23 imputados más en la causa abierta contra Carlos Fabra por ocultar su patrimonio

El juez indaga si los investigados participaron y ordenaron transferencias bancarias a cuentas del expresidente de la Diputación de Castellón , de sus familiares o de sus sociedades

Carlos Fabra, con su hija Andrea, a su llegada el pasado mes a los juzgados de Castellón, que lo investigan por cinco presuntos delitos.
Carlos Fabra, con su hija Andrea, a su llegada el pasado mes a los juzgados de Castellón, que lo investigan por cinco presuntos delitos.Martí Domenech

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado que declaren 23 nuevos investigados (entre personas físicas y jurídicas) en el marco de la causa donde se investiga si el expresidente de la Diputación Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales. Entre los nuevos investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012, según informa este miércoles el Tribunal Superior de Justicia valenciano.


Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense. El auto dictado por el juez instructor también incluye requerimientos de información a la propia Diputación, la Cámara de Comercio y el Partido Popular de Castellón, así como mandamientos dirigidos a diferentes Registros Mercantiles.

El pasado 28 de octubre, Fabra declaró en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número 4, así como uno de sus hijos, también investigado en la misma causa. Al día siguiente prestaron declaración su mujer y un exasesor de Fabra, también en calidad de investigados. El domicilio del expresidente de la Diputación en Oropesa del Mar fue registrado el pasado 22 de septiembre por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta investigación.

El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una posterior calificación.

El juzgado investiga si Fabra ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Castellón de 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

El exmandatario del PP permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016 donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, a pagar una multa de 693.000 euros y a indemnizar a Hacienda en la misma cantidad. La condena fue hecha pública por el tribunal en noviembre de 2013 y Fabra pidió un indulto al Gobierno que finalmente fue denegado en noviembre de 2014, por lo que se hizo efectivo su ingreso en prisión.

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