Fernando Roig se reafirma tras declarar por el préstamo de 1,4 millones a Fabra

“Estoy de puta madre”. Así de exultante ha resumido el presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, su incursión este martes en el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón para declarar como investigado en la causa abierta contra el exlíder del PP de Castellón, Carlos Fabra, por posible ocultación de bienes para obstaculizar la sentencia por fraude fiscal. En el caso concreto de Roig, el juez pone el foco en el préstamo con garantía hipotecaria por importe de 1,4 millones de euros que el empresario le habría concedido en 2013 a Fabra sobre una vivienda del exdirigente popular.

Roig, que ha llegado acompañado por su hijo Fernando, citado también a declarar como investigado, ha asegurado ante la prensa a su salida de la Ciudad de la Justicia de Castellón que ha contestado “a lo que su señoría me ha preguntado”, aunque no ha dado más detalles. El empresario ha comparecido tanto en su propio nombre como por ser responsable de la mercantil Portovan S.L.

La citación de Roig llega en una semana complicada para el empresario, para el que la Fiscalía pide seis años de cárcel por un fraude fiscal de 525.440 euros cometido en las obras en el estadio del Villarreal CF. Además, solicita para él una multa de 1.050.000 euros y la pérdida temporal de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

En el marco de la causa abierta contra Carlos Fabra, este martes han sido citados además de Roig y su hijo otros cuatro investigados más como parte de un calendario que continuará los días 25 y 29 de enero de 2021.

Fernando Roig forma parte de la lista de 23 nombres, entre ellos conocidos empresarios de la provincia, que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012, y sobre los que el juez trata de esclarecer ahora en concepto de qué lo hicieron.

Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense, según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Luis Batalla, exadministrador de Becsa, prestó declaración ayer lunes por los 232.897 euros transferidos por parte de la constructora a la sociedad Sipcas de los que fueron reenviados a Carlos Fabra 211.000 por supuestos servicios de asesoría.

En el listado de investigados en la causa figura también Enrique Gimeno, del grupo Gimeno, en el que se integra Facsa, responsable de la red de suministro de agua potable en la capital de La Plana. Se investigan los 1,2 millones que suman las pólizas suscritas por la firma y transferidas a Fabra.

Se une el que fuera mano derecha del político y vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, y Salvador Martí, el expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón, institución de la que Carlos Fabra fue secretario general tras dejar la política.

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón prestó declaración el pasado 28 de octubre en una comparecencia fugaz ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que le investiga a él y a otras cuatro personas, entre ellas su mujer y uno de sus hijos, en la citada causa para averiguar si el que fuera hombre fuerte del PP castellonense ocultó bienes de su patrimonio para obstruir la sentencia condenatoria por fraude fiscal. El fallo le llevó en 2014, y tras un proceso judicial dilatado durante más de una década y por el que pasaron hasta una decena de jueces, hasta el madrileño centro penitenciario de Aranjuez, del que salió hace tres y años y medio.