El Poder Judicial aplaza su decisión sobre si recurre al Constitucional la ley que recorta sus funciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aplazado este jueves su decisión sobre si recurre al Tribunal Constitucional la ley que limita sus funciones. El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha debatido las vías abiertas para impugnar la reforma legal recién aprobada, pero ha optado por no tomar ninguna decisión y ha acordado que solo se votará un posible recurso si al menos cinco vocales solicitan formalmente la convocatoria de un pleno en el que debatir el escrito que se llevaría al Constitucional. Las fuentes consultadas señalan que ya hay más de cinco miembros del Consejo que se han manifestado favorables a pedir la impugnación de la ley, por lo que previsiblemente esa sesión extraordinaria se celebrará.

El Consejo no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, sino que tiene que seguir la vía del conflicto entre órganos constitucionales, una figura que reserva al Constitucional la competencia para resolver controversias entre los poderes del Estado. Este debe presentarse, como máximo, un mes después de la entrada en vigor de la norma que se impugna, por lo que el plazo para que el CGPJ dé el paso vence el próximo viernes 30 de abril. Miembros del Consejo consultados confirmaron su decisión de registrar el próximo martes, 27 de abril, una solicitud para que el pleno extraordinario se celebre el día 30. Por el momento, esa petición iría suscrita por el grupo de cinco vocales (Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya) que pidieron que el tema se abordara en la sesión de hoy, según señalaron vocales de este grupo, por lo que ya tendría el número mínimo de firmas para obligar al presidente Carlos Lesmes a convocar el pleno.

En la sesión celebrada este jueves hubo posturas divergentes sobre la conveniencia de recurrir la ley que, entre otras competencias, prohíbe al Consejo hacer nombramientos discrecionales de la cúpula judicial cuando tiene el mandato prorrogado, como ocurre ahora, pues el actual venció en diciembre de 2018. El vocal Juan Martínez Moya ha sido el encargado de defender la tesis de los partidarios de acudir al Constitucional, que consideran que la reforma legal menoscaba competencias que la Constitución reserva al CGPJ. Otros vocales, sin embargo, han expresado sus dudas acerca de que la reforma del Gobierno encaje en el conflicto entre órganos constitucionales, pensado para cuando un órgano considera que otro ha asumido una de las atribuciones que la Constitución le reserva para sí.

En paralelo, el pleno ha debatido también la posibilidad de llevar la ley a Europa por dos vías distintas. La primera, buscando el amparo de la Red Europea de Consejos de Justicia, una organización fundada en 2002 a la que pertenecen los órganos de gobierno de los jueces de 22 países, entre ellos España. Pero esta opción ha sido desestimada por 12 votos a 8. Lo que sí se ha acordado es que el Consejo informe a la Comisión Europea sobre la reforma legal en el marco de la elaboración del informe de este año sobre el Estado de derecho. Para ello, la vocal Nuria Díaz elaborará una propuesta que será elevada a la Comisión Permanente y después al pleno, con el objetivo de dar una respuesta consensuada.

Aunque es un movimiento con el que el Consejo pretende mantener vivo en Europa el debate sobre la reciente reforma legal, el órgano ha descartado llevar a cabo acciones más contundentes que eran reclamadas por algunos vocales, como enviar escritos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o al comisario de Justicia de la UE, el belga Didier Reynders. También se planteó la posibilidad de pedir la implicación del Consejo de Europa o de la Comisión de Venecia, pero se ha desechado.. El aval este lunes de vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, a la ley que limita las atribuciones del Consejo cuando haya caducado su mandato, ha provocado reacciones dispares entre los miembros del Consejo. Para unos, es un respaldo que limita mucho las posibilidades de conseguir un pronunciamiento de las instituciones europeas contra esa ley; para otros, sin embargo, las palabras de Jourová (que dijo que la ley “en pincipio” parece encajar en el estado de derecho) son solo unas afirmaciones a raíz de las explicaciones dadas por el ministro de Justicia en el encuentro que acaban de mantener pero que no obedecen a un análisis a fondo de la norma por lo que no deben considerarse como un respaldo firme.