Vox dinamita los consensos en el Congreso

“Nosotros no somos como ustedes”, repiten a menudo los diputados de Vox en la tribuna del Congreso. Ese “ustedes” abarca a todos los demás, incluido el PP, a quien el partido de Santiago Abascal también mete en el saco de lo que sus dirigentes llaman el “consenso progre”. Su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, hasta ha acuñado un lema: “Ya solo queda Vox”. En el año y medio que va de legislatura, la extrema derecha se ha afanado por demostrarlo.

Eso que Vox llama el “consenso progre” abarca una temática muy amplia: la violencia contra la mujer y la política inmigratoria, en primer lugar, pero también la protección de la infancia y del medio ambiente, el trato a los animales, la financiación autonómica, los derechos de los discapacitados, los secretos oficiales, las pensiones, las ayudas a la cultura, las recomendaciones de la ONU, la reparación a las víctimas del franquismo… Por debajo de la espuma de la polarización, algunos de estos asuntos han suscitado amplios consensos en el Congreso, hasta unir en votaciones al PP con partidos del extremo izquierdo del arco parlamentario como EH Bildu o la CUP. En otros, los populares han dejado hacer refugiándose en la abstención. En todos, la única voz discordante ha sido la del partido de Abascal, con el añadido ocasional de algún diputado de la derecha regionalista en el Grupo Mixto.

Muy al contrario del clima habitual, el pasado 20 de mayo abundaban las felicitaciones entre los grupos del Congreso. Se aprobaba definitivamente la ley de protección de la infancia, promovida por el Gobierno y saludada por la diputada del PP María de la O Redondo: “Hoy es un gran día. Esta ley puede suponer un antes y un después”. A Redondo la había precedido la parlamentaria de Vox Teresa López, quien comenzó su discurso evocando el relato bíblico de Herodes, el rey infanticida, para concluir: “En esta ley no hay justicia ni bondad, hay odio”. Los suyos fueron los únicos votos en contra.

La satisfacción general ese 20 de mayo se completó con la aprobación de una ley que impide la incapacitación jurídica de las personas con discapacidades. Otra diputada del PP, María Jesús Moro, apeló a su especialidad profesional para dejar constancia: “Hoy más que nunca me siento orgullosa de ser civilista”. Antes que ella, también había hablado una diputada de Vox —y una de las más afiladas—, Rocío de Meer, para lanzar sus dardos solitarios contra la reforma. Como esta recoge las recomendaciones de una Convención de la ONU, De Meer recurrió a uno de sus argumentos favoritos para arremeter contra el resto: “Son ustedes esclavos del globalismo”.

Esa escena de Vox contra todos, incluidas la derecha tradicional y la izquierda anticapitalista, se ha visto con frecuencia desde el inicio de la legislatura. Frente al apoyo unánime de los demás, la extrema derecha también fue la única en votar en contra de la ley de protección de las víctimas de violencia de género, de la reforma de los registros civiles, de la petición de un nuevo sistema de financiación autonómica, de la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja, de la transferencia a Galicia de la autopista AP-9, de la regulación del régimen jurídico de los animales o del resarcimiento a las víctimas de los bebés robados durante el franquismo. Sobre este último caso, De Meer sostuvo que se trata de “un dogma de fe que quieren imponer a los españoles”. Vox es además la única formación política que ha votado contra las prórrogas del estado de alarma, excepto la primera.

En otros casos, la coincidencia no ha sido tan amplia, pero los grupos discrepantes —sobre todo el PP— se han limitado a abstenerse, mientras Vox erguía la bandera del rechazo frontal. Así sucedió con la ley contra el cambio climático, una proposición legislativa sobre la igualdad de trato y la no discriminación, la regulación de la actividad de los lobbies en el Congreso, la reforma de la ley de secretos oficiales, la derogación de la norma que permitía despedir a trabajadores enfermos con reiteradas faltas de asistencia, la retirada de condecoraciones a los torturadores del franquismo o las medidas urgentes de apoyo al sector de la cultura en medio del confinamiento. Cuando se debatió este último asunto, en mayo del año pasado, el diputado de Vox Ángel López Maraver acusó al mundo cultural de ofrecer “bodrios infumables que tratan de imponer su ideología” y cerró así el discurso: “Si quieren cultura, ahí tienen la tauromaquia”.

En algunos temas que también han suscitado un consenso amplísimo, Vox no ha ido tan lejos en su disidencia, pero ha negado su apoyo y ha impedido la unanimidad al optar por la abstención. Ahí se contabilizan asuntos como el ingreso mínimo vital —lo que llamaban “la paguita”—, la regulación del teletrabajo, el nuevo sistema retributivo de los funcionarios, la ratificación del convenio internacional contra la violencia y el acoso en el trabajo, la prohibición de las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo o la solicitud de medidas para proteger a las personas sin hogar. Tampoco respaldó la revalorización de las pensiones, aunque en eso encontró compañía en el otro extremo del arco parlamentario: la CUP y el BNG.

La extrema derecha, que aspira a convertirse en aliado indispensable para que el PP recupere el Gobierno, había dejado clara su actitud desde el minuto inicial de la legislatura. Entonces, en febrero del año pasado, Vox fue el único grupo que se opuso a crear una serie de comisiones no legislativas para asuntos como el seguimiento del Pacto de Toledo, los derechos de la infancia, los problemas de las adicciones o la estrategia de desarrollo sostenible. Con su aire siempre ufano, Espinosa de los Monteros reconvino así a todos los demás: “Está en su naturaleza crear órganos, observatorios, comisiones y entes remunerados. ¡Son ustedes la casta!”.