasado octubre. Otra de las batallas que la coalición tiene previsto abordar en enero toca al proyecto estrella del departamento de Derechos Sociales, la ley de diversidad familiar, que por ahora cuenta con la oposición de Hacienda. La Moncloa destaca que en los últimos meses se han priorizado los compromisos adquiridos con Bruselas. Un esfuerzo que ha sido reconocido, según destacan las fuentes consultadas, con la concesión a España de los primeros fondos europeos.

El año arranca con las negociaciones para una nueva subida del salario mínimo (SMI), una de las banderas del Ejecutivo y que en este caso, no parece que vaya a tensionar la coalición, como sí lo hizo en septiembre. La voluntad del Gobierno es elevarlo hasta los 1.000 euros en 2022 —35 euros más que ahora— y subirlo hasta 1.045 euros en 2023, año electoral con comicios autonómicos, municipales y el colofón de las generales. Tras cerrar la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos, la intención del Ministerio de Trabajo es que el incremento del SMI se aborde en las primeras semanas de enero en la mesa de diálogo con los agentes sociales. Aunque las conversaciones empiecen este mes, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no descarta que el acuerdo sobre la subida pueda tener carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Podemos confía en acelerar durante las primeras semanas de 2022 algunas de las legislaciones que consideran clave esta legislatura, como la ley de vivienda. Se trata del proyecto que más retrasos acumula y que más desencuentros ha suscitado entre los dos socios. La formación no oculta su malestar por lo que consideran una dilación de los plazos por parte del PSOE. La ley del ministerio de Transportes se acordó finalmente en octubre, pero el texto está aún pendiente de un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, que no llegará hasta el próximo pleno del organismo. “La última del PSOE: Retrasan llevar al Consejo de Ministros la Ley de Vivienda hasta febrero. Y luego dirán que no, que no sufren presiones”, estalló en redes sociales el martes la secretaria de Vivienda del partido, Alejandra Jacinto. Finalmente, la ley contemplará incentivos fiscales para abaratar los alquileres como defendían los socialistas y también los topes de renta que Unidas Podemos proponía, pero solo en las áreas tensionadas de las comunidades autónomas que lo soliciten. Con el fin de acelerar los plazos, en su tramitación parlamentaria, Podemos propondrá rebajar de 18 a tres meses la moratoria que contempla el texto desde que entre en vigor y hasta que se apliquen controles de alquiler para grandes propietarios.

También pendiente de su paso de nuevo por el Consejo de Ministros se encuentra la conocida como ley trans, aprobada en primera vuelta en junio. El texto fue remitido en octubre a Justicia y a mediados de diciembre, este último ministerio la envió a los órganos constitucionales cuyo dictamen es preceptivo para seguir adelante. Esta ley prevé la polémica autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad. Ese aspecto, cuestionado por gran parte del movimiento feminista, provocó serias tensiones entre los socios de Gobierno y, en parte, está detrás de la salida del Ejecutivo de la vicepresidenta Carmen Calvo. La relación entre PSOE y UP con la ley vive ahora otro momento. Ya no se ven trabas desde el lado de Igualdad. Fuentes del ministerio señalan que se ha solicitado el trámite de urgencia [que los órganos constitucionales revisen el texto en un plazo de 15 días] porque consideran “fundamental” que la ley llegue al Parlamento “cuanto antes por el aumento de las agresiones homófobas y los delitos de odio”.

Diferente es la situación del anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales, del departamento de Derechos Sociales. El texto —que prevé prohibir la venta de mascotas en tiendas, elimina el listado de canes potencialmente peligrosos y establece un registro de personas inhabilitadas para tener animales de compañía— está listo desde comienzos de octubre, pero no ha ido aún a Consejo de Ministros. Frente al malestar de Podemos, fuentes de la Moncloa subrayan que la ley no estaba planificada en el plano normativo de 2021, aunque sí figura en el de 2022.

La discusión de otra de las normas del ministerio que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, llegará también con el comienzo de año. La ley de diversidad familiar sí ha encontrado algunos reparos por parte de Hacienda —fundamentalmente presupuestarios—, que debe emitir un informe. Derechos Sociales propone una prestación universal por crianza de 100 euros al mes para hijos de 0 a 3 años, que ascenderá a 125 euros en el caso de los hogares monoparentales y se irá ampliando año tras año hasta alcanzar la mayoría de edad. El texto contempla también la ampliación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 24 semanas. El objetivo de Podemos es que la ley esté aprobada a principios de 2022.

A lo largo del primer semestre del año, y una vez finalicen en febrero los trabajos del comité de experto creado por Hacienda, el Gobierno confía en abordar también la reforma fiscal, otra de las prioridades de Unidas Podemos y uno de los compromisos del acuerdo de coalición.

El Congreso, además, deberá someter a votación en los próximos meses las enmiendas pactadas por los socios para proteger los derechos de los manifestantes y eliminar los aspectos más extremos de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2015.

La que acaba de terminar el periodo de enmiendas en su tramitación parlamentaria es la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí. El PSOE ha presentado en este período más medidas contra la prostitución. El texto añadido recoge castigar con hasta tres años de cárcel a quien “promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Mientras el partido de Pedro Sánchez se declara abolicionista, en el seno de UP ese debate no está cerrado. A pesar de esta diferencia, los dos socios de Gobierno se han comprometido a registrar en enero de forma conjunta en el Congreso una proposición de ley para luchar contra la trata con fines de explotación sexual. También se conocerá este mes el texto inicial del departamento de Irene Montero para una futura ley del aborto, en la que Unidas Podemos quiere regular, entre otros aspectos, la violencia obstétrica o el derecho a la objeción de los médicos, dos puntos en los que puede haber fricciones con el Ministerio de Sanidad, cuya titular, Carolina Darias, descartó a finales de septiembre que el Gobierno vaya a regular la objeción, aunque sí añadió: “El acceso y la calidad asistencial de la prestación de la interrupción del embarazo no puede ser menoscabada por el derecho a la objeción de conciencia”. Los frentes se multiplican en un agitado comienzo de año con el adelanto electoral en Castilla y León, que celebra comicios el 13 de febrero, y en el que las elecciones en Andalucía marcarán también parte de la agenda política.