La caja b del PP, de la A a la Z
El juicio a la caja B del PP: el caso de los Papeles de Bárcenas
A… pero B
Dinero que el Partido Popular declaró al Tribunal de Cuentas como ingresos procedentes de donativos anónimos que en realidad formaban parte de su caja b. El PP recibió entre 1990 y 2008 donativos de varias decenas de empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración pública, y en muchos casos por cantidades superiores a los 60.000 euros al año, según los papeles de Bárcenas. La Ley de Financiación de Partidos Políticos prohibía expresamente recibir donaciones de empresas que contrataban con la Administración, y prohibía recibir más de 60.000 euros al año de un único donante.
La ley estableció este veto para evitar que una empresa tuviera la tentación de donar grandes cantidades de dinero a un partido a cambio de que le adjudicasen contratos públicos.
Con una parte de esas cantidades que engrosaban la caja b, el PP pagó distintos servicios del partido: sobresueldos trimestrales y semestrales a los principales dirigentes, distintas ayudas a otros cargos, obras en su sede central, pagos para adquisición de sedes provinciales o compra de participaciones de un medio de comunicación, según Bárcenas. Con el sobrante, el tesorero troceaba las aportaciones de empresarios en cantidades inferiores a 60.000 euros y las ingresaba en una sucursal del Banco de Vitoria en la cuenta oficial de donativos del PP. Con esta treta el PP conseguía blanquear parte del dinero opaco.
Acebes, Ángel Ministro de Interior y secretario general del PP entre 2004 y 2008
Los papeles de Bárcenas registran pagos de sobresueldos en b a Ángel Acebes durante su etapa como secretario general del partido. Eran pagos no declarados a Hacienda, ni por el PP ni por Acebes, que niega haber recibido ese dinero.
Entre los gastos anotados por Bárcenas en sus papeles figura la compra de participaciones de Libertad Digital, medio de comunicación afín al PP que por aquel entonces aireaba las teorías de la conspiración sobre la participación de ETA en los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004.
Bárcenas sostuvo ante el juez que Acebes ordenó la compra de aquellas participaciones. “No recuerdo si hablé con el tesorero de este tema y si el partido compró acciones”, declaró este al juez. Acebes aseguró que en su partido nadie tenía constancia de que existiera una caja b y eludió cualquier responsabilidad sobre la gestión financiera: “Yo no era el superior jerárquico de Álvaro Lapuerta. No es mi competencia controlar al tesorero. No tuve responsabilidad en materia económica. El cargo de secretario general era un cargo político, no contable”. Los secretarios generales del PP de la etapa investigada repitieron estos argumentos cuando el juez les preguntó por su responsabilidad.
Acusados
Cinco personas se sentarán en el banquillo de los acusados. Dos cargos del Partido Popular, el extesorero, Luis Bárcenas; y el exgerente, Cristóbal Páez, como responsables de la gestión financiera del partido. Y tres profesionales del despacho de arquitectura, entre ellos el propietario Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de reforma de la sede del PP en Génova 13 y que supuestamente cobró en negro una parte de los trabajos y no pagó los impuestos correspondientes. El juicio también va contra el PP como responsable civil subsidiario por los impuestos que supuestamente no abonaron sus gestores financieros, Páez y Bárcenas.
Arenas, Javier Ministro y secretario general del PP entre 1996 y 2000
Participó en la reunión del Palacio de La Moncloa en la que Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, acordaron con Mariano Rajoy los términos en los que el extesorero continuaría cobrando del partido pese a su imputación en el caso Gürtel. Durante más de dos años, Bárcenas conservó secretaria, chófer y una sala de la sede nacional del PP donde guardaba sus documentos, además de recibir uno de los mayores sueldos del partido: 200.000 euros al año.
