El Defensor del Pueblo pregunta a la Generalitat cómo está protegiendo a la menor de Canet

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado una actuación de oficio ante la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña para conocer cómo está protegiendo a la menor de Canet de Mar (Barcelona) y a su familia ante la presión social y política a la que están siendo sometidos tras haber reclamado clases en castellano. Además, solicita información de otros casos similares que se hubieran podido producir en esta comunidad autónoma. Así lo ha comunicado este jueves su departamento mediante una nota.

En concreto, el defensor ha pedido conocer “las medidas adoptadas o que se puedan adoptar por parte de esa Administración para la efectiva protección de la menor y su familia, singularmente en el ámbito docente y educativo, así como los términos en los que hubiera acordado el ejercicio del derecho instando en aplicación de la legalidad vigente y la jurisprudencia en materia de utilización de lengua vehicular en la enseñanza. Tanto en este caso concreto como en otros supuestos similares que se hubieran podido plantear en el ámbito competencial de la Consejería de Educación”.

Ángel Gabilondo ha transmitido a la Consejería su preocupación por la situación en la que se encuentra esta familia tras haber adquirido firmeza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano.

Los Mossos d’Esquadra ofrecieron protección a la familia tras haber sufrido amenazas en las redes sociales. La policía autonómica estableció a mediados de mes una “vigilancia no invasiva” en los alrededores de la escuela pública Turó del Drac, donde la niña cursa educación infantil. Aunque el ambiente en la escuela es de calma y los padres piden tranquilidad, el dispositivo policial pretendía evitar cualquier posible acto de hostigamiento a la familia afectada.

La institución de Gabilondo señala que “el ejercicio de un derecho legalmente reconocido, y más aún si este tiene el respaldo de una sentencia judicial firme, no debiera generar perjuicios a quienes lo insten y corresponde a las administraciones públicas competentes adoptar las medidas precisas para evitarlos”.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación por un presunto delito de incitación al odio y la discriminación. La asociación Hablamos Español y Vox presentaron denuncias tras la publicación en Twitter de comentarios amenazantes hacia la familia. “Me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña”, escribió un exprofesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Fàbrega, que luego se retractó (a medias) diciendo que era una expresión metafórica. Al asedio virtual se sumó un mosso independentista muy activo en redes, Albert Donaire, que invitó a aislar a la alumna. “Este niño se tiene que encontrar solo en clase. En las horas de castellano, los otros niños deberían salir”.

En una carta abierta difundida el 13 de diciembre, los padres pedían mantener el anonimato y explicaban sus sensaciones ante las amenazas, que por ahora se han circunscrito a las redes sociales y no se han producido directamente en el entorno escolar. “Sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel, es muy duro. Hemos tenido ganas de llorar muchas veces”, rezaba la misiva, en la que agradecían también las muestras de apoyo de muchos padres del centro, que se ha visto arrastrado al campo de batalla del catalán en la escuela y, por extensión, a las reivindicaciones independentistas, tal y como pudo verse en las posteriores y múltiples manifestaciones que se produjeron en distintas ciudades catalanas.

La de Canet es una de las más de 80 familias que, en los últimos años y según la Generalitat, han logrado que la justicia reconozca el derecho de sus hijos a recibir al menos el 25% de las clases en castellano. En el caso de Canet, se trata de una medida cautelar, pendiente de sentencia. Además de por las amenazas a la familia, el caso ha saltado a la primera fila de la actualidad porque es la primera decisión que llega después de que se haya declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fija un mínimo del 25% de horas en castellano para el conjunto del sistema educativo catalán y que amenaza con derribar el modelo de inmersión lingüística que defiende el Govern.