Yolanda Díaz: “Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias”

Yolanda Díaz mantiene firme el pulso que se inició este viernes con la convocatoria de la comisión de crisis de la coalición. Pedro Sánchez confirmó que respalda a Nadia Calviño en su intento de tomar el control de la negociación de la reforma laboral. En la clausura del congreso de CC OO, el sindicato del que fue dirigente el padre de Díaz, Suso, la vicepresidenta segunda ha dejado muy claro que mantiene el compromiso de la derogación de la reforma laboral que está firmado en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos. “Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas, compañeros”, ha dicho este sábado ante un público entusiasmado que le gritaba: “Presidenta, presidenta”. “Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido derogar ni alterar el modelo de relaciones de precariedad que ha impuesto unilateralmente la derecha en este país”, ha añadido en un mensaje que podría estar dirigido a la propia Calviño, que siempre ha rechazado la idea.

De hecho, la propia Díaz evitaba en los últimos meses la palabra “derogar” para ir al fondo del asunto, que son las reformas concretas, en especial en la negociación colectiva y una especie de reequilibrio de fuerzas a favor de los trabajadores. Pero este sábado ha recuperado el término como muestra de que está dispuesta a mantener el pulso que ya no es con Calviño, sino directamente con Sánchez. El presidente había endurecido su discurso en este asunto el pasado domingo, cuando dijo en el congreso del PSOE: “Avanzaremos poniendo punto final a leyes como la ley mordaza y la reforma laboral del PP, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios”. Pero cuatro días después, Sánchez ordenó a Calviño que enviara una comunicación a Trabajo para anunciarle que en la negociación entraban otros cuatro ministerios (Economía, Hacienda, Inclusión y Educación) y que sería la vicepresidenta primera la que se encargaría de la coordinación, apartando así a Díaz. Ahí empezó la crisis.

Todo el discurso de Díaz en CC OO parecía un aviso claro a su socio de Gobierno de que ella sigue adelante, y para eso ha pedido el apoyo de los sindicatos. Díaz ha garantizado varias veces ante los sindicalistas ese compromiso, en contraposición con aquellos “que dicen una cosa y hacen la otra”, otra clara referencia a sus socios socialistas. “Ahora tocan hechos y no palabras. La ciudadanía no quiere la política del que no cumple, que dice una cosa y hace la otra. En esos hechos me encontraréis. Mi compromiso con el nuevo país que avanza es total. Derogar la reforma laboral del PP es defender nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar. Es lo que vamos a hacer. Vamos a culminar esta tarea que además está ya avanzada”, ha insistido después de recordar que la negociación ya está muy adelantada, que llevan meses de reuniones ―desde el 17 de marzo― y garantizar a los sindicatos que ese trabajo no quedará en nada.

Ese es uno de los reproches principales de Unidas Podemos a este último movimiento de Sánchez y Calviño, que reclaman que Díaz consensúe la reforma con otros cuatro ministerios en manos del PSOE antes de seguir negociando: que sería como echar por tierra todo el trabajo realizado estos meses con sindicatos y empresarios y que, según Díaz, “ya estaba en su fase final”. Desde La Moncloa se argumenta que una reforma tan relevante antes tiene que contar con el aval de todo el Gobierno, pero el pulso aquí es para ver quién dirige esas negociaciones ahora, si continúa Díaz o pasan a manos de Calviño, y hasta dónde se puede llegar en ellas, también con la atenta mirada de Bruselas.

Una crisis que viene de lejos

La crisis entre los dos socios del Ejecutivo es esta vez muy de fondo. De hecho todos los caminos de la primera coalición de Gobierno desde la II República española conducen a un edificio sobre la Castellana que se diseñó precisamente en esos tormentosos años treinta: los Nuevos Ministerios, que desde el cielo recuerdan vagamente a la hoz y el martillo comunistas, y en el centro, a la altura de la empuñadura del martillo, tienen la gran joya de la corona de Unidas Podemos: el Ministerio de Trabajo.