Arenas, como secretario general del PP (2000-2004), figura entre los dirigentes que cobraba sobresueldos trimestrales, según los papeles de Bárcenas. En su declaración ante el juez Ruz negó haber cobrado sobresueldos y tener competencias sobre la gestión de las finanzas del partido. Durante la investigación, el entorno de Bárcenas sugirió que había una conversación grabada entre el extesorero y Javier Arenas donde se destapaba el escándalo. Nunca se ha localizado dicha grabación.
Arquitecto Gonzalo Urquijo
El PP reformó casi al completo la sede nacional del partido durante varios años. El proyecto y la ejecución de las obras se le encargó a la empresa UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES, propiedad del arquitecto Gonzalo Urquijo. La investigación descubrió que una parte de los trabajos de la sede principal del PP fueron abonados “con fondos ajenos al circuito económico legal” de una “caja B” de la formación política. La empresa de arquitectura no pagó ni el IVA ni el impuesto de sociedades correspondiente a los años 2006, 2007 y 2008 por más de un millón y medio de euros, según la investigación.
Aznar, José María Presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, presidente del PP entre 1990 y 2003
Cuenta que nunca supo nada sobre los manejos de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas entre 1990 y 2004, cuando dirigió el PP. Esa ha sido su respuesta cada vez que le han preguntado, aunque nunca en presencia de un juez. La primera vez que declarará por la caja b del PP será como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional. Aznar contestó así hace dos años en el Congreso de los Diputados: “Sobre la supuesta caja b del PP, mientras usted no demuestre su existencia —y no está demostrada su existencia— yo digo que no existe ninguna caja b del Partido Popular, lo afirmo. Por tanto, no existe ninguna organización del Partido Popular dedicada a cometer actos delictivos. Otra cosa distinta es que puede haber personas que hayan hecho actos que se hayan situado fuera de la ley o no hayan sido respetuosos con la legalidad, pero hay que diferenciar muy bien lo que significa la organización de lo que significan algunas personas en relación con la organización”.
Bárcenas, Luis
Se ocupó de las finanzas del PP desde los 34 años hasta los 53, como gerente primero (1990-2008) y como tesorero después (2009). Trabajó siempre desde la sala de máquinas de Génova, 13, y sólo desde 2004 entró en las instituciones al ser elegido senador por Cantabria. Dejó su escaño en 2010 por su imputación en el caso Gürtel. Fue condenado a 29 años de cárcel en esa causa. Ahora afronta un nuevo juicio donde la Fiscalía le pide cinco años de cárcel por delito fiscal, apropiación indebida y falsedad documental.
Bárcenas sostiene que el sistema de financiación ilegal que controló desde 1990 no es ni un invento suyo ni tampoco es secreto, pues lo conocían los principales dirigentes del partido, que en esos años fueron José María Aznar y Mariano Rajoy como presidentes, y los secretarios generales, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal. Cuenta Bárcenas que estos dirigentes conocían la donación opaca que hacían los empresarios y decidían en qué se gastaba ese dinero. Y que los secretarios generales y vicesecretarios del PP cobraron sobresueldos trimestrales o semestrales de esa caja b.
La gestión de Bárcenas como gerente y tesorero en el PP coincidió con un enriquecimiento personal que no se correspondía con sus ingresos laborales y que le llevó a esconder en dos cuentas suizas hasta 48 millones de euros. Bárcenas atribuyó esa fortuna nunca declarada a sus negocios privados y a su pericia en las inversiones bursátiles. Pero el extesorero nunca pudo acreditar que las cantidades que ingresó en Suiza procedían de sus negocios privados.
Caja b
El juez José de la Mata hace esta descripción del sistema de financiación ilegal de la formación conservadora. “El Partido Popular utilizó entre 1990 y 2008 una contabilidad paralela o “Caja b” que se habría nutrido de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial, y que, de acuerdo a lo indiciariamente acreditado, habría sido destinada, al menos, a los siguientes fines:
a) al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el Partido.
b) al pago de gastos generados en campañas electorales.
c) al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido o relacionados con su actividad.
d) así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del Partido”.
