Las defensas cargan contra los informes policiales sobre la caja b del PP y los pagos en negro

El juicio sobre la caja b del PP ha dejado una dura jornada para los agentes de la Unidad de Delincuencia y Económica Fiscal (UDEF) que destriparon la trama Gürtel. Las defensas han desplegado este lunes su ofensiva contra los informes elaborados por los investigadores, liderados por el inspector jefe Manuel Morocho, que durante tres jornadas han desgranado las evidencias sobre la existencia de una contabilidad paralela en el partido durante dos décadas y el supuesto pago con dinero negro de parte de la reforma de la sede de Génova 13, en Madrid. Los abogados del PP y de los socios de la empresa que llevó a cabo la obras, Gonzalo Urquijo y Belén García, se han esforzado para desacreditar las conclusiones de los policías, una de las principales armas de la acusación.

La declaración de los agentes de la UDEF, a preguntas de las acusaciones, resultó tan perjudicial para los intereses de los acusados que el contraataque de las defensas no se ha hecho esperar en cuanto han tomado la palabra este lunes. El abogado del arquitecto Urquijo, coadministrador de la compañía Unifica junto a García, ha protagonizado la primera arremetida. Nada más comenzar su turno de interrogatorio:

—Una de las críticas que yo he creído entender en sus últimas respuestas al informe de Deloitte [elaborado a petición de la defensa e incorporado a la instrucción], es que no hicieron una auditoría de Unifica. ¿Es así? ¿He entendido bien?

—No, lo que he recogido es lo que el propio informe dice: ‘que no hicieron una auditoría de la información financiera que se les entregó’ —ha respondido tajante Morocho.

—¿Ustedes sí han hecho una auditoría de la información financiera? —ha elevado el tono el letrado— ¿Ustedes la han hecho? ¿Usted es auditor? ¿Usted la ha hecho?

—Nosotros somos Policía Judicial, no somos auditores.

—O sea, ya está, que no la han hecho.

—Tampoco lo ha hecho Deloitte.

A partir de ese momento, las hostilidades no han cesado. El pasado miércoles, al profundizar sobre la caja b, ya se intentó restar veracidad a los papeles de Bárcenas. En especial, la abogada del PP, que habló de “incongruencias”. Este lunes, el representante de los populares ha insistido en esa línea para marcar distancias con el extesorero, a quien el partido conservador atribuye cualquier ilegalidad. Por su parte, los letrados de Urquijo y García se han centrado en las conclusiones sobre el supuesto pago en negro de la reforma de Génova. Con un tono duro, han reprochado a los agentes que no investigaran algunos aspectos que, en su opinión, desmontan las pesquisas. Uno de ellos, incluso ha llegado a afirmar que la UDEF hizo “operaciones acomodaticias” para obtener las cifras que le cuadraban para incriminarlos. Visiblemente molesto, Morocho ha defendido sus informes y, en alguna ocasión, ha recibido la advertencia del tribunal por tratar de esquivar las cuestiones de las defensas.

Las pruebas contra Unifica

Entre las pruebas recabadas contra Unifica, los papeles de Bárcenas recogen supuestas salidas de cientos de miles de euros a favor de Urquijo. El extesorero Luis Bárcenas apuntó entregas de dinero a nombre de “Arquitecto Gonzalo Urquijo”, “Gonz. Urquijo” o “Gonzalo (arquitecto)”. Además, varios de esos presuntos abonos se hicieron en días en los que los socios acudían a continuación a cajas de seguridad abiertas en entidades financieras: “Esos fondos había que depositarlos en algún lugar porque no se pueden tener en cualquier sitio. Es mucho dinero y es necesario disponer de dispositivos que ofrezcan seguridad y garantías”, resumió Morocho.

La Fiscalía, que pide 3 años y 10 meses para Urquijo y García, calcula que el PP abonó 1,5 millones de euros en negro a Unifica. Bárcenas —también acusado en este proceso, aunque respalda las conclusiones de la UDEF, a diferencia de los socios de la compañía de arquitectura— aseguró que así lo acordaron él y Álvaro Lapuerta, su predecesor en el puesto de tesorero, en una reunión con Urquijo.

Proveedores “piratas” y “caja bis”

Tanto los socios de Unifica, Urquijo y García, como varios de sus trabajadores que han declarado como testigos en la vista, se defendieron de las sospechas vertidas por la Fiscalía. El ministerio público, además de incidir en la presunta “duplicación” de documentación para falsear las cuentas, mostró una serie de correos electrónicos interceptados donde se habla de una “caja bis”, de pagar “en b” a empleados y de proveedores “piratas”. Pero, según los dos arquitectos, todo eso eran simples conceptos que usaban de forma coloquial dentro de la compañía, sin que signifiquen irregularidades. Una tesis que, por supuesto, rechazan la UDEF y las acusaciones.

—¿Cuándo se habla dinero b se pueden referir a un término de uso particular de esa empresa y no al utilizado habitualmente? —ha insistido también este lunes la letrada de IU, personada como acusación popular, para tratar de desmontar ese argumento de la defensa.

—No —ha expuesto Morocho—. El contexto; el contenido de los correos; los adjuntos; las nomenclaturas (que son bastante evidentes); la fórmula opaca que se usa para abonar bonus, complementos, [pagas] extraordinarias... Existe un soporte que denominan “caja bis” donde existen flujos discordantes. Y las personas que manejan esos soportes, los socios, dan instrucciones para liberar esos fondos para pagar a determinadas personas… Todos estos elementos conforman un esquema clásico, típico, de una entidad mercantil que está generando unos fondos para obtener ventajas fiscales y generar un dinero ajeno al sistema económico. [...] Y lo que ellos denominan “piratas” no son más que personas que se prestan a emitir una facturación ficticia.