El Poder Judicial decidirá el miércoles si impugna al Constitucional la ley que limita sus funciones

La petición de ocho vocales ha abocado al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a convocar un pleno extraordinario para debatir la reforma legal que limita sus funciones. La sesión se celebrará el próximo miércoles a las siete de la tarde y los vocales votarán dos posibles vías de impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional: que lo haga directamente el órgano de gobierno de los jueces (presentando un conflicto entre órganos constitucionales, una figura que reserva al Constitucional la competencia para resolver controversias entre los poderes del Estado) o que el CGPJ se limite a pedirle al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad.

La mayoría de los miembros del CGPJ se han mostrado hasta ahora reticentes a que el órgano lleve al Constitucional la reforma legal que prohíbe que el Poder Judicial efectúe nombramientos discrecionales cuando, como ahora, tiene el mandato cumplido (el actual expiró en diciembre de 2018). Pero un grupo de ocho vocales que sí son partidarios de que el Consejo estudie esta opción ha presentado este lunes un escrito en el que se acogen a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que el presidente debe convocar un pleno extraordinario si lo solicitan al menos cinco vocales. La propuesta está suscrita por ocho de los miembros propuestos en su día por el PP para integrar el Consejo: Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Ángeles Carmona.

El Consejo no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Tiene que seguir la vía del conflicto entre órganos constitucionales. Este debe presentarse, como máximo, un mes después de la entrada en vigor de la norma que se impugna, por lo que el plazo para que el CGPJ dé el paso vence el próximo viernes 30 de abril. En el pleno celebrado el pasado jueves, donde ya se analizaron posibles vías de impugnación de la reforma legal, hubo posturas divergentes. Un grupo de vocales defendió acudir al Constitucional porque consideran que la reforma legal menoscaba competencias que la Constitución reserva al CGPJ. Otros, sin embargo, expresaron dudas acerca de que la reforma del Gobierno encaje en el conflicto entre órganos constitucionales, pensado para cuando un órgano considera que otro ha asumido una de las atribuciones que la Constitución le reserva para sí. En la propuesta presentada por los ocho vocales que han forzado el pleno se fija una segunda opción que se someterá también a debate: pedir al Defensor del Pueblo —legitimado para presentar un recurso de inconstitucionalidad— que recurra la norma.

Como el PP y Vox ya han anunciado que recurrirán, algunos vocales consultados no son partidarios de que el Poder Judicial se implique directamente con una petición similar cuando, de todas formas, el Constitucional ya va a analizar la constitucionalidad de la ley. En el pleno del próximo miércoles el Consejo examinará y votará la contestación a las preguntas remitidas al órgano que preside Lesmes por la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021.