JUAN CARLOS I

Hacienda contestó al juez en 24 horas que Juan Carlos I no tenía cuentas en el extranjero

La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad

El rey Juan Carlos I, en un acto en 2012.
El rey Juan Carlos I, en un acto en 2012.Srdjan Zivulovic / REUTERS

La Agencia Tributaria no tiene constancia de que Juan Carlos I posea cuentas corrientes en el extranjero, según la respuesta que remitió en septiembre de 2018 —solo 24 horas después de ser requerida por el juez— la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) al magistrado que investigaba el caso Villarejo: “En las diversas fuentes de información de que dispone la Agencia Tributaria no hay constancia de que S. M. el Rey Emérito posea cuentas corrientes en el extranjero”, señaló entonces el organismo.

El instructor del caso Villarejo solicitó a la Agencia Tributaria información sobre el rey emérito y en 24 horas recibió una respuesta donde se aseguraba que Hacienda no tenía conocimiento de cuentas a nombre de Juan Carlos I en el extranjero. Desde entonces, la Agencia Tributaria tampoco ha iniciado una inspección fiscal al rey emérito pese a conocer que Juan Carlos I utilizó fondos ajenos no declarados al fisco durante al menos tres años, entre 2016 y 2018, cuando ya no gozaba de inviolabilidad. Tampoco la Fiscalía ha presentado aún ninguna querella contra Juan Carlos I por supuesto delito fiscal, una circunstancia que investiga desde hace más de un año.

Estos hechos permitieron que los abogados del rey emérito presentaran el pasado miércoles la regularización de forma voluntaria por 678.393 euros, correspondientes a los impuestos más los recargos más los intereses correspondientes a los fondos ajenos que usó y no declaró entre 2016 y 2018.

Los fondos ajenos correspondían al dinero que Allen Sanginés-Krauze hizo llegar a su amigo Juan Carlos I a través de la intermediación del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza. Eso ocurrió entre 2016 y 2018. El 17 de julio de este último año, el juez de refuerzo del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, abrió diligencias previas sobre la pieza número 5 del caso Tándem-Villarejo. De Egea ordenó el análisis de los dispositivos encontrados en el domicilio del abogado Rafael Redondo Rodríguez, socio del excomisario José Manuel Villarejo. El juez ordenó la transcripción de las grabaciones encontradas en esos dispositivos y descubrió que, en una de las conversaciones, Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I, detallaba a Villarejo la existencia de cuentas en Suiza a nombre de testaferros del rey emérito. De Egea citó como investigado a Villarejo el 25 de julio de 2018 y el 4 de septiembre ordenó una nueva diligencia sin que mediase solicitud de la Fiscalía Anticorrupción por la que se libraba oficio a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria para recabar información.

Veinticuatro horas después, De Egea ya tenía la respuesta. El 5 de septiembre, la ONIF informó al juez de que el rey emérito no había presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720). Tampoco había constancia, decía basándose en todas las “fuentes de información disponibles”, de que el rey emérito tuviera cuentas corrientes en el extranjero.

La investigación de la Agencia Tributaria sobre los bienes de Juan Carlos I en el extranjero se produjo en septiembre de 2018, seis años después de que el rey emérito cancelara la cuenta del banco suizo Mirabaud & Cie donde llegó a recibir 100 millones de dólares en 2008 como regalo del rey de Arabia Saudí.

Cuatro años después de aquel ingreso multimillonario, en 2012, Juan Carlos I transfirió todo el dinero que le quedaba en Mirabaud & Cie, unos 64 millones de euros, a una cuenta de Corinna Larsen, su examante, mediante una donación. De todas estas operaciones, el rey emérito no informó a la Agencia Tributaria española.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez el 7 de septiembre de 2018 el sobreseimiento provisional de la pieza Carol. En su escrito señalaba que, siendo los hechos un posible caso de corrupción en las transacciones internacionales, procedía iniciar una investigación al margen del procedimiento de la Audiencia.

La Fiscalía advirtió también sobre las contingencias fiscales que pudieran derivarse de las conversaciones entre Corinna y Villarejo: “Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias, y en su caso, pudieran derivar en las correspondientes denuncias por delito fiscal. En este sentido, los técnicos del ministerio de Hacienda (GESTHA) emitieron un comunicado el pasado 12 de julio en el que manifiestan que las conversaciones que han sido publicadas tienen la entidad suficiente para que la AEAT les presté la máxima atención y las verifique”. El mismo 7 de septiembre de 2018, el juez De Egea dictó el auto de sobreseimiento provisional. Y lo argumento así: “Practicado el estudio del presente procedimiento y del resultado de las diligencias de instrucción, no existen indicios racionales de haberse perpetrado los delitos objeto de imputación [descubrimiento y revelación de secreto, cohecho] por parte del investigado José Manuel Villarejo”. Entre los argumentos para archivar, el juez se refirió a la respuesta de la Agencia Tributaria. “Igualmente destacar la contestación remitida por la Unidad Antifraude de la Agencia Tributaria de 4 de septiembre”.

Las grabaciones en las que Larsen habla de cuentas del rey emérito en Suiza llevaron al primer fiscal de Ginebra, Yves Bertosa, a abrir una causa por supuesto blanqueo de capitales. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción inició, a finales de 2018, la anunciada investigación de cohecho en las transacciones internacionales.

Pero la Agencia Tributaria no encontró motivos para iniciar una inspección fiscal al rey emérito aun cuando Anticorrupción solicitó a Suiza información sobre su relación con la fundación Lucum, donde recibió en 2008 los 100 millones de dólares, ni tampoco cuando el Sepblac (Unidad de Inteligencia Financiera) advirtió a los fiscales sobre el uso de fondos ajenos a través de tarjetas de crédito opacas por parte de Juan Carlos I.

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