Unidas Podemos convoca la mesa de crisis de la coalición por una “injerencia” de Calviño en la reforma laboral

La coalición del Gobierno vive un nuevo momento de tensión por un asunto decisivo. Unidas Podemos (UP) ha solicitado este viernes a su socio socialista una “reunión urgente” de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición entre PSOE y UP, el órgano donde se debaten las crisis internas del Ejecutivo, que llevaba meses inactivo. Fuentes de la formación precisan que el motivo es “asegurar que se cumple el acuerdo de Gobierno en materia de reforma laboral y la no injerencia en competencias laborales”. La crisis se produce por lo que Unidas Podemos entiende como un intento de “injerencia” de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en las competencias de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la negociación de la reforma laboral.

La intensidad del desencuentro se ha multiplicado a última hora de la tarde hasta lo imprevisible debido a la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar el acta al diputado de Podemos Alberto Rodríguez tras varios días de tira y afloja a raíz de la sentencia de inhabilitación que le impuso el Supremo por agredir a un policía en 2014 en Tenerife. Podemos ha cargado contra la socialista Batet y ha anunciado que se querellará contra ella por prevaricación. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, en un tuit, ha acusado a Batet y al Supremo abiertamente de “prevaricar”, disparando la tensión entre las instituciones.

Horas después del órdago de Podemos por la reforma laboral, desde Bruselas, el presidente del Gobierno ha mostrado su apoyo a que sea Calviño quien coordine las negociaciones en las que, ha insistido, deben estar todos los departamentos. “En una ley del Gobierno que afecta al menos a cinco ministerios: Trabajo, Economía, Hacienda, Inclusión y Educación. Todos los ministerios tienen que colaborar. Esa es la petición y la orden que he dado. No es intervenir, es aportar, es colaborar”, ha sentenciado Sánchez, dejando claro así que Calviño tiene su respaldo en su intento de controlar la reforma laboral. Trabajo, que declina hacer cualquier valoración sobre las palabras del presidente, exige liderar la negociación con los agentes sociales, como ha hecho desde marzo, de la misma manera que Inclusión lidera el diálogo en la reforma de pensiones, por ejemplo, pese a que afecta también a varios ministerios. Fuentes del departamento consideran, además, que hasta ahora ha existido ya esa coordinación y recuerdan que tanto Economía como la Moncloa tienen toda la documentación referida a la reforma que ha sido llevada a las mesas de diálogo.

El conflicto se inició el jueves, cuando Economía envió una comunicación a través de correo electrónico a Trabajo en la que se decía que será el ministerio de Calviño el que coordine una negociación que ya no llevaría solo Díaz. Sánchez ha dejado muy claro que no fue una decisión de Calviño, sino una instrucción suya, de consecuencias impredecibles dentro de la coalición. Fuentes de la Moncloa señalan que una ley tan importante como esa no puede llevarla adelante solo Trabajo, porque es una norma clave dentro del Gobierno, y antes de negociarla con los agentes sociales hay que consensuarla dentro del Ejecutivo entre los ministerios afectados. “La reforma laboral no está puesta en entredicho. Es un compromiso del Gobierno de coalición y está recogido en el plan de recuperación, vamos a ponerla en marcha antes de final de año. Lo que estamos haciendo es una coordinación habitual en una reforma que afecta a varios ministerios”, señalan fuentes gubernamentales.

Sin embargo, la clave política está en quién coordina esos trabajos y las negociaciones con patronal y sindicatos. Díaz no acepta que sea Economía quien los dirija e insiste en continuar como hasta ahora. Las reuniones de los agentes sociales y Trabajo por la reforma se vienen produciendo de forma ininterrumpida desde marzo, con el secretario de Estado de Díaz, Joaquín Perez Rey, al frente, y la negociación está muy avanzada. El miércoles fue el último encuentro, donde hubo un choque entre CC OO y la patronal por cuestiones relativas al contrato formativo, pero las fuentes consultadas señalan que esto es habitual y la negociación iba bien hasta este momento. La Moncloa, sin embargo, insiste en que llegado a este punto primero hay que ponerse de acuerdo dentro del Gobierno y después volver a negociar.

En Unidas Podemos, sin embargo, la sensación es que el PSOE se resiste a derogar la reforma del PP justo cuando el acuerdo para ello podía llegar ya en noviembre, tal y como se comprometió Díaz. Además de las posturas encontradas con Calviño, el acuerdo supondría la enésima victoria para la titular de Trabajo, y por extensión, para Unidas Podemos, después de otros logros como la subida del salario mínimo interprofesional, las prórrogas de los ERTE o la ley de vivienda.

Sánchez está en Bruselas, y este jueves se reunió con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que está muy encima de la reforma laboral. El pulso, por tanto, es de fondo entre los dos sectores del Gobierno y tiene un trasfondo claro que ha marcado la tensión desde el principio: quién dirige la política económica y en particular un asunto tan sensible como la reforma laboral.