Cohecho
El juez Pablo Ruz llegó a imputar a los empresarios que supuestamente habían donado grandes cantidades de dinero al PP, según la contabilidad paralela de Bárcenas. Pero los informes periciales que solicitó no fueron capaces de determinar si las supuestas aportaciones de los empresarios estaban vinculadas a la adjudicación de contratos públicos, lo que hubiera supuesto un delito de cohecho. El juicio del caso Gürtel, la trama corrupta que se enriqueció con adjudicaciones amañadas en administraciones gobernadas por el PP, permitió reabrir la investigación del supuesto cohecho tras la confesión de algunos implicados. El juez Santiago Pedraz, actual instructor, tiene abierta una investigación sobre las adjudicaciones de seis ministerios a empresas donantes del PP durante la etapa de Gobierno de José María Aznar.
Cospedal, Dolores
Era la secretaria general del PP en los últimos meses de funcionamiento de la caja b. Sostiene que nunca conoció la existencia de ese mecanismo de financiación ilegal y que no cobró los dos sobresueldos de 7.500 euros anotados en los papeles de Bárcenas. Demandó al extesorero del PP y logró que la Audiencia Provincial de Toledo obligase a Bárcenas a indemnizarle con 50.000 euros por vulneración al honor.
Cospedal contactó con el comisario José Manuel Villarejo cuando estalló el escándalo para estudiar estrategias de defensa del partido para obstaculizar las investigaciones del caso Gürtel o responder a las maniobras de Luis Bárcenas. Su director general de seguridad en el Gobierno de Castilla-La Mancha, el policía Andrés Gómez Gordo, participó en la captación de un confidente para espiar a Bárcenas e intentar sustraerle documentación comprometedora para el PP, según la investigación abierta en la Audiencia Nacional en el caso Kitchen.
Del Burgo Jaime Ignacio
Diputado de UPN que entre 1991 y 1992 hizo de correo para llevar dinero de la caja b al entonces consejero de Salud del Gobierno navarro, Calixto Ayesa. El juez Ruz le preguntó y Del Burgo confirmó que él personalmente había hecho las entregas de efectivo que Bárcenas apuntaba en la contabilidad paralela del PP.
Pregunta. ¿Le concuerda a usted haber hecho seis recogidas entre 1991 y 1992?
Respuesta. Reconozco que recogía esas cantidades que se le daban al señor Ayesa. Si el señor Ayesa dice que totalizaban 3,9 millones [de pesetas], pues esa es la verdad. Además, coincide con las anotaciones que hay ahí [en referencia a los papeles de Bárcenas]. Yo reconozco que efectivamente esas anotaciones pueden ser absolutamente ciertas. Es verdad que yo recogía dinero, esas cantidades son correctas yo no tengo nada que decir. Como no era un asunto que no me tocaba de forma personal, no contaba el dinero, me limitaba a recogerlo y trasladarlo.
P. ¿Quién toma el acuerdo de pagar esas cantidades?
R. El presidente, el presidente del partido.
P. ¿Quién era?
R. José María Aznar.
Delito fiscal
El Partido Popular no presentó declaración por el impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio de 2008 ni efectuó pago alguno a cuenta por este tributo en dicho ejercicio, según el juez instructor del caso de la caja b. El PP entendió aquel año que no estaba obligado por ley a hacerlo y tramitó su baja en la declaración de este impuesto.
El juez relata que el PP omitió la presentación de la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a 2008 sobre las donaciones ilegales que registró Bárcenas en sus papeles —más de un millón de euros en un año electoral—, lo que significa que “habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167 euros”. Esa cuota defraudada supondría la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, imputable a quien actuara como administrador o responsable legal de la formación política, en esto caso el tesorero, Luis Bárcenas, y el gerente de la formación, Cristóbal Paez. Con el dinero de las donaciones ilegales se pagaron parte de las obras de reforma de la sede del PP.
