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Fin del estado de alarma: los jueces tendrán la palabra

Con la presión hospitalaria en ascenso, la preocupación empieza a generalizarse en los despachos de quienes tienen que tomar las decisiones cuando acabe la medida excepcional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside una reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón (de espaldas), este lunes en Madrid.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside una reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón (de espaldas), este lunes en Madrid.Borja Puig de la Bellacasa/Moncl / Moncloa/EFE

Este miércoles tendrá lugar en el Congreso el primer acto de la discusión sobre el fin del estado de alarma que culmina el 9 de mayo. Con la presión hospitalaria en ascenso, la preocupación empieza a generalizarse en los despachos de quienes tienen que tomar las decisiones tras esa fecha. Las resoluciones de los presidentes autonómicos serían más sencillas si Pedro Sánchez consiguiera prorrogar un mes esta medida excepcional. Pero no parece muy viable. Si el fin del actual estado de alarma no da paso a otro, serán los jueces de cada comunidad autónoma los que tendrán que decidir si permiten o prohíben la limitación de derechos que establezca cada región.

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No son muchos aún los que se han pronunciado en público sobre qué hacer tras el 9 de mayo. Sí lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por él, este sería el último estado de alarma. “Lo ha dicho en condicional, siempre que la situación lo permita”. Esta es la apostilla de un presidente regional al que no le importaría la continuidad durante todo mayo de las restricciones actuales. Se atreve a asegurar que otros colegas piensan lo mismo, aunque no lo manifiesten. Iñigo Urkullu, el presidente vasco, como es habitual, no suele mirar lo que hacen los demás y ya ha pedido que no se levante el estado de alarma. Los gobernantes de Euskadi saben por propia experiencia que algunas de las restricciones que dictaron sin el amparo de esta medida fueron anuladas por su Tribunal Superior de Justicia. El gobierno aragonés de Javier Lambán corrió la misma suerte, ya que sus resoluciones de limitación de derechos fueron tumbadas por su tribunal. Otras comunidades, sin embargo, vieron avaladas buena parte de sus limitaciones.

En defensa de la acción judicial, María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, apostilló en Antena 3 el porqué de las diferencias. “No hay resoluciones dispares de los órganos judiciales, sino que las circunstancias no son las mismas y hay que valorar cada caso concreto para salvaguardar la salud de las personas”, afirmó. En efecto, cada comunidad tiene circunstancias epidemiológicas y sanitarias diferentes y cada gobernante tiene su criterio sobre qué es lo que mejor conviene a su región, como lo tienen también los jueces en su interpretación de la ley en cada caso particular.

Pedro Sánchez no se muestra nada proclive a dar la batalla en el Congreso para alargar medidas de excepcionalidad, puesto que el PP ya anticipó que no aceptaría otra prórroga. Pablo Casado propone la elaboración de una ley de epidemias que el Gobierno ya prometió, pero sigue sin materializarse. No hay tiempo, sin embargo, para tramitar un proyecto de ley orgánica cuando la decisión tiene que tomarse en menos de cuatro semanas. Antes habrá ocasión de celebrar varios consejos interterritoriales y escuchar a las comunidades, incluso puede haber una conferencia de presidentes. Sin estado de alarma, cada presidente tendrá que dictar sus resoluciones restrictivas y quedar en manos de los tribunales.

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