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Reforma laboral y salario mínimo, piedra de toque entre sindicatos y patronal

La crisis económica por el coronavirus lleva a los agentes sociales a defender posiciones más definidas

Desde la izquierda: Pepe Álvarez (UGT), Unai Sordo (CC OO), Pedro Sánchez, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), en La Moncloa.
Desde la izquierda: Pepe Álvarez (UGT), Unai Sordo (CC OO), Pedro Sánchez, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme), en La Moncloa.ÁLVARO GARCÍA
Manuel V. Gómez

Los puntos de fricción entre los dos socios de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, se trasladan también a la negociación social entre sindicatos y patronal. Estos son los principales puntos de divergencia entre los agentes sociales.

Reforma laboral. Es el asunto en el que las posturas de sindicatos y empresarios están más definidas desde hace años. Los primeros exigen su derogación. Aceptan que se cambien primero los cuatro puntos que consideran más lesivos (negociación colectiva, ultraactividad, subcontratación e incumplimientos de convenios), pero quieren volver a negociar esto ya. CEOE y Cepyme piensan que “no es el momento”. Aunque aceptaron negociarlo antes de la pandemia y estaban en ello hasta comienzos de marzo, ahora las cosas han cambiado con el coronavirus y sus consecuencias económicas.

Salario Mínimo Interprofesional. El salario mínimo es donde las posiciones de los agentes sociales más se han definido en los últimos días. Los sindicatos defienden que suba el SMI en 2021. UGT es la central que apuesta más fuerte, por ahora. Reclama un incremento de los 950 euros mensuales actuales hasta los 1.000 euros, más del 5%. CC OO, por su parte, entendería una subida ahora que se situara en torno al 1,8% y el 1,9%. Ahora, ni UGT ni CC OO pierden de vista cuál es su objetivo para la legislatura: alcanzar el 60% del salario medio, siguiendo la Carta Social Europea. La posición de CEOE y más todavía de Cepyme es la contraria. Rechazan subir el salario mínimo. “No es el momento”, suele ser la respuesta en público y en privado cuando se les pregunta en referencia a la crisis y el nivel de paro. También recuerdan la debilidad de los precios en 2020, que ha permitido ganancias sustanciales de poder adquisitivo.

Pensiones. La noticia de que la Seguridad Social se plantea aumentar el periodo de cómputo de las pensiones hasta los últimos 35 años cotizados no gustó en los sindicatos. La mesa de diálogo social para la reforma está abierta y la propuesta no ha llegado allí, según confirmaban tanto los representantes de los sindicatos como de los empresarios. Ni CC OO ni UGT han valorado oficialmente la propuesta por ahora. Esperan a conocerla. Pero no les gusta la música. España está ahora inmersa en un periodo transitorio por el que se está incrementando el número de años con que se calcula la pensión, de 15 años (en 2012) hasta 25 años (en 2022). Ese aumento lo pactaron en 2011 junto al aumento de la edad de jubilación a los 67 años y les costó un importante desgaste.

La propuesta llega cuando todavía no se ha acabado de implantar toda la reforma de 2011 ni evaluado sus efectos. “Introducir estos elementos en el debate es absurdo. Es una manera de rebajar las pensiones”, declaró este martes el líder de UGT, Pepe Álvarez. En CC OO apuntan que si esa medida se ha prometido a Bruselas sin pasar por la mesa del diálogo social sería “desleal”.

Desahucios y suministros. Las posiciones de los agentes sociales sobre los últimos capítulos de los desencuentros entre el PSOE y Unidas podemos sobre el decreto frente a los desahucios o los cortes de suministros en los hogares vulnerables no están tan definidas como en las otras materias, que atañen directamente a las competencias del diálogo social. Sobre la vivienda, UGT y CC OO presentaron este año un plan conjunto que demandaba la creación de un amplio parque de viviendas públicas. Recientemente UGT ha defendido la regulación del precio del alquiler, ya que considera que algunas de las medidas extraordinarias en estos meses son insuficientes.

Acerca de los desahucios, concretamente, CC OO reclama ayudas directas a los afectados por los lanzamientos o a los propietarios de las viviendas para afrontar el problema. También las pide para que los hogares puedan afrontar el pago de suministros como la luz cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Explican en este sindicato que hay miles de millones para el rescate de empresas, pero no los hay en igual medida para las familias. Tampoco acaba de gustar en la central que dirige Unai Sordo la definición que se hace de gran propietario: las 10 viviendas les parece un umbral muy alto y creen que debería reducirse.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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