Donación anónima
La Ley de Financiación de los Partidos Políticos permitía las donaciones anónimas: no había que declarar ante nadie el nombre de la persona o empresa que aportaba al dinero. Este hecho impedía un mínimo control por parte del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de esas ayudas. Aunque la ley prohibía expresamente aportaciones superiores a 60.000 euros al año de un único donante, y también prohibía que pudieran donar empresas contratistas de la administración, la trampa era muy sencilla. Según lo investigado en el caso de los papeles de Bárcenas, el sistema del PP era imposible de descubrir por parte del Tribunal de Cuentas. Un donante anónimo, contratista de la administración pública, entregaba al tesorero del PP un sobre con 180.000 euros en efectivo. El tesorero hacía tres paquetes de 60.000 euros y ordenaba al cajero del PP que lo ingresara como tres donaciones anónimas. En la contabilidad oficial del PP quedaba reflejado como un asiento absolutamente legal, y el Tribunal de Cuentas nunca puso la más mínima objeción.
Garzón, Baltasar
El juez que desarticuló desde la Audiencia Nacional la trama corrupta que dirigía Francisco Correa para enriquecerse a través de los contratos amañados que dirigentes del PP adjudicaban a sus empresas. Garzón fue condenado e inhabilitado por ordenar grabaciones en la cárcel a los principales imputados con sus abogados. Fue la primera víctima del caso Gürtel que él destapó.
Iglesias, Rosalía
La esposa de Luis Bárcenas ingresó en prisión hace dos meses para cumplir una pena de 12 años tras confirmarle el Supremo la condena de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel. Aunque era su marido quien llevaba la gestión del patrimonio de la pareja, el tribunal consideró que Rosalía Iglesias “tenía pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las que el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular”. Bárcenas sostiene que su mujer sólo firmaba los papeles que él le entregaba. Pero el tribunal atribuyó a Iglesias “una conducta claramente activa en orden a cooperar en esta dinámica de defraudación, ocultación y posterior afloramiento del dinero ilícitamente obtenido por su esposo”. “Su participación”, concluye la sentencia, “no se limitó a plasmar su firma en cierta documentación”.
Libertad Digital
La empresa de comunicación Libertad Digital atravesaba dificultades financieras en 2004 y el PP compró acciones de ese medio de comunicación por 410.000 euros. Bárcenas declaró que fue el secretario general del PP, Ángel Acebes, quién le ordenó comprar participaciones de un medio de comunicación que entonces defendía la teoría de la conspiración del 11-M para atribuir a ETA la matanza de los trenes. El locutor Federico Jiménez Losantos demandó a EL PAÍS cuando este periódico informó sobre la compra de participaciones de Libertad Digital con dinero de la caja b del PP. Pero algunos meses después de presentada la demanda, Losantos la retiró: “Lo que en aquellas fechas llamé gravísima afirmación sin fundamento alguno, hoy, a la vista de las diligencias del juzgado y del reconocimiento del propio Bárcenas, existen dudas de hecho y de derecho que hacen aconsejable la renuncia a la acción”.
Matas, Jaume
Expresidente balear y exministro de Medio Ambiente en el Gobierno de José María Aznar. Su nombre figura en los papeles de Bárcenas con aportaciones de 5.400 euros para el pago de un piso. Matas aseguró al juez que nunca había recibido dinero b del PP pero admitió que la formación conservadora le pagó el alquiler de un piso en Madrid que utilizó cuando ya no era ministro y estaba pendiente de iniciar la campaña electoral en Baleares.
Páez, Cristóbal
Fue gerente del PP muy poco tiempo pero trabajo algunos años a la sombra de Luis Bárcenas. Su nombre aparece en los papeles con un sobresueldo de 6.000 euros que Páez reconoció.
