Los tres nombres que enquistaron el pacto del Poder Judicial

El veto del PP a que el juez José Ricardo de Prada entre como vocal en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido, según han confirmado populares y socialistas, el detonante de la ruptura del acuerdo de renovación del órgano, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. El juez que aceptó junto a otro magistrado la declaración de Mariano Rajoy que pedía la acusación popular como testigo en el primer juicio de Gürtel se convirtió en el principal escollo de la negociación, pero no ha sido el único nombre que ha tensado las conversaciones hasta hacerlas fracasar.

El PP también vetaba a la juez Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, mientras que el partido de Pablo Iglesias puso pegas a su socio para aceptar a otro juez, el conservador Alejandro Abascal, propuesto por los populares. Estos tres nombres ya figuraban en la candidatura del Consejo pactada por el PSOE y el PP en 2018, donde, aun a regañadientes, los partidos admitieron sin vetos las propuestas de la otra parte.

Fuentes cercanas a la negociación argumentan que, hace dos años, populares y socialistas sellaron el pacto con el reparto de vocales (11 para los progresistas y nueve para los conservadores) y la elección del presidente (el magistrado Manuel Marchena), sin profundizar en los nombres que proponía el otro en su cupo. Pero en esta ocasión, la desconfianza generada en el PP por la presencia del Podemos en el Gobierno y su insistencia en que se quedara fuera del pacto, ha llevado a cruzar con tiempo las listas de nombres y ha abierto un debate del que no se ha podido salir.

José Ricardo de Prada. Los populares se han resistido en los últimos meses a aceptar como vocal a cualquier candidato que ellos consideren afín a Unidas Podemos, pero, si en el transcurso de la negociación podían acabar admitiendo que el partido de Pablo Iglesias introdujera alguna propuesta a través de sus socios de Gobierno, el veto a De Prada era irrenunciable. Para los populares, el juez que firmó, junto a otro magistrado conservador, las condenas del caso Gürtel, es una línea roja. Y eso a pesar de que en 2018, cuando apenas habían pasado cinco meses de la sentencia que fulminó la carrera política de Rajoy, el PP aceptó incluir a De Prada en la candidatura al Consejo que registró de forma conjunta con el PSOE.

Hasta ahora, habían justificado principalmente su rechazo en que era un candidato cercano a Podemos. Pero este viernes, los populares centraron sus críticas a De Prada en otra razón: que, siendo juez, quería acceder al Consejo por el turno de juristas, lo que para los populares supone “un fraude de ley”, a pesar de que, en 2018, ya con Pablo Casado al frente, el PP incluyó en su candidatura para el turno de juristas a otro juez, Manuel Altava, entonces senador del PP. El partido alega que la negativa a que jueces accedan al Consejo por el turno de juristas es una nueva condición para esta negociación.

De Prada concurrió en ese cupo en 2018 porque entonces no era juez en activo en España (requisito para ser candidato al Consejo por el cupo judicial) sino que estaba en situación de servicios especiales como juez de Naciones Unidas en La Haya. “Hubiera preferido acceder al CGPJ por el turno judicial, pero por razones administrativas no he podido hacerlo”, lamentó cuando compareció en el Congreso en noviembre de 2018 como candidato a vocal del órgano de gobierno de los jueces.

En esa sesión parlamentaria, el PP se congratuló irónicamente del paso dado por el juez de Gürtel: “Es bueno para la justicia española que deje usted de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias y pase a un órgano administrativo”, le dijo el diputado Carlos Rojas. Los populares ya cuestionaron entonces la independencia de De Prada, lo que llevó a las asociaciones judiciales a emitir un comunicado en “defensa de la independencia judicial” y pidieron al Consejo que amparase al juez, destinado en la Audiencia Nacional desde hace 30 años y que ha sido juez internacional en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina.

Victoria Rosell. La actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, exdiputada de Podemos y juez, es otra de las candidaturas que han hecho encallar el pacto. Rosell forma parte de la lista de 51 jueces candidatos al Consejo que el presidente del órgano, Carlos Lesmes, envió a las Cortes en septiembre de 2018, cuando puso en marcha los trámites para la renovación. La exdiputada concurrió avalada por la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia y, aunque el pacto saltó por los aires antes de que PSOE y PP presentaran formalmente su candidatura, ambos partidos admiten que Rosell era una de las 12 jueces elegidas entonces para ser vocal.

Rosell ya no cumple la condición esencial para presentarse a vocal del Consejo por el cupo judicial (ser juez en activo) porque es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, aunque las fuentes consultadas señalan que podría hacerlo si renuncia al cargo y solicita la vuelta a la carrera. El PP argumenta su veto en que este paso del Ejecutivo al Consejo resulta incompatible con su objetivo de acabar con las “puertas giratorias” entre la política y la justicia.

Alejandro Abascal. Aunque los negociadores señalan que no ha sido un veto como tal, la presencia de este juez de refuerzo de la Audiencia Nacional en la candidatura del PP provocó reticencias en Podemos, que intentó convencer a los socialistas de que no debía formar parte del pacto. Abascal, que concurrió a aspirante al Consejo avalado por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, es actualmente juez de refuerzo del juzgado que investiga el caso Dina, que implica a Pablo Iglesias, lo que le ha convertido en diana de los ataques de Podemos.