El Poder Judicial advertirá a Europa del “impacto” para el Tribunal Supremo de la reforma que prohíbe los nombramientos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advertirá a Europa del “impacto” que tiene para el Tribunal Supremo la reforma legal que limita las atribuciones del órgano de gobierno de los jueces. Así lo señala la propuesta que prevé debatir este miércoles el pleno para responder al formulario enviado por la Comisión Europea para la elaboración del informe anual sobre el Estado de derecho. En ese formulario, Bruselas pregunta directamente al Consejo por el impacto “esperado” de la ley. El borrador de respuesta que examinarán los vocales explica que la norma impide al CGPJ hacer nombramientos discrecionales cuando, como ahora, esté en funciones, lo que tendrá el “impacto mayor” en el Tribunal Supremo, ya que las vacantes que aquí se producen no se pueden cubrir.

El pleno que preside Carlos Lesmes ha descartado, por ahora, denunciar en Europa la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos que restringe las funciones del Consejo cuando caduca su mandato de cinco años (el actual expiró en diciembre de 2018). Pero el informe sobre el Estado de derecho que prepara la Comisión Europea ha brindado al órgano la oportunidad de hacer llegar a Bruselas su valoración de la ley. La Comisión ha pedido la participación del Consejo mediante un formulario de seis preguntas cuya respuesta se pactará este miércoles a partir de la propuesta elaborada por la vocal Nuria Díaz y, entre esas preguntas, se incluye una directamente relacionada con la norma recién aprobada.

“Según la información de la que dispone la Comisión, recientemente ha entrado en vigor una nueva ley que modifica las competencias del CGPJ mientras este permanezca en funciones ad interim. ¿Cuál es el impacto esperado de esta ley?”, pregunta la Comisión, que pide que el Consejo divida su respuesta en dos apartados: el impacto “en el funcionamiento del CGPJ” y el impacto “en el funcionamiento del sistema de justicia”. Sobre el primero, la propuesta de la vocal Díaz critica la técnica legislativa empleada en la redacción de la ley que, a su juicio, “plantea muchos problemas interpretativos”. El texto se hace eco del informe elaborado por el gabinete técnico en el que se daban pautas sobre cómo interpretar la norma y advierte de que aunque ese texto no entraba en el informe de la constitucionalidad de la norma, en sus conclusiones sí destacaba, sin embargo, que las funciones atribuidas al Consejo se establecen en la Constitución y que la ley orgánica reformada recientemente aunque puede ampliar las funciones del Consejo General del Poder Judicial, no puede reducir las que la propia Constitución establece.

Respecto a cómo afecta al funcionamiento de la justicia, el texto señala que el “principal impacto” es que la ley impide realizar nombramientos discrecionales, es decir, de magistrados del Tribunal Supremo y de cargos gubernativos. El impacto mayor de la reforma se lo llevará el Tribunal Supremo, ya que las presidencias de Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y las presidencias de sala seguirán ejerciendo en funciones hasta que el nuevo Consejo las renueve, señala el texto, que fija en siete las vacantes sin cubrir que ya hay en el alto tribunal.

La propuesta de la vocal Díaz, a la que el pleno encargó el pasado viernes la redacción de la respuesta al formulario de la Comisión Europea, será debatida este miércoles en la Comisión Permanente (el máximo órgano de decisión del Consejo) y por la tarde se llevará al pleno extraordinario al que están convocados los vocales a las siete de la tarde. Miembros del órgano consultados señalan que aunque el texto presentado por Díaz puede sufrir algunos cambios, se da por seguro que el pleno consensuará una respuesta para enviar a Bruselas.

Bloqueo del Consejo

El Consejo ya ha participado en otros informes europeos sobre el Estado de derecho, pero es la primera vez que la redacción de esa respuesta se debate y pacta en el pleno. Así lo acordó la semana pasada el órgano a petición de un grupo de vocales que pidió que el Consejo informara a la Comisión Europea sobre la reforma legal que restringe sus funciones.

El formulario enviado por Bruselas al Consejo evidencia que Europa está pendiente de los principales conflictos que arrastra el Poder Judicial en España, tanto el originado a partir de la ley impulsada por los socios de Gobierno como el derivado de la falta de acuerdo entre los grupos políticos para renovar el órgano. Por este bloqueo se interesa Europa en la primera pregunta incluida en su formulario: “Tal y como se refleja en el capítulo del informe Estado de derecho 2020 correspondiente a España, el nombramiento de los nuevos vocales del CGPJ está pendiente desde 2018. ¿Podría facilitar un estado de la cuestión en cuanto al procedimiento de nombramiento de los nuevos miembros del CGPJ? ¿Cómo ha repercutido esta circunstancia en el trabajo del CGPJ?”.

La respuesta propuesta recuerda los fracasados intentos de renovación y las cuatro ocasiones en las que Lesmes se ha dirigido a las Cortes para pedir que se cumpla el mandato constitucional de elegir nuevos vocales. En cuanto a cómo ha incidido esta circunstancia en el trabajo del CGPJ, el texto señala que, cuando se ha tenido conocimiento de que el acuerdo entre los partidos estaba cerca, el Consejo ha evitado llevar a cabo nombramientos discrecionales para intentar “facilitar” el pacto.

La propuesta de informe a la Comisión Europea es el último de los tres puntos que incluye el orden del día del pleno de este miércoles. En los dos primeros se debatirán dos posibles vías de impugnación de la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos: que lo haga directamente el órgano de gobierno de los jueces (presentando un conflicto entre órganos constitucionales, una figura que reserva al Constitucional la competencia para resolver controversias entre los poderes del Estado) o que el CGPJ se limite a pedirle al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad. Ambas propuestas han sido suscritas por ocho vocales, pero para salir adelante necesitan 11 votos, una mayoría que los vocales consultados dudan que pueda obtener. Con todo, varios miembros del pleno consultados, aunque reconocen no ser de entrada partidarios de ninguna de estas dos propuestas, admiten estar abiertos a apoyar la presentación del conflicto entre órganos constitucionales si durante el pleno se plantean argumentos favorables que lleven a considerar mayoritariamente esta opción.