Carlos Fabra presta una fugaz declaración ante el juez por presunta ocultación de bienes y obstrucción de condena

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra ha declarado este miércoles en una comparecencia fugaz ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que lo investiga junto a otras cuatro personas, entre ellas a su mujer y uno de sus hijos, para averiguar si el que fuera hombre fuerte del PP castellonense ocultó bienes de su patrimonio para obstruir la sentencia condenatoria por fraude fiscal. El fallo le llevó en 2014, y tras un dilatado proceso judicial por el que pasaron hasta una decena de jueces, hasta el centro penitenciario de Aranjuez, del que salió hace tres y años y medio.

Carlos Fabra, de 75 años, se ha personado este miércoles media hora antes de su citación, prevista a las diez de la mañana. Acompañado por su hija Andrea Fabra, exsenadora y exdiputada del PP, ha evitado hacer declaraciones y se ha limitado a lanzar un escueto: “No voy a decir nada”. Diez minutos ha durado su presencia en el juzgado, que ha abandonado del brazo de su hija. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirman que Fabra ha comparecido ante el juez: “No se ha acogido a su derecho a no declarar”, señalan fuentes del tribunal superior.

En la causa están investigados Carlos Fabra, su mujer Amparo Fernández, uno de sus hijos y una cuarta persona cuya identidad no ha trascendido. Los cuatro han sido citados a declarar con un margen de 48 horas: Fabra y su hijo lo han hecho esta mañana y los otros dos investigados se personarán ante el juez este jueves.

El pasado 22 de septiembre, y en el marco de esta investigación, varias dotaciones de la Policía Nacional inspeccionaron la casa que el exlíder del PP tiene en la urbanización Platgetes de Oropesa, en Castellón. Lo hacían después de que el juez ordenara el registro dentro de las diligencias previas abiertas en 2017 por delitos contra la Administración de Justicia y contra la Administración Pública.

En este nuevo frente judicial abierto a Fabra se investiga si ocultó bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 2013, confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo, por la que fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,3 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.

El juzgado abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior calificación.

El exlíder del PP castellonense entró en la prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014 después de que la Audiencia Provincial de Castellón le condenara a cuatro años de prisión (frente a los 13 que pedía la fiscalía) por haber estafado 700.000 euros a la Hacienda Pública entre 1999 y 2003 y al pago de una multa de 1,3 millones de euros. Se le acusó de cobro de comisiones para agilizar en los ministerios competentes la comercialización de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, propiedad del examigo y empresario que le denunció en diciembre de 2003, Vicente Vilar.

Menos de un año y medio después, en abril de 2016, obtuvo el tercer grado. Ingresó en el centro Victoria Kent, al que sólo acudía para dormir de lunes a jueves y en la primavera de 2017 logró la libertad condicional tras haber cumplido tres cuartas partes de la pena.

Esta no es la única causa abierta contra el político del PP. Semanas antes de su puesta en libertad, Fabra se desplazaba desde el madrileño centro Victoria Kent hasta la Ciudad de la Justicia de Castellón para declarar como investigado por un presunto delito societario en el Club de Campo del Mediterráneo de Borriol, del que fue presidente.

El exlíder popular está siendo investigado desde 2018 por presunto cohecho en la causa que investiga los patrocinios de la promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), la sociedad creada en 2003 para construir y gestionar la infraestructura aeroportuaria cuando estaba presidida por Carlos Fabra. Se inició en octubre de 2016 a partir de una denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal seis meses antes. En ella se investigan los 3,6 millones de euros percibidos por la mercantil del expiloto de motociclismo Álex Debón en concepto de patrocinio por parte de Aerocas durante las temporadas 2009, 2010 y 2011, cuando Fabra lideraba la sociedad promotora y la base aeroportuaria de Vilanova-Benlloch era todavía un macroproyecto a años luz de estar operativo.