Savater y Vargas Llosa lideran un manifiesto de medio millar de intelectuales contra el independentismo

Este viernes se cumplen 40 años desde que un grupo de intelectuales, entre los que se encontraban el periodista Federico Jiménez Losantos o los catedráticos de Sociología Benjamín Oltra y Amando de Miguel, impulsaron el Manifiesto de los 2.300. Aquel texto, titulado Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña y publicado en Diario 16 el 12 de marzo de 1981, denunciaba discriminaciones de la lengua castellana en la Cataluña que vivía los primeros compases de la presidencia de Jordi Pujol. Cuatro décadas más tarde, aquella firma se recuerda ahora con otra, encabezada por el filósofo Fernando Savater y el escritor Mario Vargas Llosa. Ambos rubrican un manifiesto que suscriben medio millar de intelectuales contra el independentismo: En defensa de la nación constitucional y por la igualdad de todos los españoles, promovido por la asociación Impulso Ciudadano, que dirige José Domingo, exdiputado y cofundador de Ciudadanos.

Entre los firmantes están ocho de los impulsores del manifiesto de 1981: los mencionados Jiménez Losantos, Oltra y De Miguel, y también José María Vizcay, Santiago Trancón, José Sánchez Carralero, José María Fernández y Amelia Romero. El primero ejercía por entonces de profesor de Lengua y Literatura en un instituto de Barcelona y acababa de publicar su primer libro, Lo que queda de España. Tras la firma en el manifiesto, fue secuestrado por el la organización terrorista catalana Terra Lliure.

Al escrito presentado este viernes se suman otras personalidades: Rosa Díez, Cayetana Álvarez de Toledo, Luis Alberto de Cuenca, Rafael Arias-Salgado, Félix de Azúa, Fernando Sánchez Dragó o Maite Pagazaurtundúa.

El documento de 2021 pretende recoger el mismo espíritu que impulsó el de los ochenta y hace hincapié en la defensa de la lengua castellana frente a la “normalización del uso” del catalán. Según los firmantes, en Cataluña se ha ido avanzando hacia la exclusión de la lengua común y el rechazo de los lazos históricos, afectivos, culturales y lingüísticos que unen a los españoles. En el texto se indica que, “ante la confusión y perplejidad en que se encuentran millones de españoles”, frente a la situación creada por el independentismo y no resuelta por las instituciones democráticas, los firmantes asumen un compromiso público y político en la defensa del orden democrático y de la Constitución”.

El escrito presentado este viernes también se refiere a la actual situación política, que describe como el resultado de “innumerables errores, engaños y claudicaciones de los que son responsables en gran parte los sucesivos gobiernos de España”. Los participantes elogian el manifiesto de 1981 y consideran que sigue vigente porque se ha cumplido su vaticinio sobre el empeoramiento de la convivencia en Cataluña: “Esta situación ha llevado a la división, la inseguridad, la decadencia económica y a un retroceso social que empieza a afectar a una mayoría de catalanes”, detalla el texto.

El manifiesto culpa de la situación a la desidia de los sucesivos gobiernos de España “que, entre la indolencia y la inepcia”, no han sabido encarar con determinación el desafío anticonstitucional y su desprecio reiterado a la ley y a las decisiones judiciales. En él se alude al referéndum ilegal de Cataluña en 2017 y se critica a sus responsables políticos: “Sus autores no solo no se arrepienten, sino que proclaman provocativamente que lo volverán a hacer”, aseguran, en referencia a los dirigentes catalanes fugados o condenados por sedición por el Tribunal Supremo. “Su amenaza sigue en pie”, reza el texto.

Una denuncia contra el “atropello de derechos”

Denuncia el manifiesto que en Cataluña se están atropellando derechos constitucionales, tanto lingüísticos como cívicos, “en numerosos espacios y de diversas formas”. Señala, para empezar, que en las escuelas se adoctrina a los niños “en el desprecio a España” y desliza que que no se puede educar a los hijos en su lengua materna oficial, refiriéndose a la inmersión lingüística exclusiva en catalán. Por último, aludiendo a la obligatoriedad de tener toda la documentación oficial de las empresas y negocios en catalán, denuncia que los ciudadanos no son atendidos por las administraciones en las lenguas oficiales y no pueden usar libremente cualquiera de estas lenguas en su actividad comercial, productiva, pública y privada.

También asegura que existe una discriminación en el acceso al trabajo y que muchos ciudadanos padecen amenazas y son estigmatizados por discrepar de la ideología independentista. En una alusión a TV3 y Catalunya Ràdio, las emisoras públicas de la Generalitat, afirman que muchos ciudadanos “reclaman medios de comunicación que ofrezcan información veraz y objetiva y que no practiquen la demagogia y fomenten la manipulación de la mente y de las emociones”. El documento concluye con una invitación a estrechar los vínculos comunitarios y a promover un equilibrio territorial más justo. “Defender España es defender el bien común”, zanja el escrito.