El fallo del ‘caso Malaya’ sentencia una era de corrupción en Marbella

La Audiencia Provincial de Málaga notifica este viernes los más de 4.000 folios que sentencian el caso Malaya, la mayor trama de corrupción municipal destapada en España. Parte del fallo se leerá públicamente ante los 84 procesados (dos personas han fallecido desde el inicio de la vista oral y Anticorrupción retiró los cargos contra nueve imputados), que se enfrentan en conjunto a cerca de 490 años de cárcel y a multas por 3.800 millones de euros. Es posiblemente el proceso más voluminoso de la historia judicial española, y aunque no se trata del gran juicio al expolio de las arcas de Marbella, examinado en sendos sumarios en la Audiencia Nacional, ha profundizado en un aspecto tan vital de la corrupción como el enriquecimiento ilícito de quienes se dedican a la actividad pública a través de sobornos. Continuados en el tiempo y como hábito en la Administración local, según la fiscalía. Este viernes se conocerá el veredicto a la política y al urbanismo a la carta del GIL.

Los 84 acusados se enfrentan a multas de 3.800 millones y a 490 años de cárcel

Destapado en marzo de 2006, el caso Malaya fue pionero en la detención de concejales de una gran ciudad. El escándalo fue de tal magnitud que derivó en la disolución de la corporación municipal. Entre septiembre de 2010 y julio de 2012, a lo largo de 22 meses y 199 sesiones, se juzgó a una veintena de exediles (incluidos los exalcaldes Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones), a otros tantos empresarios (entre ellos, algunos de los promotores más reconocidos de Andalucía), a testaferros y abogados, joyeros, marchantes de arte y empleados de banca. Y en la cúspide de la red corrupta se situaría Juan Antonio Roca, un hombre que llegó a Marbella de la mano de Jesús Gil a principios de la década de los 90.

Discreto, huidizo y autoritario, el exgerente de Urbanismo de Marbella, en prisión desde que fue arrestado, estuvo siempre en la sombra hasta que el juez Miguel Ángel Torres lo señaló como la persona que ostentaba todo el poder en el Ayuntamiento. La fiscalía lo acusa directamente de crear “una organización criminal” para enriquecerse con el dinero público y de amasar una fortuna ilícita de 200 millones de euros gracias a las mordidas de convenios urbanísticos y contratos amañados.

Los empresarios pagaban y Roca recaudaba y repartía entre los concejales para obtener resoluciones administrativas favorables a quienes consentían el soborno. Y él se habría quedado con la mayor parte del dinero, supuestamente blanqueado a través de una tupida red de testaferros con tentáculos por todo el país. A todo esto se dará respuesta en la sentencia de Malaya, que tiene como principal prueba de cargo la contabilidad B con las anotaciones de las supuestas entregas de fondos intervenida durante la instrucción.

El presidente del tribunal reconoce lo “complicado” que ha sido el dictamen

Ha sido un juicio difícil de barajar dividido en bloques para facilitar su manejo. Por un lado se enjuició el presunto blanqueo de capitales y, por otro, los cohechos. Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de cárcel y a una multa de 810 millones de euros, ha pasado en este tiempo de no reconocer nada a admitirlo casi todo, aunque con matices y precisando siempre que se movió dentro de la legalidad. Se presentó ante el tribunal como un avispado hombre de negocios, con un importante patrimonio antes de recalar en Marbella, y tan audaz que fue capaz de multiplicar su fortuna con los años.

El juicio dio un giro tras el pacto que la fiscalía cerró con el empresario Ismael Pérez Peña. El hombre que alquilaba los coches al Ayuntamiento de Marbella y tenía la concesión de la grúa reconoció haber pagado sobornos a Roca y Marisol Yagüe. Su testimonio obligó a cambiar la estrategia de defensa de Roca, que a partir de ese momento reconoció haber dado “gratificaciones” a los portavoces de los grupos municipales, aunque solo con el ánimo de sustentar el tripartito que encabezaba Yagüe. Solo excluyó de estos pagos a Julián Muñoz, que se expone a 10 años de cárcel. Los concejales negaron los cohechos.

El propio presidente del tribunal, José Godino, ha comentado lo “complicado” que ha sido dictar sentencia en un caso de estas características. Alrededor de 300 profesionales de medios de comunicación están acreditados para seguir la lectura del fallo que sentenciará la política del GIL en Marbella.