El letrado candidato del PP al Constitucional incumplió el Estatuto del Congreso

El letrado del Congreso de los Diputados Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para rellenar las cuatro vacantes pendientes desde noviembre de 2019 del Tribunal Constitucional, compatibilizó durante años su trabajo como coordinador jurídico de varias comisiones en la Cámara baja con su labor de asesor desde su despacho privado para distintas administraciones gobernadas por los populares y, en concreto, para el Ejecutivo balear que dirigía entonces Jaume Matas. Esa compatibilidad especial no está permitida específicamente por el artículo 62.K del Estatuto del Personal de las Cortes Generales. El pleno del Congreso tiene programada este jueves la votación individual, telemática y secreta de los cuatro aspirantes pactados entre el Gobierno, el PSOE y el PP. Los aspirantes necesitan superar los 210 votos en ese trámite y la suma del PSOE, PP y Podemos llega a 243 escaños. Casos similares y anteriores al de Arnaldo de letrados en esa situación fueron investigados y expedientados en el pasado por el secretario general del Congreso.

El propio Arnaldo contó durante el examen parlamentario que superó en la comisión de nombramientos del Congreso, la semana pasada, que había sacado esa dura oposición en 1986 y que años más tarde, en 2002, había solicitado oficialmente la compatibilidad que se permite a muchos letrados de la Cámara para trabajar a tiempo parcial en otros ámbitos. Es algo que sucede habitualmente. Por esa condición perciben menos sueldo fijo del presupuesto de las Cortes, unos 4.000 euros al mes, y acuden a su puesto para asesorar a los presidentes de las comisiones menos tiempo. Normalmente, se les asignan comisiones no legislativas y menos asiduas. Arnaldo, por ejemplo, ha sido esta legislatura letrado de la comisión mixta de Seguridad Vial (seis reuniones en todo 2020 y 10 en 2021) y también de la comisión mixta de estudio de Problemas de las Adiciones (cinco sesiones en 2020 y cinco en 2021). Esas reuniones suelen durar entre dos y tres horas por sesión.

Los letrados registran esas peticiones formales requiriendo la compatibilidad y la secretaría general las estudia y eleva para que las apruebe la propia Mesa del Congreso. Pero el afectado tiene que justificar en su solicitud para qué quiere ese permiso y en qué sectores planea trabajar ajenos a la Cámara para no incurrir en conflictos de intereses.

El Congreso es bastante permisivo porque muchos letrados recurren y son tentados para esas labores externas, pero las opciones que se les permiten están tasadas desde el artículo 60 al 67 del régimen de compatibilidades del Estatuto que regula al personal de la casa. El punto 62.K precisa que no serán compatibles con “la elaboración de informes o dictámenes para las Administraciones”. Arnaldo, según el sumario del caso Palma Arena, fue imputado por recibir un supuesto trato de favor del Ejecutivo balear del popular Matas, al que escribió en 2008 para proponerle un negocio: “No te olvides tampoco de mí para los temas jurídicos que puedan surgir”. Durante años el Gobierno balear sufragó informes encargados al despacho privado del que era socio Arnaldo.

Según consta también en un informe de Hacienda del sumario del caso Palma Arena, el despacho de Arnaldo (Estudios Jurídicos y Procesales) contrató entre 2003 y 2008 encargos por cientos de miles de euros con la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Álava, Aena, la Comunidad de Madrid y el PP como persona jurídica. En noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Las Rozas —en manos de la formación conservadora— le adjudicó un contrato de un año por 109.750,59 euros.

El Congreso no ha proporcionado ni la petición de compatibilidad de Arnaldo ni la notificación de la finalidad con la que se le otorgaron las mesas conjuntas, y solo indica que ese requerimiento genérico está en su web, con las iniciales del interesado, como cualquier funcionario de la Administración de acuerdo con la ley de Protección de Datos.

No es, sin embargo, la primera vez que se produce un escenario como este en el Congreso. En marzo de 2009, el entonces secretario general y letrado mayor del Congreso, Manuel Alba, informó y pidió autorización a la Mesa de la Cámara para abrir expediente y diligencias informativas a dos abogados del bufete del exministro José María Michavila, Alberto Dorrego y Andrés Jiménez, letrados también de las Cortes, a los que se cuestionaba que cumplieran legalmente las compatibilidades por asesorar también a distintos ayuntamientos de Madrid y la Comunidad Valenciana.