El rey Juan Carlos presenta una propuesta para una regularización fiscal

Cuatro meses después de su marcha de España a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), el rey emérito, Juan Carlos I, ha iniciado el trámite para presentar una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal. Sus abogados han trasladado al Gobierno un escrito, remitido a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco, que aún está siendo analizado por Hacienda, que debe responder en los próximos días si acepta la regularización o solicita aclaraciones y cuál es el importe a pagar.

Según fuentes conocedoras del caso, la declaración no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

La presentación de una declaración voluntaria para regularizar su situación con Hacienda está sobre la mesa desde que la examante del rey emérito, Corinna Larsen, declaró que Juan Carlos I le había regalado 65 millones de euros procedentes de una donación que le hizo el rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdelaziz.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, la declaración voluntaria que prepara el abogado de don Juan Carlos ante la Agencia Tributaria no se refiere a los bienes que su cliente pueda tener en el extranjero, sino al uso de tarjetas opacas por parte de la familia real.

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el supuesto uso por parte del rey emérito y de varios de sus parientes —entre los que no se encontrarían los reyes Felipe y Letizia— de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular. El dinero pertenecía a su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que presuntamente lo puso a disposición de don Juan Carlos sin que este lo declarara a Hacienda ni tampoco mediase donación.

El uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando el rey emérito ya había abdicado y perdido la inviolabilidad. El importe defraudado superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

Ximo Puig, sobre el rey emérito: "Cualquier ciudadano tiene que cumplir con Hacienda"

La Fiscalía ya ha interrogado al empresario mexicano amigo del rey emérito y al coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza, que fue su ayudante de campo durante una década, desde 2007 a 2017, y que disponía de las tarjetas para pagar regalos y gastos personales de Juan Carlos I y sus familiares.

En función del momento en el que se presente la declaración voluntaria, los efectos serían distintos. Hasta el pasado septiembre, el último ejercicio fiscal no prescrito era 2015. De haberla presentado antes de esa fecha, Juan Carlos I podría haber hecho la declaración complementaria de ese ejercicio, que fue precisamente el primero en el que ya no gozaba de inviolabilidad como jefe de Estado.

Con su iniciativa ante Hacienda, el abogado del rey emérito intenta neutralizar la investigación abierta sobre este asunto en la Fiscalía del Supremo. La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales, lo que supuestamente no había ocurrido todavía, aunque el fiscal anticorrupción llevaba investigando desde 2019.

Hacienda está analizando aún la documentación presentanda por Sánchez-Junco y debe decidir en los próximos días si reclama más información. Si el abogado del rey emérito lograra desactivar el caso de las tarjetas con el pago de una multa, daría un paso muy importante en el camino de despejar la maraña de investigaciones abiertas a su cliente en la Fiscalía del Supremo.

Feijóo, sobre la regularización fiscal de Juan Carlos I: "Me parece bien"

Sánchez-Junco espera que la Fiscalía acabe archivando la investigación abierta por el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca, ya que los hechos se remontan a 2012, cuando Juan Carlos I gozaba de inviolabilidad, aunque se da por hecho que el escrito que ponga fin al caso contendrá duras recriminaciones hacia su conducta.

Respecto a la tercera de las investigaciones, la supuesta existencia de sociedades radicadas en el paraíso fiscal de Jersey y vinculadas a Juan Carlos I, según un informe del Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía (Sepblac), este ha asegurado a cuantas personas le han preguntado por este caso que debe tratarse de un error, pues asegura no tener ninguna sociedad en esa isla del canal de la Mancha.

El retorno de Juan Carlos I está pendiente de que el fiscal Juan Ignacio Campos —favorito para convertirse en teniente fiscal del Supremo— archive las tres investigaciones o presente la correspondiente querella.

El rey emérito lleva cuatro meses en el Golfo, como huésped del jeque Mohamed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dabi y gobernante de hecho de Emiratos, y hasta ahora solo se conoce que haya recibido la visita de una de sus hijas, la infanta Elena. Ni siquiera se ha despejado la incógnita de si volverá temporalmente a España para pasar las fiestas de Navidad con su familia. En una reciente entrevista con EL PAÍS, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistía en que el rey emérito no tiene ninguna causa abierta, por lo que puede volver cuando quiera y, “si se produjera un llamamiento, no tardaría en absoluto en venir”.

La declaración sobre los fondos de las tarjetas opacas deja pendiente la regularización de los posibles bienes y derechos que Juan Carlos I posea en el extranjero, al margen de los 65 millones transferidos a Corinna Larsen. Para regularizarlos, debería presentar una declaración modelo 720, según expertos fiscales.

El precio de la regularización no sería barato, ya que el tipo a pagar rondaría el 50% del valor de los bienes y derechos. A esta cifra habría que sumar un recargo del 20% por declaración extemporánea y los intereses de demora, además de una sanción testimonial (unos 1.500 euros). Es decir, para regularizar su patrimonio en el extranjero debería pagar a Hacienda la mayor parte de su valor. No obstante, esta vía, que diseñó el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, en 2012, está pendiente del fallo del Tribunal de Justicia de la UE.