Bárcenas apunta al cohecho en la era de Aznar y a la caja b que usó Aguirre

Luis Bárcenas ha anunciado a la Fiscalía Anticorrupción su intención de aportar información sobre, al menos, dos grandes causas por corrupción que investiga la Audiencia Nacional. El extesorero del PP, que cumple una condena de 29 años de cárcel por el caso Gürtel, apunta que pudieron existir contratos amañados a favor de empresarios que donaban dinero al PP. Además, entre la documentación que le sustrajeron durante la operación policial Kitchen, figuraban presupuestos del PP de Madrid que demostrarían supuestamente la financiación ilegal de las campañas electorales de Esperanza Aguirre.

El caso Púnica investiga distintas ramas de corrupción en el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid. Tres expresidentes regionales —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes— están imputados. La investigación que les afecta reúne algunos indicios de la supuesta financiación ilegal que alimentó las campañas electorales de Aguirre, quien ganó por mayoría absoluta en los comicios de 2003, 2007 y 2011.

El extesorero del PP nacional Luis Bárcenas conservaba en su poder numerosa documentación madrileña que incluía cheques, extractos bancarios y otros documentos contables que supuestamente demostrarían los excesos de gasto electoral del PP de Aguirre para los comicios autonómicos. Ese exceso de gastos fue ocultado al Tribunal de Cuentas, según se comprueba al comparar las cifras recogidas en la documentación que conservaba Bárcenas y la remitida al organismo fiscalizador por el PP de la Comunidad de Madrid.

Bárcenas le ha confesado ahora a la Fiscalía Anticorrupción que entre los documentos que le fueron sustraídos por los policías de la Operación Kitchen —el espionaje ilegal a la familia del extesorero pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior— había algunos “muy sensibles hacía el Partido Popular”. Entre esos documentos, según explican a EL PAÍS fuentes del entorno de Bárcenas, se encontraba la contabilidad electoral del PP de Aguirre.

La contabilidad interna de la campaña de 2003, según los documentos que guardaba Bárcenas, registró un supuesto gasto de 3,4 millones de euros, mientras que la cifra facilitada al Tribunal de Cuentas fue de 2,4 millones. El testimonio de Bárcenas en esa causa puede apuntalar los indicios que ya ha acumulado la investigación sobre una financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, el escándalo que supuso para el PP la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, una contabilidad paralela y opaca al fisco que demostraba la financiación ilegal de la formación conservadora durante casi 20 años, se agrava ahora con otra confesión del ex tesorero.

Luis Bárcenas sostiene en el escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que en algunos casos concretos de los que tiene información hubo adjudicación de contratos públicos a empresarios a cambio de donaciones. El extesorero había mantenido durante los siete años de investigación de este caso la misma versión al referirse a los ocho millones de euros que el PP ingresó en la caja b por las donaciones de empresarios.

Ese dinero, repetía Bárcenas cada vez que le preguntaban, no estaba condicionado a la adjudicación de contratos a los empresarios que se portaban bien con el PP. El extesorero tan sólo admitía que desde el partido se llamaba a los alcaldes o cargos públicos de distintas administraciones para que atendieran a esos empresarios, pero sin ningún compromiso de adjudicación de contratos.

La última confesión de Bárcenas cambia radicalmente y admite que “pueden existir algunos concretos casos en los que si concurrió aquella motivación”, en referencia a la adjudicación de contratos a cambio de las donaciones. El juzgado que investiga los papeles de Bárcenas tiene abierta una pieza separada donde ya se acumulan algunos indicios de que parte del dinero que ingresó el PP en su caja b procedía de empresarios que habían conseguido a cambio contratos públicos. El delito de cohecho siempre sobrevoló sobre esta causa, pero hasta ahora todas las pesquisas habían resultado infructuosas.

Rafael Palencia es un empresario que visitó a un cargo de la Comunidad de Madrid porque se lo había indicado Luis Bárcenas, según numerosas pruebas en poder de la Audiencia. Y Palencia le contó a ese alto cargo regional que estaba dispuesto a donar más dinero al PP siempre que se portasen bien con su empresa en las adjudicaciones. El juez Santiago Pedraz ha seguido tirando del hilo y ha encargado que se investiguen 23 contratos millonarios adjudicados por el Gobierno de José María Aznar en cinco ministerios distintos, en Renfe, en Adif y en Aena, entre 2000 y 2004. La policía propuso esta línea de investigación tras encontrar algunas irregularidades en la adjudicación de contratos a favor de donantes del PP.

Contratos multimillonarios de la administración central fueron adjudicados a Constructora Hispánica, cuyo propietario, Alfonso García Pozuelo, era uno de los principales donantes del PP, con nueve aportaciones de fondos en distintos años según los papeles de Bárcenas. García Pozuelo llegó a sugerir en el juicio del caso Gürtel que pagaba dinero a “organismos centrales” a cambio de la adjudicación de contratos. Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, aclaró en el juicio que “organismos centrales” se refería a obras de la administración central por las que García Pozuelo pagaba dinero al PP.

El juez Pedraz ha solicitado ahora “el contenido íntegro de los expedientes de contratación”, el “pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas”, “las ofertas presentadas por todos los licitadores”, los “informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas”, las “actas de las mesas de contratación”, la “resolución de adjudicaciones”, los contratos y sus modificaciones.

Bárcenas señala ahora en su última confesión que conoce algunas prácticas como las que investiga la Audiencia Nacional y colaborará con la justicia en las próximas semanas.