Solo siete países de la UE mantienen el estado de emergencia contra la pandemia
Se trata de Bulgaria, Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Eslovaquia e Italia, que es el único que prevé prolongarlo hasta el 31 de julio
Las medidas de emergencia aprobadas durante el pasado otoño e invierno para frenar la tercera y la cuarta ola de la covid-19 están siendo retiradas en casi todos países de la UE. En la actualidad, solo 7 de los 27 socios de la Unión mantienen en vigor el estado de alarma o de emergencia sanitaria, según el recuento que elabora el Parlamento Europeo por encargo de su Comisión de Libertades civiles. Esa comisión, presidida por el eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar, hace un seguimiento permanente sobre la evolución de unas normas que han supuesto una supresión sin precedentes de libertades fundamentales.
A fecha de 28 de abril, cuando el Parlamento cerró su actualización número 26 sobre el impacto las medidas excepcionales en las libertades fundamentales, solo siete países preveían mantener el estado de emergencia hasta finales de mayo o junio. Se trata de Bulgaria, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Eslovaquia. Y de todos ellos, solo Italia prevé prolongarlo al menos hasta el 31 de julio.
El Parlamento ya pidió en una resolución a finales del año pasado que los Estados “se planteen la posibilidad de abandonar el estado de emergencia o, de no ser posible, la opción de limitar su impacto en la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales”. Pero la mortífera propagación del virus, sobre todo, después del verano y del período festivo de fin de año, llevó a numerosos países a endurecer las restricciones y a limitar, entre otras cosas, la libertad de movimiento y la de reunión.
Durante la tercera o la cuarta ola hasta 16 países, incluida España, declararon el estado de alarma o emergencia. Y el resto adoptó medidas equivalentes aunque con otra base legal. El frenazo de la actividad económica, social o escolar ha sido drástico, aunque en la inmensa mayoría de los casos no se ha llegado al parón casi total de la primavera negra de 2020. La primavera de 2021 ha marcado el inicio de un proceso de desescalada que se acelera, como el año pasado, a medida que se acerca el verano. Pero con el impulso, esta vez, de unas campañas de vacunación que avanzan a un ritmo de tres millones de pinchazos al día en toda la UE.
Pero las medidas restrictivas continúan en mayor o menor medida y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior mantiene una vigilancia permanente ante el riesgo de que algunos gobiernos aprovechen la pandemia para coartar de manera indebida ciertas libertades. La tentación es evidente en aquellos países donde la crisis coincide con turbulencias políticas o con protestas por motivos diversos.
El informe del Parlamento Europeo recuerda, por ejemplo, el caso de Bulgaria, donde el Gobierno intentó enmendar el Código Penal para incluir multas y penas de prisión por difundir falsa información. El presidente del país vetó la propuesta. En Alemania las protestas contra las restricciones se han repetido a lo largo de la pandemia, con numerosos choques con las fuerzas del orden y el Gobierno federal de Angela Merkel ha optado por una ley que le da poderes extraordinarios para imponer el toque de queda por encima de las autoridades regionales. En Hungría, según Amnistía Internacional, el Gobierno de Viktor Orbán ha utilizado las medidas sanitarias para restringir la libertad de expresión y el derecho de reunión.
La Comisión que preside López Aguilar sigue con inquietud la evolución de todas las normas ante el temor de que alguna no guarde la proporcionalidad debida. Pero la recopilación de medidas también menciona las que no tienen carácter restrictivo, sino todo lo contrario. Es el caso de Portugal, que hasta el 30 de junio, como mínimo, ha reconocido a todos los solicitantes de asilo los mismos derechos que a los ciudadanos portugueses para facilitarles el acceso a los servicios sanitarios y sociales.