La primera negociación para formar Gobierno en 2019 entre el PSOE y Unidas Podemos fracasó por muchas cosas, pero una de las más importantes es que los socialistas no querían entregar el Ministerio de Trabajo al grupo de Pablo Iglesias. “Un Gobierno socialista nunca os dará las políticas de empleo teniendo el triple de escaños que vosotros. Trabajo y Transición Ecológica no las vamos a soltar. Son las que le dan todo el sentido a este Gobierno”, llegó a decir Carmen Calvo en las negociaciones con Pablo Echenique. Los socialistas nunca llegaron a ofrecerlo. Iglesias insistía. Ya entonces pensaba en Yolanda Díaz para ese puesto.

La negociación de julio fracasó, y en noviembre, después del fiasco de la repetición electoral, en la que el PSOE se dejó tres escaños y Unidas Podemos siete, Sánchez lo tuvo claro: si quería una negociación rápida, tenía que ceder Trabajo. Pero eso sí, antes de hacerlo desgajó el ministerio: le quitó la Seguridad Social (las delicadísimas pensiones) y la inmigración, y lo dejó listo para Díaz. Iglesias aceptó enseguida.

Los demás ministerios de Unidas Podemos, incluida su vicepresidencia social, estaban casi vacíos de competencias. Pero Trabajo bien valía una coalición. El salario mínimo, la relación con sindicatos y patronal, darle la vuelta a la reforma laboral parecían suficiente premio. Iglesias llamó a Díaz: “Prepárate porque vas a ser ministra de Trabajo”. A partir de ahí, el PSOE y Unidas Podemos tardaron un mes en negociar el acuerdo de Gobierno. Y el punto más conflictivo fue precisamente la reforma laboral. Unidas Podemos no se fiaba y por eso se redactó todo con precisión, se discutió cada palabra: “Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”. “Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Pero una parte muy importante del Gobierno, en especial Nadia Calviño, nunca vio nada claro lo que ponía en ese papel. La vicepresidenta primera rechaza desde el primer momento la palabra “derogación”. De hecho fue ella la que forzó una rectificación en plena pandemia, cuando Adriana Lastra, con autorización de La Moncloa, había firmado un acuerdo con Bildu para que votara a favor de una prórroga del estado de alarma que incluía la promesa de “derogar la reforma laboral”.

Para Calviño, una tecnócrata formada en la escuela de la élite tecnócrata de Bruselas y con un estrecho contacto con el mundo empresarial, ha sido clave en todo momento dejar claro que ella dirige la política económica. Y Sánchez siempre la ha acompañado en eso. Cuando Pablo Iglesias salió del Gobierno para ser candidato en Madrid, la lógica política indicaba que Díaz sería vicepresidenta segunda, como él, y Calviño tercera. Estaba prácticamente cerrado. Pero Calviño dijo que no podía quedar subordinada a la ministra de Trabajo porque entonces no podría dirigir la política económica. Sánchez hizo a Díaz que eligiera: renunciar a Trabajo o ser vicepresidenta tercera. Díaz ni lo dudó: la joya es Trabajo, el orden es lo de menos.

La crisis, por tanto, se ha ido larvando poco a poco, mientras Díaz iba ocupando cada vez más espacio político y mejorando sus resultados en las encuestas, hasta el punto de estar ligeramente por encima de la valoración del presidente del Gobierno.

En este contexto, y justo cuando la coalición vivía un momento dulce porque acaba de subir el salario mínimo, pactar los Presupuestos y la ley de vivienda, el Gobierno cruje por su lado más sensible: la política económica y la reforma laboral. Eso explica que, a primera hora de la mañana, Ione Belarra anunciara algo que Unidas Podemos no había hecho nunca: exigía la convocatoria de urgencia del comité de crisis de la coalición para asegurar “que se cumple el acuerdo de Gobierno en materia de reforma laboral y la no injerencia en competencias laborales”, según fuentes de la formación. Y también que Pedro Sánchez, por la tarde, respaldara claramente que sea Nadia Calviño quien coordine las negociaciones de la reforma laboral: “Es una ley del Gobierno. Todos los ministerios tienen que colaborar. Esa es la petición y la orden que he dado. No es intervenir, es aportar, es colaborar”.

