Guía básica para entender el real decreto

En la fase más aguda de la crisis sanitaria, cuando la economía europea empezaba a verle las orejas al lobo con caídas de PIB, déficits estratosféricos y demás efectos secundarios del coma inducido al que los Gobiernos han sometido a sus economías, la UE aprobó un bazuca de 750.000 millones de euros, la mitad en créditos y la mitad en ayudas contantes y sonantes para los países más afectados. Lo nunca visto: se suspendieron las reglas fiscales y Bruselas le puso una vela a Keynes. España e Italia van a ser, en principio, los más beneficiados si el castañazo hispanoitaliano es tan espectacular como parece: a España llegarán algo más de 140.000 millones en seis años, la mitad en transferencias directas que no hay que devolver. Keynes decía que en caso de depresión, cuando se hunde la demanda, el Estado debe tomar el mando y, si hace falta, cavar zanjas para volver a cubrirlas: algún malvado dice que el Plan E de Zapatero fue la definición exacta de ese keynesianismo de brocha gorda.

Se supone que esta vez hay más finezza: los fondos europeos deberán ir acompañados de reformas y, más que volver a crecer, permitirán crecer mejor; están focalizados en digitalización y políticas medioambientales y, si de veras salen adelante las reformas, elevarán el potencial de crecimiento de la economía española, que falta hace. La música, en resumen, suena estupendamente, al menos sobre la partitura. Ahora hay que ponerse a tocar: ese es el objetivo del Real Decreto aprobado, con los habituales apuros y un nuevo episodio del Apocalipsis en versión PP (que lo califica de “peronista” y alerta del riesgo de corrupción y de generar una burbuja clientelar).

El decreto, en fin, persigue deshacer los cuellos de botella que pueda haber en la Administración española para agilizar la gestión y permitir que los fondos de la UE activen la ansiada recuperación. En 61 páginas se levanta una suerte de envoltorio legal para absorber esa fina lluvia de fondos. Estas son las cuatro grandes dudas que genera:

1. Gobernanza difusa. Se suponía que la vicepresidenta Nadia Calviño, la cara de España en Bruselas, iba a llevar la batuta de esa operación. Pero no lo parece: se crea una estructura muy vertical, con Calviño y el presidente Pedro Sánchez (y su jefe de la Oficina Económica, Manuel de la Rocha) muy encima, pero el volante es para una semidesconocida: Mercedes Caballero, directora general de Fondos Europeos, es la nueva estrella ascendente de la Administración española. Una alta funcionaria con experiencia de gestión, básicamente de los fondos estructurales y la Política Agraria Común, con muy buena fama en Hacienda y con mucha, mucha personalidad. Necesitará suerte: las presiones ya han empezado, tanto con La Moncloa como con las comunidades autónomas (que gestionarán buena parte del dinero), y esto ni siquiera ha arrancado.

2. Agilización. El decreto se las prometía felices para acabar con los cuellos de botella en la gestión, pero tiene pinta de agilizar poco. Y la operación lleva ya cierto retraso. La Comisión Europea ha ido cambiando las guías y al final los fondos deben regirse por las políticas de competencia y de ayudas de Estado: en algunos casos se rebajan listones y plazos, pero España no se ha decidido finalmente por una sociedad pública, que hubiera permitido imponer criterios de gestión privada. Además, el sector público tendrá que incorporar a muchos funcionarios para gestionar ese dinero a la velocidad adecuada: a pesar del relato del centroderecha, la Administración pública española está en los huesos y es la más envejecida de Europa, solo por detrás de Italia. Y la cultura procedimental del funcionariado va a chocar con la necesidad de agilizar procedimientos para gastar todo el dinero, y para intentar gastarlo bien.

3. No me esperen en abril. España tiene un desempeño mediocre en la gestión de los fondos europeos. Y ahora van a llegar muchos más: la foto final de los planes españoles y las reformas asociadas no estará lista hasta abril, lo que significa al menos todo el primer trimestre en blanco. Después será el primer examen de Bruselas. Si España lo aprueba, el dinero podría empezar a llegar en verano, y es muy probable que los primeros proyectos no se liciten hasta final de año. La Moncloa apunta que el dinero está ya presupuestado y que España puede avanzar parte de los fondos, pero en resumidas cuentas su impacto en 2021 no será el esperado. La gestión sanitaria empezó a relajarse cuando aparecieron las vacunas: la realidad es que quedan seis meses muy duros por delante. A la economía le sucede lo mismo: todo el Gobierno está absolutamente pendiente de los fondos europeos, pero antes de que empiece esa lluvia fina a España le espera un semestre económico muy difícil.

4. Parábolas bíblicas. El Gobierno estima que la economía podría llegar a crecer el 9,8% si España gasta como tiene que gastar los más de 20.000 millones presupuestados este año. El decreto pone en marcha los PERTE, proyectos estratégicos, una suerte de planes vip que tendrán prioridad absoluta. Y la nueva normativa apuesta además “por la colaboración público-privada, que puede llevar a multiplicar por cuatro o por cinco el importe de los fondos”, según De la Rocha. Todo eso parece una reedición de la parábola bíblica de los panes y los peces: “La realidad es que estamos ante un formidable reto de gestión y que los analistas hemos pasado del entusiasmo inicial al escepticismo”, valora José Moisés Martín Carretero, economista y miembro del Consejo Asesor de Calviño.