La Fiscalía apoya los cierres territoriales locales, pero cuestiona el toque de queda

Cada medida solicitada por una comunidad para combatir el virus debe ser estudiada sin partir de un criterio preestablecido. Este es el mensaje que le transmitió este martes la fiscal general, Dolores Delgado, a los 17 fiscales superiores en la reunión a la que les convocó para analizar las restricciones de derechos fundamentales solicitadas por las comunidades tras el estado de alarma. Aunque no se van a dar pautas concretas, el toque de queda y los confinamientos perimetrales generalizados generan muchas dudas en el ministerio público. La Fiscalía sí avalará los cierres de municipios pequeños o áreas sanitarias con alta incidencia del virus.

La fiscal general expuso a los jefes de las fiscalías autonómicas que el ministerio público no rechaza de plano que con las leyes sanitarias vigentes se puedan restringir derechos fundamentales una vez levantado el estado de alarma, pero tampoco caben restricciones generalizadas. A partir de esta premisa, los fiscales autonómicos tendrán que estudiar las medidas solicitadas por la comunidad autónoma y valorarlas en función de la situación sanitaria y de la intensidad de las limitaciones de derechos que se planteen, explican fiscales presentes en el encuentro.

“No nos puede dar parámetros cerrados porque se puede interpretar la ley orgánica del 86 de manera estricta o suave. Ni sí a todo ni no a todo”, señala uno de los fiscales participantes. Los fiscales superiores actuarán con cierta autonomía, de forma que estudiarán cada petición y redactarán sus conclusiones, que serán compartidas con el fiscal de Sala de lo Contencioso del Supremo, Pedro Crespo, para garantizar una unidad de criterio mínima.

A la reunión asistieron, además de Delgado, Crespo y los fiscales superiores, el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos; el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García; y fiscales especialistas en contencioso y constitucional.

Durante el encuentro se analizaron las tres principales medidas que están centrando el debate: el toque de queda, los confinamientos perimetrales y el límite a las reuniones sociales. Aunque el ministerio público ha mantenido hasta ahora criterios diferentes sobre peticiones formuladas por las comunidades (por ejemplo en la Comunidad Valenciana avaló el toque de queda y en Baleares; Navarra y el País Vasco se opuso), los fiscales coincidieron este martes en que el confinamiento nocturno es una medida muy restrictiva con difícil encaje constitucional sin estado de alarma. Frente a esta medida, el ministerio público aboga por soluciones intermedias como adelantar el cierre de los lugares de ocio nocturno y controlar las concentraciones con las normas antibotellón vigentes en la mayoría de las comunidades, en la línea de lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el auto en el que rechazó el toque de queda solicitado por la Comunidad.

La Fiscalía se inclina por oponerse, en principio, a los cierres territoriales generalizados de toda una comunidad, aunque por ahora ningún Gobierno regional lo ha solicitado. En cambio, sí apoyará los cierres de municipios pequeños o áreas sanitarias que presenten una alta incidencia del virus. El ministerio público considera que esta decisión está cubierta por la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, que habilita a las autoridades sanitarias al control de las personas contagiadas y sus contactos, pero también, del medio ambiente inmediato.

Es el caso, por ejemplo, de los cierres solicitados por el Gobierno andaluz para cuatro municipios —Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz) y Montefrío (Granada)— que superan una incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras la Sala de lo Contencioso con sede en Sevilla ha avalado el cierre de los municipios de Córdoba y Cádiz, la de Granada se ha opuesto al de esa provincia, una decisión que la Junta de Andalucía ha anunciado que recurrirá al Supremo. La Fiscalía apoyó el cierre perimetral en los cuatro casos y prevé mantener ese criterio ante el alto tribunal, según lo debatido en la reunión con la fiscal general.

Durante el encuentro, los fiscales mostraron también dudas de que se puedan recurrir las resoluciones judiciales dictadas antes del 9 de mayo, fecha en la que entró en vigor la reforma legal del Gobierno que permite recurrir ante el Supremo las decisiones de los tribunales superiores de justicia. Por esta razón, el ministerio público ha renunciado a recurrir la decisión del pasado viernes del tribunal balear de avalar el toque de queda en esa Comunidad, al que la Fiscalía se opuso.

Con información de Jesús García (Barcelona), Javier Martín-Arroyo (Sevilla) y Lucía Bohórquez (Palma).