Este salto de Díaz de convocar la mesa de seguimiento es inédito, no lo había dado en ninguna de las anteriores situaciones de tensión con Calviño. Fuentes de Unidas Podemos consideran que este conflicto es “grave” y “delicado” al tratarse de la reforma laboral y de una injerencia en las competencias más importantes que tiene Unidas Podemos. Desde la Moncloa tratan de minimizar la dimensión de la crisis y señalan que se convocará el órgano sin problema y se encontrará una solución. “El Gobierno de coalición goza de muy buena salud, hay un alto grado de cumplimiento del acuerdo de Gobierno, acabamos de pactar Presupuestos, salario mínimo y ley de vivienda”, señalan en la Moncloa, donde apuntan que es normal que en una reforma tan compleja como la laboral entren otros ministerios además de Trabajo.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha hecho pública la petición de la reunión urgente a través de su cuenta de Twitter sobre las 9.30 de este viernes, después de haber mantenido un encuentro telemático coordinado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. En su mensaje, Belarra justificaba la celebración de esta cita en la necesidad de “abordar la gestión y ejecución de los compromisos de coalición”.

Hace tan solo dos semanas PSOE y UP alcanzaron un acuerdo para la aprobación del borrador de Presupuestos del próximo año. El pacto fue posible gracias a la conformidad en otra de las leyes que han desatado más tensiones dentro de la coalición, la ley de vivienda, que está previsto se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros. Hace unos días, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el congreso federal del PSOE, se comprometió a poner fin a la reforma laboral, así como la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. Esta es otra de las cuestiones pactadas en el acuerdo de coalición, pero que hasta ahora estaba bloqueada. Este mismo jueves, el Gobierno y el PP alcanzaron un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos, y el PSOE y Unidas Podemos pactaron sin problemas los nombres que les correspondían.

Sin embargo, la baraja se ha roto por el lado más sensible, el de la reforma laboral. Díaz ha pilotado este asunto y quiere seguir haciéndolo, porque en la negociación del Gobierno a Unidas Podemos le correspondió Trabajo, el ministerio más potente que controla, y es ella la que dirige la negociación con empresarios y sindicatos para promover una reforma laboral que tiene que estar lista antes de finales de año, porque ese es el compromiso con Bruselas. Las posiciones en este asunto entre Díaz y Calviño han estado muy alejadas desde el principio. Y además de la patronal, que también se resiste a muchos elementos de la reforma, hay un agente decisivo, la Comisión Europea. Bruselas desconfía ante la posibilidad de que el mercado laboral pierda flexibilidad, especialmente por las medidas relativas a la negociación colectiva. La Comisión avala así la posición de Nadia Calviño, que percute por ese flanco desde hace meses. Economía quiere matizar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresas y la ultraactividad de los convenios (es decir, qué ocurre cuando un convenio vence y no se ha alcanzado un acuerdo). Trabajo defiende que eso está negro sobre blanco en el acuerdo de coalición y aduce que Bruselas ha dado el visto bueno a su posición, según las fuentes consultadas. Y está preparando un informe para convencer a la Comisión.

Y ahí radica el nudo de ese desencuentro: la prevalencia de los convenios de empresa frente a los de sector en la negociación colectiva, que impuso la reforma del PP y Díaz quiere revertir. Bruselas y Calviño se resisten porque creen que perjudicaría la flexibilidad. Díaz, respaldada por los sindicatos, reivindica el acuerdo de Gobierno y además defiende que la reforma del PP ha perjudicado a los trabajadores y ha permitido una gran devaluación salarial y la única manera de hacer una “recuperación justa” que incluya mejoras de los salarios es cambiando por completo este punto para dar más fuerza a los convenios sectoriales, a menudo mejores para los trabajadores.

Calviño defiende que el acuerdo de Gobierno permite la convivencia de convenios de empresa y el sectorial. El acuerdo al que apela Unidas Podemos es claro en su punto 1.3, titulado Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Y ahí entra en tres reformas concretas: “Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad”, algo que ya se ha hecho. “Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo”, que es la llamada ultraactividad que también discuten Díaz y Calviño. Y por último el más relevante: “Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”. Aquí está la discusión central entre la vicepresidenta primera y la segunda.

Esta vez serán Adriana Lastra, número dos del PSOE, y la ministra Ione Belarra, también secretaria general de Podemos, las que hablarán para convocar la reunión, que aún no tiene fecha. Además de la propia Lastra, los socialistas enviarán al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la de Hacienda, María Jesús Montero, y el portavoz parlamentario, Héctor Gómez. Unidas Podemos aún no ha decidido quien irá, pero se da por descontada la presencia de Belarra y del secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. En caso de conflicto al máximo nivel, es el propio Sánchez quien debería resolverlo con Díaz.

De hecho, Calviño rebajó este jueves mucho las palabras del presidente en el congreso del PSOE, cuando habló de “poner punto y final a leyes como la ley mordaza y la reforma laboral del PP, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios”. Calviño fue mucho más suave el jueves en el congreso de CC OO. En lugar de acuñar el verbo “derogar”, utilizó el de “emplazar” para “superar el debate entre reformas y contrarreformas”. “Toca trabajar mirando al futuro y abordar un paquete equilibrado de cambios que modernice nuestro mercado laboral, que lo europeíce y nos permita dejar atrás esas lacras y lastres tan negativos desde el punto de vista de la precariedad laboral y que afectan especialmente a los jóvenes”, indicó la vicepresidenta. En el Gobierno no es un secreto para nadie que Calviño siempre se ha resistido a cambiar la reforma laboral del PP, pero ahora la cuestión ha llegado a su momento clave y habrá que tomar una decisión porque no es un asunto que ninguna de las dos partes vayan a dejar pasar.