El PSOE insta al PP a que acceda “de una vez por todas” a renovar el Poder Judicial

Tras la aprobación por el Congreso este jueves de los nuevos miembros de algunas altas instituciones, el PSOE vuelve a insistir en la necesidad de renovar también a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este diciembre cumplirán tres años con el mandato caducado. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez, ha recordado a los populares este viernes, durante una entrevista en La 1 de TVE, que la asignatura pendiente sigue siendo la renovación de este órgano, que mantienen bloqueada: “Le instamos [al PP] en todos los ámbitos y espacios públicos y privados a que asuman de una vez por todas esa responsabilidad para acabar con esta situación que ya se prolonga demasiado en el tiempo”, ha dicho.

El órgano de gobierno de los jueces ha quedado fuera del acuerdo sobre los nuevos nombramientos, que incluyen la polémica elección de Enrique Arnaldo para el Tribunal Constitucional, porque la formación de Pablo Casado condiciona ese pacto a que el PSOE se comprometa primero a cambiar el método de elección de los vocales. Pero Gómez ha reiterado la posición de su partido. “El PSOE está abierto a atender cualquier otra propuesta de cara al futuro, pero en este caso y en este momento hay una ley, hay un mandato constitucional sobre el que tenemos que actuar”, ha afirmado.

Según la normativa en vigor, los 20 vocales que componen el Consejo son elegidos por el Parlamento. De ellos, 12 son designados por las Cámaras de entre un listado de jueces propuestos por sus compañeros de la carrera judicial. El PP quiere que sean los propios jueces los que elijan directamente a esos 12 miembros, sin que medie la actuación del Congreso y el Senado, como sucedía antes de que el PSOE reformara la ley en 1985. Pero los socialistas insisten en que no puede ser un condicionante. “El PSOE solo quiere que se cumpla la ley y que los órganos estén actualizados y a pleno rendimiento”, ha subrayado Gómez.

La prioridad del PSOE, ha continuado el portavoz socialista, es conseguir un “acuerdo global” que permita la renovación de todas las instituciones. Esa prioridad es la que ha posibilitado que este jueves, a pesar de las protestas de algunos diputados, el Congreso validase el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP para la renovación del resto de órganos con el mandato expirado: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Todas las críticas se han dirigido al polémico nombramiento de Enrique Arnaldo para el Constitucional, propuesto por el PP y cuestionado por haber incumplido el Estatuto del Congreso y haber cobrado como asesor del Gobierno balear y otras administraciones cuando era letrado de la Cámara baja. Gómez ha restado importancia al respaldo de su grupo al candidato y ha defendido que es el PP quien tiene que “asumir la responsabilidad de los perfiles que eleva” a las instituciones.

Su partido, ha justificado, se ha limitado a votar “con responsabilidad”. “No podemos seguir trasladando el mensaje, no solo en nuestro país sino en el exterior, de una anomalía institucional permanente instalada en nuestro ámbito judicial”, ha argumentado. El malestar en su formación y la de sus socios de Gobierno con el candidato propuesto por los populares ha sido tal que varios diputados han roto la disciplina de voto y se han negado a avalar a Arnaldo. Entre los socialistas, el único que ha reconocido abiertamente su voto negativo ha sido Odón Elorza, al que el partido apartó de la portavocía de la Comisión por el duro tono empleado con el candidato y ante el temor de que pusiera en riesgo el pacto. Sin embargo, la posición predominante en ambos partidos ha sido la de apoyar al aspirante para evitar lo que consideran un mal mayor, el bloqueo institucional. Gómez se ha limitado a defender la propuesta de los socialistas: “Los perfiles que incorpora el PSOE responden a unos criterios de capacidad, mérito y carrera profesional ejemplar”.

A iniciativa de su formación, el Congreso ha avalado a Inmaculada Montalbán, una magistrada experta en igualdad de género. A propuesta de Unidas Podemos, parte minoritaria del Ejecutivo, se ha elegido al juez progresista Ramón Sáez Valcárcel, de la Audiencia Nacional. El cuarto magistrado para el Constitucional ha recaído de nuevo en el PP, que ha elegido a Concepción Espejel, jueza recusada en el caso Gürtel. A pesar de que la izquierda ha reconocido votar “con la nariz tapada”, Gómez ha defendido la actuación de su partido. “La responsabilidad del grupo socialista ha sido la de asumir el mandato constitucional y en eso estamos inmersos y vamos a seguir actuando con responsabilidad”, ha zanjado.