Puigdemont reclama al Supremo que comunique a la Policía e Interpol que la euroorden para su detención está suspendida

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los exconsellers Clara Ponsatí, Lluis Puig y Toni Comín ha presentado este lunes ante el juez de la causa del procés en el Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena, dos escritos en los que reclama que se dicten “las oportunas instrucciones” para hacer efectiva la suspensión del procedimiento penal en que los cuatro están implicados, “especialmente en lo relativo a las distintas órdenes de detención emitidas”. En los escritos, los políticos independentistas catalanes inciden en saber si estas instrucciones han sido transmitidas a las fuerzas de seguridad, al Sistema de Información de Schengen (mecanismo de cooperación de 30 países europeos para el control de fronteras) y a Interpol (organización policial que engloba a 194 estados) para evitar nuevos arrestos como el del expresidente catalán de septiembre en Cerdeña.

El movimiento de Puigdemont se produce después de que el pasado viernes el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictara un auto que enmendaba la plana al Supremo español al concluir que las euroórdenes contra los tres huidos que son europarlamentarios —Puigdemont, Ponsatí y Comín— se encontraban suspendidas. Aquella resolución era la respuesta a la pretensión del expresidente catalán, que había sido detenido a finales de septiembre en Cerdeña (Italia), de recuperar la inmunidad como miembro del parlamento europeo, suspendida precisamente a raíz de un suplicatorio del Supremo. El tribunal europeo rechazó esta petición del político, pero dejó claro, en contra del criterio de la justicia española, que el proceso penal contra Puigdemont sí estaba suspendido por la consulta prejudicial sobre las euroórdenes planteada por el propio juez Llarena ante la justicia europea y que aún no ha sido resuelta.</CW>

El juez europeo recalcaba que la suspensión de la euroorden era automática en este caso y que, por tanto, no requería de ninguna decisión del alto tribunal español al respecto. En este sentido, el auto insistía en que la suspensión del proceso “lleva aparejada necesariamente la suspensión de la ejecución de las citadas órdenes”. La resolución admitía que, a pesar de las euroórdenes no estuvieran en vigor, cabía el riesgo de que en algún momento Puigdemont, Comín o Ponsatí fueran detenidos durante sus desplazamientos por países de la UE. No obstante, el auto restaba gravedad a esta posibilidad al destacar que la rápida puesta en libertad de Puigdemont en Italia, al día siguiente de ser arrestado, confirmaba que “las autoridades judiciales de ejecución no tienen intención de ejecutar las órdenes de detención europeas dirigidas contra los eurodiputados antes de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre esa petición”.

Solo tres días después de este pronunciamiento del Tribunal General de la UE, el abogado de Puigdemont ha presentado ante el Supremo los dos escritos conocidos este lunes. En ellos, Puigdemont y los tres exconsellers también piden al juez Llarena que le faciliten copias de las notificaciones que “en virtud de dicha suspensión y de conformidad con el principio de cooperación leal, se hayan hecho a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Sistema de Información de Schengen y a Interpol, en relación con la suspensión de dichas órdenes”.