La guerra entre comisarios destapa más pruebas del espionaje ilegal a Bárcenas
Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional en octubre recoge los documentos relacionados con la ‘Operación Kitchen’ encontrados en registros a los archivos de Villarejo
El juez que investiga el espionaje ilegal por parte del Ministerio del Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas acumula más pruebas de una operación policial que se prolongó dos años, se hizo a espaldas del juez y se pagó con fondos reservados. La guerra abierta entre el comisario José Manuel Villarejo y el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas desencadenó una serie de denuncias en enero de 2015 que señalaban la existencia de la Operación Kitchen. El juez ha incorporado ahora esas pruebas al sumario.
Un informe policial remitido a la Audiencia Nacional el pasado octubre recoge todos los documentos relacionados con la Operación Kitchen encontrados en los registros de las viviendas y oficinas del comisario Villarejo tras su detención en noviembre de 2017.
Entre esos documentos, algunos de ellos no incorporados a la causa debido a que podrían estar bajo la protección de la Ley de Secretos Oficiales, la policía destaca dos denuncias de principios de 2015 presentadas por Villarejo contra un compañero, el entonces comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. En aquel tiempo, ambos comisarios ya se habían declarado la guerra. Martín Blas investigaba las actividades delictivas de Villarejo por orden de un juez de instrucción de Plaza de Castilla. Y Villarejo se defendía de aquella investigación lanzando acusaciones contra Martín Blas.
El 19 de enero de 2015, Villarejo presentó una denuncia contra Martín Blas en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía con número de registro 884. “El comisario Marcelino”, escribió Villarejo, “sabe perfectamente que los números a los que se refiere los empleo para ocultar mi identidad con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es SERGIO LÓPEZ (Cocinero)”. En esta denuncia, Villarejo se refiere a que uno de los informadores que tiene y con el que utiliza un hombre falso, es El Cocinero, apodo que le puso a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que acabó siendo el confidente de la policía para averiguar dónde guardaba el extesorero del PP documentación que pudiera implicar a dirigentes populares en los delitos que investigaba la Audiencia Nacional.
En la misma denuncia, Villarejo asegura que Marcelino Martín Blas estaba cediendo “datos fundamentales a otros organismos sin autorización del Cuerpo Nacional de Policía como la identidad e informaciones que El Cocinero facilita”.
Cuando Villarejo escribió esta denuncia, el chófer de Bárcenas, alias El Cocinero, había facilitado información a los comisarios que había permitido conseguir algunos documentos en poder del extesorero, según la investigación judicial. Y Villarejo reprochaba a Martín Blas haber facilitado esa información a “otros organismos”.
Martín Blas está imputado en la Operación Kitchen, pero ha negado que participase en el operativo policial de espionaje al extesorero del PP y a su familia. Pese a ello, algunos agentes de su departamento hicieron de manera esporádica seguimientos a la mujer de Bárcenas, según han reconocido ante el juez los implicados en esa operación.
El nombre de Martín Blas no aparece en la mayoría de las pruebas que acreditan la existencia de la Operación Kitchen pero algunos comisarios, entre ellos Villarejo, le implican en el espionaje ilegal a Bárcenas.
José Manuel Villarejo amplió su denuncia contra Marcelino Martín Blas algunos meses después. El 5 de mayo de 2015 aseguró en la denuncia registrada con el número 193 que Martín Blas “junto con ciertos mandos del CNI reportan continuamente a la Jefa de Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno y está utilizando los medios de su departamento para labores contrarias a su misión”. “Entre otras”, continuaba, “vigilancia de políticos de ciertas tendencias o acoso a policías relacionados con temas de corrupción como la Gürtel, entre otros a objeto de que dejen de investigar en cierto sentido”. Esta denuncia nunca se demostró cierta.
Los numerosos indicios de un delito mayor
El magistrado Manuel García Castellón atesora ya numerosos indicios de una operación ilegal pagada con dinero público de los fondos reservados con el único objetivo de obstruir la labor de la justicia que investigaba la financiación ilegal del partido en el Gobierno. En el sumario se acumulan testimonios de comisarios de policía que reconocen que el espionaje ilegal se produjo, que hubo un confidente al que se pagó con fondos reservados y que la información conseguida nunca fue puesta a disposición del juez que investigaba los hechos. En el mismo sumario hay grabaciones, requisadas a Villarejo, que prueban como el confidente informaba a la policía de los pasos de la familia Bárcenas. Y también hay recibos del sueldo mensual que se pagaba al chofer de Bárcenas por sus confidencias.
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