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Juan Carlos I quiere regularizar más de 500.000 euros de ingresos opacos

La investigación inicial halló indicios de delito fiscal en dos de los tres ejercicios analizados

El rey emérito en el 40º aniversario de la Constitución en el Congreso el 6 de diciembre de 2018.
El rey emérito en el 40º aniversario de la Constitución en el Congreso el 6 de diciembre de 2018.Europa Press

El equipo jurídico de Juan Carlos I se reunió con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal de los fondos ajenos que supuestamente usó el rey emérito entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad dado que abdicó en 2014. La investigación inicial de los ingresos no declarados por Juan Carlos I acreditó, según señalan fuentes jurídicas, que los gastos realizados a cuenta de un empresario mexicano superaban los 500.000 euros en tres ejercicios. Al menos en dos de ellos, los ingresos opacos supondrían un delito fiscal.

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Parte del dinero utilizado por el rey emérito durante los años 2016, 2017 y 2018 para gastos de hoteles, viajes, restaurantes y otros procedía de cuentas de su amigo Allen Sanginés-Krause, empresario mexicano. El rey emérito pudo disponer de esos fondos a través de una persona que intervino como supuesto testaferro, el coronel del Ejército del Aire Nicolas Murga Mendoza, colaborador de Juan Carlos I, según la investigación abierta por Anticorrupción. La Fiscalía interrogó a Sanginés-Krause y a Murga Mendoza para conocer los detalles de estos gastos.

Antes de que la investigación fuera trasladada al Supremo, los fiscales llegaron a sumar algo más de 500.000 euros, en tres ejercicios, en gastos acreditados de Juan Carlos I y otros miembros su familia (entre los que no están los Reyes actuales), según fuentes jurídicas. Esa cantidad puede aumentar a medida que avancen las pesquisas, añaden estas fuentes.

Al menos en dos de esos tres ejercicios, la suma de los fondos del empresario mexicano que utilizó Juan Carlos I sin declararlos supuestamente a Hacienda supondría un fraude (por no haber pagado los impuestos correspondientes a esos ingresos) superior a 120.000 euros, límite para considerarlo delito fiscal.

Los movimientos del rey emérito para intentar regularizar ahora esos ingresos opacos tienen que ver con la amenaza que pesa sobre el ex jefe del Estado si la Fiscalía concluye su investigación y presenta una querella contra él por delito fiscal.

La ley establece que quedará exento de responsabilidad penal quien regularice su situación tributaria antes de que la administración tributaria o de justicia notifiquen al interesado que han abierto actuaciones para comprobar las deudas que mantiene con el fisco.

Hasta ahora, ni la Agencia Tributaria ha abierto expediente ni la Fiscalía ha presentado una querella contra el rey emérito, por lo que todavía puede acogerse al artículo 305.4 del Código Penal. Para hacer la regularización deberá pagar al menos un 70% de los ingresos no declarados (unos 350.000 euros si lo defraudado es algo más de medio millón, como acreditó la investigación en sus inicios).

De las tres causas abiertas y que investigan los fiscales del Supremo, sólo la referida al uso del dinero del empresario mexicano preocupa al equipo jurídico del ex jefe del Estado. De las otras dos causas, la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a La Meca afecta a hechos que ocurrieron antes de 2014, cuando don Juan Carlos todavía gozaba de inviolabilidad, por lo que está previsto que la Fiscalía archive el procedimiento. La otra causa, relativa a supuestas sociedades en paraísos fiscales, preocupa aún menos porque el entorno del rey emérito niega tajantemente que sea cierta.

Las cantidades que intenta regularizar ahora Juan Carlos I para salvarse de una posible imputación penal son ínfimas en relación con el dinero que ha tenido oculto en Suiza durante años.

El rey emérito recibió en 2008 un regalo de Abdalá Bin Abdelaziz, entonces rey de Arabia Saudí, de 100 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de entonces), según certifican los documentos requisados por la justicia suiza en el despacho de Arturo Fasana, el administrador de la fortuna de Juan Carlos I.

Juan Carlos I acabó vaciando en junio de 2012 la cuenta que abrió en el Banco Mirabaud, cuando decidió donar todo el dinero a su examante Corinna Larsen. Nunca declaró a la Hacienda española el regalo recibido del rey de Arabia Saudí. Si lo hubiera hecho, habría tenido que pagar decenas de millones de euros al fisco. Cuando ocurrieron estos últimos hechos, Juan Carlos I era rey e inimputable.

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