Roca, la confesión del gran corruptor

Han tenido que transcurrir 104 jornadas de juicio del caso Malaya para que Juan Antonio Roca dé su brazo a torcer. En una declaración trascendental, el cerebro de la corrupción en Marbella (Málaga) admitió ayer que recibió dinero -hasta 33,3 millones de euros- de empresarios con intereses en la localidad. También admitió que de su bolsillo salieron no menos de tres millones de euros en sobres de dinero negro que fueron a parar a los concejales del equipo de gobierno marbellí tras la moción de censura que desbancó en agosto de 2003 al entonces alcalde Julián Muñoz. Roca, además, reconoció expresamente como suya la contabilidad secreta hallada en su despacho particular de la sociedad Maras Asesores: "En su inmensa mayoría esos apuntes son ciertos", afirmó. Esta confesión deja en una posición muy difícil a las defensas de los 91 procesados en el macrojuicio que todavía no han alcanzado un acuerdo de conformidad con el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.

El cerebro del 'caso Malaya' busca que se le aplique un tipo más leve de cohecho

La fiscalía y la defensa de Roca niegan cualquier clase de pacto

El espectacular testimonio de Roca, que lleva privado de libertad desde su detención el 29 de marzo de 2006, debe no obstante matizarse. El exasesor urbanístico tuvo ayer buen cuidado de no vincular los cobros a los empresarios y los pagos a los ediles a la concesión de licencias o actos administrativos ilegales. Roca admitió que tres empresarios -el fallecido Emilio Rodríguez Bugallo, de Construcciones Salamanca; Francisco García Lebrón, de Aifos; y Fidel San Román- le abonaron en torno a 3,5 millones de euros por su labor de "asesoramiento" en la compra de terrenos en Marbella y su posterior desarrollo urbanístico. En cuanto al resto de empresarios supuestamente pagadores -un total de 16-, Roca afirmó que los ingresos reflejados en la contabilidad secreta de Maras obedecen a sus "negocios privados" con estos promotores.

Roca afirmó que la asesoría a los tres empresarios no se concretó en licencias ni en beneficios para sus contratadores. "En el caso de Fidel San Román, el asesoramiento que le di fue nefasto, fatal. Me pagó un millón de euros a mí y otros cuatro al Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no aprobó la licencia. Ahora tiene un papel precioso, pero nada más", ironizó Roca.

En el caso de los sobres con dinero negro abonados a los concejales marbellíes, Roca los calificó de "gratificaciones". El objeto de estos pagos era mantener engrasada la fidelidad de los ediles al proyecto gilista tras la moción de censura de 2003. "Gratificaba a los concejales para que permanecieron unidos hasta el final del mandato, para que no hubiera tránsfugas y no abandonaran la disciplina", aseguró.

Los sobornos a los concejales, explicó, iban en función de la jerarquía de estos en el equipo de gobierno. Así, el dinero que cobraban los tenientes de alcalde y los portavoces de los grupos municipales era el doble del que percibían los concejales rasos. Roca también aseguró que los perceptores de sus sobres eran los portavoces de los grupos del tripartito que derrocó a Julián Muñoz tras la moción de censura: la exalcaldesa Marisol Yagüe, del Grupo Independiente Liberal (GIL), la exsocialista Isabel García Marcos y el exandalucista Carlos Fernández, prófugo de la justicia.

Una por una, Roca fue poniendo nombre a las iniciales de los concejales que aparecían en su contabilidad asociados a los sobornos. El exasesor reconoció haber sufragado una operación de cirugía estética de la exalcaldesa Marisol Yagüe en 2005: "Fue un préstamo que luego le desconté de su gratificación", dijo.

Sin embargo, Roca rechazó que los pagos a los ediles fueran recompensas a acuerdos concretos del equipo de gobierno o a actos tanto legales como ilegales que le beneficiaran, como sostiene el fiscal, Juan Carlos López Caballero. Según fuentes judiciales, Roca trata de evitar una condena por cohecho para acto ilícito, que implica cárcel, y busca que sus pagos se consideren cohecho impropio, es decir en función de su cargo sin contraprestación alguna. Este tipo de soborno más leve, por el que está acusado el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, solo acarrea multa.

Fuentes de la defensa de Roca como de la fiscalía afirmaron que la declaración del exasesor "no forma parte de ningún tipo de acuerdo entre las partes", y que obedece a una "reflexión de meses" del cerebro de la trama.

La jornada de ayer se inició con un nuevo acuerdo de conformidad. El empresario Eusebio Sierra admitió haber pagado 60.000 euros "a requerimiento de Roca" a cambio de que el exasesor le agilizara el reconocimiento de una deuda que el Ayuntamiento mantenía con su empresa, Proincosta. A cambio, Sierra ve reducida su pena a seis meses de prisión y 48.600 euros de multa cuando el fiscal le reclamaba dos años de cárcel y 120.000 euros.