La maraña judicial del ‘caso Malaya’ sigue enredada

Durante sus 15 años, entre 1991 y 2006, Juan Antonio Roca convirtió el urbanismo de Marbella (Málaga, 143.000 habitantes) en su cortijo. Sus negocios ilegales en la gestión del suelo de la ciudad le granjearon una descomunal fortuna, y muchos a su alrededor, desde los concejales del extinto partido de Jesús Gil a grandes promotores inmobiliarios, se lucraron con los llamados convenios urbanísticos. Aquella burbuja corrupta que creció a la luz del día explotó en marzo de 2006 con la Operación Malaya, la mayor macrocausa de corrupción municipal de la historia de España y que fue el preludio de otros grandes sumarios que vinieron después y que siguen marcando la vida política.

Roca obtuvo la libertad condicional por Malaya en febrero de 2019 tras doce años entre rejas. Otro gran protagonista de aquella etapa, el exalcalde Julián Muñoz, tras varias entradas y salidas de la cárcel de Alhaurín de la Torre, consiguió permiso para cumplir su condena en casa en noviembre de 2018. Sin embargo, ambos, junto con otros políticos y empresarios que firmaron aquellos convenios que saquearon el patrimonio de suelo de Marbella, siguen acudiendo periódicamente ante el juez. La última vez, esta misma mañana. El problema es que casi nadie sabe con exactitud cuántas causas les quedan pendientes.

“Es muy difícil, por no decir imposible” responden en la Fiscalía de Málaga. De manera similar contestan desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No saben a ciencia cierta el número, la única certeza es que aún hay varios temas por juzgar. “Quedan muchas todavía”, asegura uno de los abogados que representa a uno de los acusados y que cifra en al menos “unas 50” las que aún hay abiertas relacionadas con las irregularidades en el urbanismo marbellí, que dejaron a la ciudad con una gran carencia de equipamientos públicos y un caos urbanístico.

Fuentes de la Fiscalía explican que la maraña judicial alrededor de Roca, Muñoz y otros concejales y empresarios imputados se debe a que las causas provocadas por los desmanes urbanísticos de Marbella salieron por tandas. Varias las tramita la Audiencia Nacional, como las derivadas de los casos Saqueo I y II. Otras pertenecen a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y algunas más las llevan los juzgados de Marbella. “Así es complicado saber exactamente cuántas sentencias y cuántos casos abiertos quedan”, explican fuentes fiscales. Algunos abogados tampoco lo saben, en ocasiones porque no llevan con sus clientes desde el inicio del proceso. Incluso no les queda claro a qué parte de la investigación se refiere la que sienta a sus defendidos en el banquillo. Son tantas las licencias y los convenios urbanísticos investigados, los informes del Tribunal de Cuentas o las piezas separadas de Malaya que no recuerdan los nombres exactos de cada causa.

Sobre los procedimientos relacionados con el urbanismo marbellí sobrevuela la idea de un acuerdo que corte el goteo de causas. Es una opción que baraja desde hace muchos años la Fiscalía Anticorrupción y que, además, está permitida por la ley. Según fuentes del Ministerio Fiscal, cuando hay acumulación de condenas sobre unos hechos de la misma época —como ocurre en Marbella — se pueden unificar aplicando el triple de años a la más grave de las penas. Para ello, eso sí, deberían estar de acuerdo todas las partes: la propia Fiscalía, los acusados y las acusaciones particulares, además del propio Ayuntamiento de Marbella en el caso que haya responsabilidad civil. La responsabilidad penal, en algunos casos, ya ha prescrito. Mientras, Marbella apenas ha recibido el dinero perdido en la trama de corrupción, salvo los ingresados por las ventas de algunos bienes de Roca o algunos pagos realizados por el ex asesor de urbanismo obligado por distintas condenas.

Una de esas causas pendientes ha llevado esta misma mañana a Juan Antonio Roca y Julián Muñoz y una decena de exconcejales, responsables del Ayuntamiento de Marbella y empresarios a la Audiencia Provincial de Málaga como acusados por diversos delitos relacionados irregularidades en la ordenación del territorio. Roca y Muñoz han reconocido haber cometido fraude y prevaricación en varias operaciones urbanísticas y se han conformado con las peticiones de la Fiscalía anticorrupción, con penas que oscilan entre los seis y los doce meses de prisión y 10 años de inhabilitación. En sus conclusiones provisionales, el ministerio público ha insistido en que Roca ejercía un “urbanismo a la carta” y negociaba con empresarios “que estuviesen dispuestos a abonar la pertinente contrapartida”. Mientras, Muñoz se limitaba a ratificar con su firma dichos acuerdos aún a sabiendas de que eran ilegales. El exalcalde de Marbella llegó a decir que firmaba documentos “hasta en el capó del coche” para defender que desconocía su contenido.

Roca ha acudido presencialmente a la Ciudad de la Justicia, mientras que Muñoz ha declarado por videoconferencia debido a su estado de salud. Es población de riesgo y prefiere evitar cualquier incidencia al salir a la calle. Ninguno, eso sí, volverá a la cárcel de momento. En la trayectoria de Roca hay media docena de condenas firmes y acumulaba más de 27 años de prisión, pero el tribunal que ejecuta la sentencia de Malaya hizo una “refundición” de penas fijando en 20 años su máxima estancia en la cárcel. En febrero del año pasado, una vez había cumplido tres cuartas partes de su condena —ingresó en prisión en la primavera de 2006— y tras su buen comportamiento y su voluntariado en Cáritas, salió en libertad condicional.

Según fuentes penitenciarias, también Julián Muñoz está lejos de la prisión de Alhaurín de la Torre, después de que la Audiencia Nacional le permitiera en octubre de 2018 cumplir su pena en régimen de tercer grado bajo control telemático y dependiendo del Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras. Ese permiso le fue concedido por Instituciones Penitenciarias desde principios de 2017, pero un año después se le revocó tras ser sorprendido bailando sevillanas en un bar.