Investigación judicial

Carlos Fabra, investigado por ocultar bienes para obstruir su condena por fraude fiscal

El juez que ordenó registrar la villa del exlíder del PP de Castellón levanta el secreto de la causa, donde se investiga también a su mujer, uno de sus hijos y a una cuarta persona

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.
El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.DOMENECH CASTELLÓ EFE

La justicia abre una nueva causa contra el que fuera hombre fuerte del PP en Castellón, Carlos Fabra, al que investiga tres años y medio después de salir de prisión por posible ocultación de bienes de su patrimonio para obstruir la sentencia condenatoria por fraude fiscal. La misma que le llevó en 2014, y tras un proceso judicial dilatado durante más de una década y por el que pasaron hasta una decena de jueces, hasta el madrileño centro penitenciario de Aranjuez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón que el pasado martes ordenó el registro en el domicilio particular del también expresidente de la Diputación castellonense, ha acordado el levantamiento del secreto que pesaba sobre las diligencias. Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el juez investiga si Carlos Fabra, de 75 años, ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 2013, y confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo, por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,3 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales. Una condena que saldó hace tres años y medio, cuando en la primavera de 2017 y tras haber cumplido las tres cuartas partes de la pena, obtuvo la libertad condicional.

Según las mismas fuentes, el juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación. En la causa están investigados por el momento el propio Carlos Fabra, su mujer, uno de sus hijos y una cuarta persona. Los cuatro están citados a declarar los días 28 y 29 de octubre, han añadido desde el TSJCV.

Varias dotaciones de la Policía Nacional inspeccionaron el pasado martes y durante varias horas la casa que el exlíder del PP tiene en la urbanización Platgetes de Oropesa, en Castellón. Lo hacían después de que el juez ordenara el registro en el marco de unas diligencias previas abiertas en 2017 por delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública. Hasta ahora la causa había permanecido secreta.

El exlíder del PP castellonense entró en la prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014 después de que la Audiencia Provincial de Castellón le condenara a cuatro años de prisión (frente a los 13 que pedía la fiscalía) por haber estafado 700.000 euros a la Hacienda Pública entre 1999 y 2003 y al pago de una multa de 1,3 millones de euros. Se le acusó de cobro de comisiones para agilizar en los ministerios competentes la comercialización de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, propiedad del examigo y empresario que le denunció en diciembre de 2003, Vicente Vilar.

Menos de un año y medio después, en abril de 2016, obtuvo el tercer grado. Ingresó en el centro Victoria Kent, al que sólo acudía para dormir de lunes a jueves. En la primavera de 2017 logró la libertad condicional.

Esta no es la única causa abierta contra el político del PP. Semanas antes de su puesta en libertad, Fabra se desplazaba desde el madrileño centro Victoria Kent hasta la Ciudad de la Justicia de la capital de La Plana para declarar como investigado por un presunto delito societario en el Club de Campo del Mediterráneo de Borriol, del que fue presidente.

El exlíder popular está siendo investigado desde 2018 por presunto cohecho en la causa que investiga los patrocinios de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), la sociedad creada en 2003 para construir y gestionar la infraestructura aeroportuaria cuando estaba presidida por Carlos Fabra. Se inició en octubre de 2016 a partir de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal seis meses antes. En ella se investigan los 3,6 millones de euros percibidos por la mercantil del expiloto de motociclismo Álex Debón en concepto de patrocinio por parte de Aerocas durante las temporadas 2009, 2010 y 2011, cuando Fabra lideraba la sociedad promotora y la base aeroportuaria de Vilanova-Benlloch era todavía un macroproyecto a años luz de estar operativo.

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