Educación, eutanasia, ‘procés’ y estado de alarma: los retos pendientes del Constitucional renovado

El Constitucional que quedaría renovado tras el acuerdo entre el Gobierno y el PP tiene una densa agenda por delante, que incluye algunas de las leyes más importantes de la presente legislatura. De entrada, en el próximo pleno está previsto que se resuelva el recurso de Vox sobre el segundo estado de alarma, en la que sería la tercera resolución del tribunal sobre la estrategia jurídica puesta en marcha por el Ejecutivo para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Como en el caso de los dos fallos anteriores —sobre el primer estado de alarma y sobre el parón de las actividades parlamentarias al comienzo de la pandemia—, la ponencia preparada para este caso también propone declarar inconstitucionales diversos aspectos. El borrado de sentencia cuestiona la falta de control parlamentario y la delegación de competencias a las comunidades autónomas, en aras de la cogobernanza.

Durante los próximos meses el tribunal deberá examinar también los recursos presentados por Vox y por el PP contra la reforma educativa de la ley Celáa y contra la ley de eutanasia, dos iniciativas clave del Gobierno. Por otra parte, tendrá que pronunciarse sobre las fórmulas alternativas de juramento utilizadas por los parlamentarios de varios grupos, un asunto al que se le da especial trascendencia desde el propio Constitucional, ya que si se considerara que los diputados que las usaron no accedieron legalmente a su escaño, la decisión podría tener efectos sobre la composición de las Cámaras.

Antes de fin de año, el tribunal ha previsto aprobar también dos de los recursos más importantes de los condenados por el procés. Se trata del presentado por la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell —que plantea la cuestión de la inviolabilidad—, y del interpuesto por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras sobre su inmunidad como europarlamentario.

El Tribunal de Cuentas, a su vez, tiene en el expediente por la promoción exterior del procés el asunto más candente. Deberá resolver sobre el recurso contra la denegación de los avales para pagar la fianza de 5,4 millones de euros que se reclama a 34 ex altos cargos del Gobierno catalán.