El PNV pide una “legislación puente” que dé cobertura legal tras el fin del estado de alarma

Como hizo el lehendakari Urkullu este lunes, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha alertado hoy de la falta de instrumentos legales para que las administraciones autonómicas afronten la lucha contra la pandemia si finalmente decae el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Para evitar que se produzca un vacío legal, el dirigente nacionalista ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se arbitre una “legislación puente” que dé seguridad jurídica a las medidas que aprueban las autonomías para frenar la propagación de la covid-19. “Habría que buscar una solución política para llegar y dar cobertura y seguridad jurídica a todas las acciones que hagamos entre el 9 mayo y el momento de la vacunación con efecto rebaño”, ha afirmado Ortuzar.

La solución que plantea el presidente del PNV podría acordarse después del 5 de mayo, sin la “tensión” política que observa durante la campaña de las elecciones autonómicas de Madrid. A su juicio, “hay tiempo para que los partidos políticos, poniéndole dos dedos de frente, busquemos una solución”, ha dicho en Onda Cero.

El fin del estado de alarma desde el 9 de mayo, como pretende el Gobierno de Sánchez, abriría un escenario de “muy difícil gestión” para las administraciones regionales. En el caso del País Vasco, según ha dicho Ortuzar, podría provocar que se recurran decisiones que vaya a tomar el Gobierno de Urkullu, como ha sucedido en el pasado con los recursos presentados por los hosteleros vascos: “Esa situación se va a volver a producir a partir del 9 de mayo y cualquiera va a tener la posibilidad de recurrir los toques de queda porque no hay un instrumento legal”.

La Generalitat de Cataluña, por su parte, discrepa con el Gobierno y considera “prematuro” que Sánchez plantee finalizar el estado de alarma ante la incertidumbre de la situación epidemiológica y pide al presidente que no utilice la decisión de prorrogar el estado de excepción con “fines electorales” ante las elecciones del 4 de mayo en Madrid. La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, no ha concretado si el Govern prefiere mantener el fin del estado de alarma, como avanzó Pedro Sánchez la semana pasada, o no hacerlo, pero ha criticado al Gobierno por no ofrecer seguridad jurídica a las autonomías para gestionar la pandemia. “Hace meses que el Gobierno planteó la voluntad de dotarnos con instrumentos jurídicos sin la necesidad de decretar un estado de alarma, pero no se hizo. Hubo un anuncio que quedó en eso, en un anuncio”, informa Bernat Coll.

Sánchez ha reafirmado este martes que su intención es no prorrogar el estado de alarma una vez que concluya el 9 de mayo y que existen “herramientas jurídicas suficientes” para seguir tomando medidas contra la pandemia acordadas por el Ejecutivo y las comunidades autónomas. Frente a la petición de algunos presidentes autonómicos de que se prolongue el estado de alarma, Sánchez ha insistido en que no cree que vaya a ser necesario, como ya dijo la pasada semana, y que las decisiones que pueda acordar el Consejo Interterritorial, que reúne al Ministerio de Sanidad y a las autonomías, son de “obligado cumplimiento”.

Euskadi está tramitando en el Parlamento una ley denominada “antipandemia”, pero su aprobación no está prevista antes de finales de junio, según los cálculos del PNV. La supresión del estado de alarma a comienzos de mayo abriría un periodo de inestabilidad que debería resolverse con la aprobación de una “medida puente”. Ortuzar ha lamentado asimismo que “no se ha utilizado todo este año para hacer las reformas en las leyes sanitarias y en otras leyes que hagan que no sea necesario el estado de alarma”.

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, también se ha referido a esta cuestión en una entrevista en Radio Euskadi, en la que ha defendido el mantenimiento del estado de alarma después del 9 de mayo, porque sin esta herramienta no habrá “seguridad jurídica para tomar decisiones” frente a la pandemia, aunque ha apostillado que el “problema de fondo” es que Euskadi no tiene “soberanía de país” para decretar por sí solo un estado de alarma.

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