Esta es la situación en distintos países del entorno:
Francia
Francia saldrá del estado de alarma —el estado de urgencia sanitaria, como se denomina en este país— el 2 de junio próximo. Pero no regresará en seguida a la normalidad. Entre la citada fecha y el 31 de octubre, pasará por una fase transitoria en la que en el primer ministro podrá volver a imponer, si la evolución de la pandemia lo aconseja, medidas que limiten la movilidad de las personas, el acceso a cines, comercios y lugares públicos, y la celebración de reuniones y manifestaciones. Un cambio notable de la nueva situación respecto al estado de alarma será que el primer ministro ya no podrá reconfinar de manera unilateral todo el país ni ordenar toques de queda a escala nacional, aunque en caso de un resurgimiento del virus podrán hacerlo en el ámbito local, si afecta a menos del 10% de la población francesa. El proyecto de ley sobre la salida de la crisis sanitaria, que esta semana ha empezado a debatirse en la Asamblea Nacional, no supone un fin abrupto del estado de alarma, sino una salida progresiva, o, como algunos medios lo han llamado, un estado de alarma light. El actual estado de urgencia sanitaria, que vence el 1 de junio, entró en vigor el 17 de octubre de 2020 para frenar la segunda ola del virus.
Italia
Italia prorrogó a finales de abril el estado de emergencia en el que lleva sumida más de un año hasta el 31 de julio. La decisión se tomó para gestionar mejor la campaña de vacunación y aplicar las últimas medidas de contención de la covid-19, según acordó el equipo científico que asesora al Gobierno durante la pandemia. Fue el Consejo de Ministros quien lo aprobó, de modo que todos los partidos que forman el Ejecutivo —todos menos Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni— estuvieron de acuerdo en hacerlo. Las polémicas, sin embargo, han seguido sucediéndose en el seno del Gobierno a cuenta del horario del toque de queda y del nivel de restricciones que había que aplicar.
Alemania
Pese a que Alemania contempla en su legislación el estado de alarma no lo ha aplicado en ningún momento durante la pandemia. El Ejecutivo de Angela Merkel ha consensuado las medidas restrictivas con los 16 Estados federados en reuniones periódicas que empezaron a complicarse entre febrero y marzo de este año, cuando algunos líderes regionales empezaron a discrepar y a no aplicar lo acordado en sus territorios. El mes pasado, durante la tercera ola, el Gobierno federal modificó una ley para imponer medidas comunes en todo el país y obligar así a los Länder díscolos a ajustarse a lo decidido por la mayoría, como el toque de queda nocturno a partir de una determinada incidencia.
Reino Unido
En Reino Unido no ha habido nunca estado de alarma propiamente dicho. El Parlamento aprobó una ley, en una sola votación que no necesitó de prórroga, para conceder al Gobierno una serie de capacidades excepcionales que, por otra parte, se aplicaron de un modo muy laxo. De hecho, la ley sigue vigente, a pesar de que la desescalada ya esté avanzando.
Bélgica
Bélgica ha combatido la segunda y la tercera ola de la covid-19 con unas restricciones draconianas a pesar de que constitucionalmente no está permitido el estado de alarma. El Gobierno belga ha utilizado los poderes excepcionales que le otorga la constitución para imponer por decreto a partir de octubre del año pasado el cierre de toda la hostelería desde el mes de octubre de 2021 (hasta la apertura parcial del pasado 8 de mayo); el cierre de todos los locales de ocio, desde cines o teatros hasta gimnasios, hasta el próximo 8 de junio; el cierre de todos los servicios de contacto (como peluquerías o centros de belleza) hasta febrero. Por decreto se impuso también un toque de queda a partir de las doce de la noche (desde las 22 horas en Bruselas) que expiró el pasado viernes. La disciplina social se ha mantenido durante todos esos meses, pero las protestas por la suspensión por decreto de derechos fundamentales ha ido creciendo. La Liga de Derechos Humanos logró el 31 de marzo que un tribunal fallase que el Estado belga debía adoptar la base legal necesaria en el plazo o retirar todas medidas restrictivas so pena de una sanción coercitiva. El Estado belga recurrió y el plazo se ha prolongado de facto. La sentencia definitiva llegará, probablemente, cuando todas las restricciones hayan sido levantadas. Pero el caso ha demostrado que la sociedad civil difícilmente permitirá la imposición de medidas drásticas por decreto en caso de nuevas olas de contagios tras el verano. El Parlamento belga tramita ya una Ley de Pandemia que permitiría combatir el virus con medidas excepcionales pero sometidas al escrutinio legislativo.
Con información de Marc Bassets, Daniel Verdú, Elena G. Sevillano y Rafa de Miguel
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