El juez procesa a Carlos Fabra por ocultar patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal
La justicia encuentra también indicios de blanqueo y cohecho en la actuación del expresidente de la Diputación y del PP de Castellón
El titular del juzgado número 4 de Castellón ha dictado el procesamiento del expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, al encontrar indicios de la comisión de los presuntos delitos de frustración de la ejecución de la sentencia que le condenó por cuatro fraudes fiscales, además de cohecho y blanqueo de capitales. El juez procesa también por cohecho a los empresarios Fernando Roig y Enrique Gimeno por su participación en la trama diseñada por Fabra, que implicó además a varios miembros de su familia.
De esta manera, el juez deja a un paso del banquillo al exdirigente del PP, que debe cerca de un millón de euros de la multa de 1,3 millones que se le impuso en 2013 por cuatro fraudes fiscales, y da por cerrada la investigación. Así atiende a la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el fin de s pesquisas en un escrito que recoge los datos recopilados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) y en el que sostiene que Fabra recibió, entre 2010 y 2016, una docena de “préstamos personales” procedentes de empresarios y políticos. En total ingresó algo más de 3,5 millolanes, de los que solo consta la devolución de 570.000. La mayoría no han sido devueltos ni reclamados y, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, son realmente “donaciones en consideración de sus cargos y por su influencia política”.
Además de los préstamos, el auto dictado este miércoles destaca el manejo de 2,7 millones de euros en dinero en efectivo que realizó Fabra entre 2007 y 2017, dinero que, a su juicio, tiene un origen ilícito. También señala los abonos brutos de la actividad bancaria de Fabra y su entorno (familia y sociedades vinculadas), que ascendieron a 26 millones de euros, cantidades “no aplicadas finalmente a satisfacer la deuda pendiente con la Administración”.
La “trama económica, financiera y contable” tenía, según el fiscal delegado de Anticorrupción en Castellón, una doble finalidad: “Por un lado ocultar la verdadera situación patrimonial y económica de Carlos Fabra a los efectos de evitar los embargos por sus deudas tributarias y judiciales y, por otro, canalizar los fondos de procedencia ilícita, tanto del dinero en efectivo como los abonos a cuenta”.
“La aparente situación de penuria económica es notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que, entre 2007 y 2017, consta haber utilizado por un montante total de 2.696.994,73 euros”, indica el escrito de la Fiscalía, en el que acusa a Fabra de haber orquestado una actividad bancaria a través de sociedades y cuentas de su familia que “ha impedido satisfacer la deuda pendiente”.
La causa se inició en 2017 tras una denuncia de la Fiscalía ante la posibilidad de que Fabra estuviera ocultando patrimonio para no pagar la multa impuesta en la sentencia condenatoria de 2013. La investigación de la Udef se centra en diez años, entre 2007 y 2017, por lo que esa “frustración de condena” se limitaría a los cuatro últimos. El expresidente de la Diputación de Castellón dejó la institución y la Cámara de Comercio, de la que era secretario, en 2011. Después, en 2013 fue obligado a abandonar la presidencia del aeropuerto de la provincia. Actualmente ha vuelto a vincularse con el PP al hacer campaña en favor de una de las candidatas a presidir el partido en la provincia, Marta Barrachina, para la que ha pedido el voto.
Los dos “préstamos” más cuantiosos proceden de Fernando Roig, presidente del Villarreal C.F. y propietario de Pamesa, y de Enrique Gimeno, presidente de Facsa, una empresa dedicada al suministro, distribución y control de calidad del agua. Ambos están imputados. El primero entregó al exlíder provincial del PP más de dos millones de euros entre 2010, cuando Fabra aún ostentaba la presidencia de la Diputación y del partido, y 2014. La entrega de los primeros 450.000 “fue una decisión personal justificada como préstamo personal que le había solicitado Carlos Fabra”, relata el fiscal. El segundo préstamo, tras la condena, en 2013, fue de 1,4 millones de euros con una vivienda de la familia del dirigente en la urbanización Les Platgetes (Oropesa) como garantía hipotecaria y pese a que sobre ésta ya existía un préstamo hipotecario (renovado en 2016 por 40 años). “Una garantía ficticia”, según la Fiscalía. “No consta devolución de importe alguno del referido préstamo, ni de sus cuotas, ni del importe total o parcial, ni reclamación del importe del mismo”, afirma Anticorrupción. De ese dinero Fabra sí devolvió los primeros 450.000 euros que Roig le había prestado. En 2014, Fernando Roig “volvió a entregar otros 300.000 euros mediante cheque a favor de Carlos Fabra, siendo ingresado en sus cuentas y justificándose como un préstamo personal con vencimiento el 28 de agosto de 2022”.
En el caso de Enrique Gimeno el “préstamo” ascendió a más de 800.000 euros y se realizó a través de una operación por la que figuraba como garante de las deudas de Fabra con Hacienda. El traspaso se realizó a partir de unos fondos de inversión a nombre de la empresa Facsa aunque, en su declaración ante el juez, Gimeno aseguró que fue una “decisión personal”. Para el fiscal “supone una entrega a fondo perdido, no reclamada ni devuelta en consideración a su cargo”.
Además de estos, se han detectado otros préstamos de empresarios como Antonio Suñer Español o Salvador Martí Huguet (expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón) o de políticos como la exdiputada Ascensión Figueres, el exalcalde de Almassora Vicente Vilar, o la suegra del alcalde de Vall d´Alba y exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez.
El fiscal asegura que Carlos Fabra carece “actividad negocial” y que las cantidades que ha manejado son “desorbitadas” puesto que calcula una media mensual de 19.000 euros al mes en efectivo, con ingresos que “se hacían en billetes de alta denominación, especialmente de 500 euros”.