Por si este asunto fuera poco sensible, Unidas Podemos decidió este viernes además querellarse por prevaricación contra la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, por su decisión de retirar el escaño al diputado Alberto Rodríguez, un hombre cercano a Iglesias. El grupo de Díaz estaba convencido de que el PSOE resolvería esta situación y evitaría la caída de Rodríguez, pero Batet tomó la decisión final. Nunca hasta ahora en los conflictos entre las dos formaciones se había llegado al punto de emprender acciones judiciales contra una dirigente de uno de los socios. La iniciativa eleva la tensión al máximo. Los principales miembros de Podemos tomaron la decisión de querellarse contra Batet, sin que hubiesen sido consultados antes otros dirigentes de la coalición, entre ellos la propia Yolanda Díaz.

La ministra de Trabajo y su equipo llevan meses negociando la reforma laboral con patronal y sindicatos, pero Sánchez acaba de dar un golpe en la mesa para dejar claro que ella no la dirigirá en solitario. Antes tiene que pactarla con cuatro ministerios en manos de los socialistas, y sobre todo con Calviño, que tiene una visión muy diferente en este asunto, como en casi todos.

Nadie en el sector socialista ni en el de Unidas Podemos quiere plantearse el escenario de una ruptura que no conviene a ninguno de los dos y que podría ser desastrosa desde el punto de vista electoral justo cuando la derecha se está reunificando y rearmando ante el hundimiento de Ciudadanos. Pero tampoco se imaginan bien cómo se puede resolver una crisis de este calibre. Los socialistas insisten en que Unidas Podemos está sobreactuando para marcar perfil propio en un asunto sensible y al final todo quedará en nada porque no es tan difícil pactar la reforma laboral. Pero en Unidas Podemos mandan mensajes muy negativos sobre la maniobra de Sánchez, que en su visión ha intervenido directamente a Díaz en el asunto más relevante de su ministerio.

Los socialistas señalan que Sánchez solo pretende que haya un pacto interno en el Gobierno antes de rematar la negociación con sindicatos y patronal. Unidas Podemos contesta que Díaz tenía ya la negociación muy armada y estaba informando de todo a los demás ministerios, incluido Economía. Y se pregunta por qué Inclusión sí puede negociar la reforma de las pensiones sin intervención directa de Trabajo, por ejemplo, pero al revés no se puede hacer. La sospecha de que esto es un movimiento político para frenar el ascenso mediático y político de Díaz está muy extendida en Unidas Podemos, mientras desde La Moncloa desmienten esta idea y señalan que se trata de una organización normal del Gobierno en una ley muy sensible, como explicó Sánchez en Bruselas.

A ello se suma ahora la tensión con la presidenta del Congreso. Después de la querella por prevaricación anunciada por Podemos —y no pactada ni con Díaz ni con los otros socios de los comunes— los socialistas, que en principio habían presionado para que Rodríguez no perdiera el escaño, salieron oficialmente a respaldar la decisión de Batet, lo que implica otra fractura importante dentro de la coalición. Aun así, el único que puede querellarse es Rodríguez, no Podemos como partido, así que ahora ambos grupos intentarán reconducir por ahí la situación. Solo una semana después de que Sánchez y Díaz se fotografiaran felices en La Moncloa por el pacto de los segundos Presupuestos de la coalición, que según el presidente reforzaban el Gobierno y consolidaban el horizonte de agotar la legislatura dentro de dos años, retumba la primera gran crisis sin Pablo Iglesias en el Gobierno. Ya le pasó a Mariano Rajoy, que una semana antes de caer en una moción de censura estaba celebrando que había aprobado los Presupuestos que le darían dos años de estabilidad. Como siempre desde 2015, en la política española ningún análisis ni crónica periodística aguanta una semana sin quedar desfasada. Probablemente esta tampoco.