Palencia, Rafael Donante
Empresario clave en la investigación abierta sobre el supuesto cohecho en la adjudicación de contratos a donantes del PP. Palencia se reunió con el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, por indicación de Luis Bárcenas. El empresario propuso a este alto cargo de la Comunidad de Madrid donar dinero al PP a cambio de que le adjudicaran contratos públicos. De Miguel grabó esa conversación, que acabó en el juzgado y permitió abrir una nueva investigación sobre el supuesto cohecho.
‘Papeles de Bárcenas’
Luis Bárcenas acumulaba a comienzos de 2010 numerosas sospechas de corrupción y seguía imputado en el caso Gürtel. El tesorero se paseaba algunos días con una cartera de piel marrón tamaño folio donde guardaba documentos sobre la historia oculta de su partido. Se mostraba indignado con el trato que algunos dirigentes del PP le estaban dando, según contaba a personas que intentaban ayudarle. Se lamentaba de que no se le protegiera lo suficiente frente a jueces y fiscales cuando él había cuidado de todos y tenía información suficiente para tumbar al partido y a sus principales dirigentes. El tesorero guardaba la información explosiva en esa cartera de piel marrón y se la mostró a varias personas: eran los papeles de la caja b.
Cuando EL PAÍS hizo públicos esos papeles, el 31 de enero de 2013, Bárcenas negó su autenticidad y tildó de chapucera esa contabilidad. Pero pronto rectificó y confesó ante el juez Pablo Ruz: “No hay un solo apunte que no se corresponda con un hecho real y todos los apuntes y las cantidades son rigurosamente ciertas”.
Querellas y demandas contra EL PAÍS
EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas y al menos una decena de las personas que aparecían reflejadas en las anotaciones del tesorero del PP demandaron al periódico por vulneración al honor, injurias y calumnias. El expresidente José María Aznar, su yerno, Alejandro Agag; la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; los secretarios generales y vicesecretarios del PP de distintas etapas (Angel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Dolores de Cospedal); el arquitecto Gonzalo Urquijo; el empresario Luis del Rivero o el locutor Federico Jiménez Losantos perdieron o retiraron sus demandas. Las sentencias avalaron siempre el trabajo del periódico. Durante meses, los principales dirigentes del PP acusaron a EL PAÍS de fabricar unos papeles falsos e intentaron que los jueces condenaran al periódico a rectificar aquella información.
Rajoy, Mariano
Salió presidente a la tercera y para entonces, noviembre de 2011, el caso Gürtel ya envenenaba el futuro de un partido sobre el que empezaba a pesar una grave sospecha de corrupción masiva. Los papeles de Bárcenas, conocidos en febrero de 2013, acabaron de dar la puntilla a Rajoy y al PP, que se desplomó en las siguientes elecciones generales. Pero el presidente del Gobierno aguantó en el cargo hasta que una moción de censura le apartó del poder en junio de 2018 tras hacerse pública la primera sentencia del caso Gürtel. Rajoy asegura que nunca cobró los sobresueldos que figuran en los papeles. Como presidente del PP, fue quien ascendió a Barcenas al cargo de tesorero nacional y le mantuvo cuando ya estaba imputado con el sueldo más alto de toda la organización.
Sobresueldos en b
Los principales dirigentes del PP entre 1990 y 2009 gozaron de varios sueldos oficiales con sus correspondientes retenciones de IRPF. Pero Bárcenas sostiene que además de esos salarios que les pagaba el partido –o las instituciones donde estaban- había un “sobresueldo” opaco al fisco que recibían cada trimestre y que suponía, de media, 24.000 euros al año. Ninguno de los dirigentes que recibió ese dinero habría cometido delito fiscal al no declararlo porque la cuota defraudada es muy inferior a 200.000 euros. Ese es uno de los motivos por los que la investigación judicial no se detuvo en los sobresueldos a la cúpula del PP, porque no suponían ninguna infracción penal. Por eso no se investigó a fondo y los beneficiarios lo negaron siempre con vehemencia.
