El PP pide que el Gobierno explique en el Congreso los cambios en la vacunación contra la covid-19

El PP ha reclamado este jueves al Ejecutivo que explique en el Congreso todas las novedades en la estrategia de vacunación contra la covid-19, tras la decisión de limitar a los mayores de 60 años las dosis de AstraZeneca. El líder de los populares, Pablo Casado, ha anunciado que su partido registrará este mismo jueves la petición de comparecencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para que informe qué está pasando con los criterios de vacunación a nivel europeo, nacional y autonómico. El PP está preocupado, según Casado, porque no haya una respuesta clara y no se dé tranquilidad a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios: “No se pueden interrumpir campañas de vacunación cuando la esperanza de las familias y del tejido productivo y rescatar un negocio está en poder vacunarse de forma rápida”. Además, Casado ha defendido la necesidad de aplicar un plan jurídico alternativo para afrontar la pandemia cuando acabe el estado de alarma, algo que se podría hacer “en 15 días”, según el líder popular. El Ejecutivo descarta la idea.

Las palabras de Casado ―que ha inaugurado una jornada sobre sociedad y sanidad de la Fundación Concordia y Libertad, de su partido― llegan poco después de que se conociera que el consejero de Sanidad madrileño, del PP, contactó por su cuenta con proveedores de la vacuna rusa Sputnik y un día después de que Verónica Casado, su homóloga en Castilla y León ―donde gobierna también PP con Cs―, anunciase que paraban la inmunización con AstraZeneca. El Gobierno lanzó ayer un aviso a las comunidades autónomas para que no decidiesen por su cuenta sobre la vacunación. La vicepresidenta Carmen Calvo fue tajante: “Las decisiones corresponden al Consejo Interterritorial. No le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar”. A última hora del día, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactaron suspender temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca en los menores de 60 años, después de que la Agencia Europea del Medicamento señalase “posibles vínculos” entre el fármaco y casos muy raros de trombos sufridos por varias decenas de personas en Europa.

Casado ha lamentado que se use la campaña de vacunación con fines electoralistas, y ha pedido que se empleen “criterios epidemiológicos, clínicos y sanitarios” y no “criterios partidistas”. En esta misma línea, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por viajar a Angola “sin dar la cara” cuando se complica el plan de inmunización con AstraZeneca. El líder del PP no ha hecho mención a que la comunidad de Madrid y Castilla y León, dos regiones gobernadas por su partido, se hayan saltado el criterio técnico sanitario, y ha cargado duramente contra el Ejecutivo: “Si el Gobierno no pinta nada en la vacunación y la pandemia y solo son responsables los consejeros de Sanidad y el vicepresidente de la Comisión Europea, entonces ¿para qué vale el Gobierno?”.

Aprobar un plan jurídico alternativo

Casado ha vuelto a insistir en aprobar un plan b jurídico para cuando termine el estado de alarma. “Hasta el 9 de mayo hay tiempo para aprobarlo. Si no, tendremos que pensar que lo que más le importa a Sánchez no es la salud, sino no darnos la razón o no tener que reconocer que durante un año ha querido gobernar por decreto y estado de alarma”. Casado lleva pidiendo aplicar el plan jurídico desde noviembre. El pasado miércoles volvió a plantearlo como alternativa y criticó en un mensaje de Twitter que Sánchez, “tras 100.000 muertos”, siga rechazando su alternativa. “Prefiere gobernar por decreto y derivar su responsabilidad en las autonomías”, denunció.

Para frenar el abuso que, según el PP, hace el Gobierno del estado de alarma, los populares proponen reformar dos viejas leyes orgánicas, la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y la que regula la jurisdicción contencioso-administrativa. De ese modo, pretenden que las comunidades autónomas puedan aislar bajo control judicial a determinada población por razones sanitarias sin necesidad de recurrir al estado de alarma.

El Congreso de los Diputados ya rechazó el pasado mes de noviembre el plan que propone Casado. La portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, defendió entonces la necesidad de un término medio frente al estado de alarma, ante el que el PP se abstuvo al entender que tenía una duración excesiva, de seis meses. El texto del PP pretendía, con regulación ordinaria, permitir el control de los enfermos obligando al aislamiento, limitar entradas y salidas en zonas afectadas o amenazadas y controlar el movimiento y el derecho de reunión, obteniendo una validación judicial en 24 horas. Los populares obtuvieron el apoyo del PNV, Foro, Coalición Canaria y UPN, mientras que el resto del Congreso, incluidos PSOE, Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos, votó en contra. Los grupos que rechazaron la norma consideraron que suponía limitar derechos fundamentales sin las suficientes garantías jurídicas.