El juez cita a declarar a Bárcenas en la investigación abierta sobre cohecho tras su reciente confesión

El juez Santiago Pedraz, que mantiene en la Audiencia Nacional una línea de investigación abierta sobre el delito de cohecho reflejado en la caja b del PP, ha decidido citar a declarar el próximo lunes a Luis Bárcenas. El magistrado ha tomado esta decisión tras la última confesión del extesorero popular, donde mostró su predisposición a colaborar en esta pieza del caso Gürtel que aún permanece en instrucción, y después de que el tribunal que se encuentra actualmente juzgando la contabilidad paralela de la formación haya decidido suspender la vista oral hasta, como mínimo, el próximo martes. Pedraz ha fijado el interrogatorio a las 10.30 de la mañana.

Antes de esa cita, Bárcenas comparecerá ante el juez Manuel García-Castellón, que lo ha llamado también a declarar en la causa sobre la Operación Kitchen, la trama urdida en el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) para arrebatarle presuntamente documentación comprometedora para altos cargos del partido conservador a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas. El magistrado, que también lleva la investigación de Púnica donde el extesorero afirma que quiere aportar nuevos datos, lo escuchará a las 9.00, según informa Europa Press. Sin embargo, fuentes de la defensa de Bárcenas han detallado que pedirán la suspensión de ambas convocatorias, ya que se han fijado apenas 24 horas antes de su interrogatorio previsto en el juicio de la caja b y, según añaden, estas tres citas de gran importancia se encuentran demasiado seguidas.

Las pesquisas sobre el cohecho, donde se trata de acreditar el nexo entre las donaciones de empresarios a la caja b y la adjudicación de contratos públicos, es una derivada de la investigación sobre la contabilidad paralela que comenzó a juzgarse el pasado lunes en la Audiencia Nacional. Esta línea de la instrucción se archivó en 2014 ante la falta de pruebas, pero se pudo reabrir tras los avances en otras tramas (como Lezo) y las confesiones de varios implicados en otros juicios. De hecho, como adelantó EL PAÍS, Pedraz ha puesto la lupa sobre 600 millones en obras concedidas durante los Gobiernos de José María Aznar, así como en distintas concesiones de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Hasta ahora, Bárcenas se había mantenido en silencio en esta parte del caso Gürtel. Sin embargo, en su reciente confesión, enviada el pasado 26 de enero a la Fiscalía Anticorrupción, el extesorero admitía por primera vez que se dieron contratos a cambio de mordidas durante la era del presidente Aznar. Además, inmerso en una recrudecida guerra con el PP, mostraba su predisposición a colaborar con la justicia. Su abogado Gustavo Galán, en una entrevista con este diario, fue incluso más allá y afirmó que su cliente le revelaría a Pedraz nuevos datos sobre “sobre las comisiones finalistas”.

Precisamente, la principal dificultad con la que se topan los investigadores en esta pieza sobre cohecho pasa por identificar qué entrada de dinero en la contabilidad paralela del PP se corresponde con la adjudicación de una obra concreta. Es decir, para poder imputar a alguien se requiere documentar quién paga, quién recibe, cuándo y a cambio de qué. Y en ese punto, Bárcenas afirma que tiene mucho que decir. Él controlaba los flujos de la caja b y los jueces instructores señalaron en varios autos que tendría conocimiento directo sobre qué obra se dio a cambio de qué importe: “Los fondos se entregaban a cambio de la facilitación por parte de Bárcenas y Álvaro Lapuerta, [predecesor del extesorero en el cargo], de contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”.

Los nexos encontrados

Esta pieza sobre cohecho se reabrió en 2017 y ha dado sus frutos. La policía ya considera documentado el nexo entre la entrega de dinero de la empresa de depuradoras Degremont, liderada por Rafael Palencia, y al menos dos adjudicaciones a esta compañía. “Existe una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 35.000 euros registrada en la contabilidad [en b] gestionada por Bárcenas”, subrayaron los investigadores sobre un contrato de explotación de la depuradora Viveros de La Villa, adjudicada por Canal de Isabel II en diciembre de 2006. “Existe una correlación con una entrega de 60.000 euros registrada en la contabilidad de Bárcenas equivalente al 2% del importe de adjudicación sin IVA”, añadieron sobre la concesión de la redacción de un proyecto de construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación de la depuradora Monte Boyal (Toledo), adjudicada por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).

El juez también mantiene bajo sospecha, en relación con Degremont, otro contrato de mantenimiento y conservación de la depuradora La Gavia, en el que Bárcenas habría mediado ante el Ayuntamiento de Madrid; así como un expediente de 2008 de la empresa pública Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid y gobernada entonces por Aguirre, a través de la cual se sacó a concurso la gestión de varias depuradoras por más de 23 millones de euros. Según un auto de la Audiencia, Palencia mostró interés por esta adjudicación en una conversación que tuvo en 2008 con Ildefonso de Miguel, entonces director general del Canal y hombre de confianza del posterior presidente Ignacio González, que atendió a su interlocutor tras recibir una llamada de Bárcenas para pedírselo. Esa charla, grabada por De Miguel e intervenida durante la Operación Lezo, se encuentra incorporada a la causa.

Paralelamente, el pasado 11 de diciembre, Pedraz dio luz verde a otra línea de investigación propuesta en esta pieza por la policía. El juez aprobó analizar 23 adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de Aznar, entre los años 2000 y 2004, por casi 600 millones de euros a Constructora Hispánica, una compañía encabezada por Alfonso García Pozuelo, condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I. Este empresario confesó en dicha vista oral que pagó al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a cambio de obras.

Cumplimiento de condena

Bárcenas se encuentra actualmente en prisión por una condena firme de 29 años por varios delitos enjuiciados en Época I. Pero la Audiencia Nacional ha fijado este martes que el tiempo máximo que debe pasar encerrado es 12 años, que se corresponde con el triple de la pena más alta impuesta por uno de esos delitos: en este caso, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, penados ambos con cuatro años de prisión. Los magistrados también han acordado que Rosalía Iglesias, mujer del extesorero y condenada en esa vista oral a casi 13 años, pase como máximo en la cárcel 7 años y 6 meses.